Hay consenso sobre los efectos negativos de los derechos de exportación en la economía, aunque los proyectos de ley enfrentan obstáculos fiscales
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La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación ha iniciado el debate sobre varios proyectos que buscan la eliminación de los derechos de exportación (DEX) a los productos agroexportables. Mientras tanto, la muy buena noticia de la salida del cepo, vino acompañada, posiblemente, de una frase desafortunada presidencial: “Porque dijimos que eran transitorias, así que avísenle al campo que si tiene que liquidar, que liquide ahora porque vuelven en junio”. Antes de analizar estos temas, es crucial revisar lo que la comunidad científica ha investigado sobre el impacto de estos impuestos distorsivos.
Un estudio de Fulginiti y Perrin (1987), que abarca el período 1940-1980, advierte que los impuestos a la exportación, las restricciones a la importación y los impuestos internos redujeron la producción agrícola general en un significativo 25% a 30%. Este estudio también comparó estos datos con períodos anteriores, revelando que las tasas de crecimiento de la agricultura argentina eran más altas antes de este período, e incluso el sector agrícola estadounidense mostraba una expansión más rápida durante esos años.
En un trabajo posterior de 1990, los mismos autores concluyeron que la productividad total de los factores (PTF), que mide la eficiencia, habría disminuido en un 4,8% anual. Además, analizaron la elasticidad de la oferta o cómo responden los diferentes cultivos a los cambios de precios. La mayoría de los productos tienen una alta elasticidad, lo que indica que los agricultores están dispuestos a aumentar significativamente la producción cuando los precios son favorables.
Otros estudios sugieren que la eliminación de los DEX podría aumentar el PIB entre un 2,8% y un 6%, según cálculos de Nogues y Porto (2007).
Lema y otros investigadores estudiaron el período 2007-2016, analizando productos agrícolas clave en Argentina como trigo, maíz, soja, carne y lácteos, que representan el 85% de las exportaciones. Sus hallazgos revelaron que, en Argentina, el EAP total (un método de la OCDE para medir la asistencia del Estado) fue sistemáticamente negativo, con un promedio de alrededor de 12.000 millones de dólares al año.
Este apoyo negativo implica que las políticas gubernamentales estaban desviando dinero y recursos de los productores agrícolas hacia otros sectores de la economía. Los autores estimaron que la eliminación de los impuestos a la exportación podría generar aumentos significativos en la producción: un 15% para la carne, un 30% para el trigo y el maíz, y casi un 100% para la soja.
A estos estudios se suman las investigaciones de Cavallo (1982), Bisang (2022), Castro (2008) y Giovanni (2013), entre otros, que coinciden en señalar las problemáticas causadas por los DEX y su impacto negativo en el crecimiento económico de Argentina.
Estos trabajos demuestran que los productores se mueven por incentivos de precios y expectativas. Si se demostró que los precios tienen una alta elasticidad-oferta, lo mejor que puede hacer el Gobierno es mantener una expectativa de baja de las retenciones, para que se aumenten las inversiones agrícolas.

Por otra parte, el productor vende durante todo el año, no tiene capacidad para guardar varios años de producción, el gráfico anterior muestra que los stocks promedios de los últimos 5 años son similares al presente, entendiendo que hay rotación de mercadería.
En el contexto del debate en la Comisión de Agricultura se suma la postura unánime de las organizaciones del agro: las retenciones deben eliminarse de forma permanente. Se destaca el aporte de instituciones como FADA, que estima un posible crecimiento del 56% en la producción de granos al eliminar el impuesto. Asimismo, un estudio de CREA evidencia la inviabilidad de producir en el NOA bajo el esquema actual de retenciones.
Los diputados han coincidido en que los DEX son inconstitucionales, han sido utilizados por todos los gobiernos, han atentado contra el crecimiento de la producción y la economía, y es necesaria su reducción sin afectar el déficit fiscal.
Los proyectos
- 1271-D-24 (Aguirre, Manuel Ignacio): Elimina DEX de trigo y obliga a un pago retroactivo para el año 2024, implementa un certificado fiscal y elimina el impuesto para el resto de los productos en tres años.
- 6875-D-24 (Agost Carreño y otros): Implementación de certificado fiscal, eliminación DEX en 5 años.
- 7350-D-24 (Laspina y otros): Reducción de todos los productos a una tasa del 0,35% mensual; propone un subsidio a las industrias de procesamiento de oleaginosas del 2%; deroga el artículo 755 del Código Aduanero (que permite al Poder Ejecutivo Nacional gravar con derechos de exportación a la mercadería que no lo esté).
- 7560-D-24 (Mirabella): Reduce de una vez todos los DEX. Elimina el art. 755.
- 7660-D-24 (López y otros): Reducción quinquenal.
- 7692-D-24 (Quetglas): Fija las tasas aplicadas hasta el momento, manteniendo en 0% las aplicadas a economías regionales.
Se han identificado inconvenientes en las propuestas: varios diputados proponen un crédito/certificado fiscal, lo que revela un desconocimiento sobre el mercado interno. Por ejemplo, el 30% del maíz no se exporta, al igual que muchos otros productos, por lo que surge la duda de cómo el productor recibiría un bono fiscal.
- El pago retroactivo generaría un hueco fiscal, inviable.
- Los subsidios a industrias no son coherentes con la propuesta de mayor competencia e incentivos positivos.
- La reducción de una unidad fija del 0,35% por mes para todos los cultivos podría generar preferencias entre ellos, impactando en la matriz productiva.
- Sin embargo, también existen aspectos positivos y denominadores comunes:
- Eliminación del art. 755 del Código Aduanero.
- Reducción gradual (20% por año) de los DEX, lo que aporta previsibilidad y distribuye el impacto fiscal entre el gobierno actual y el próximo.
- La propuesta de Quetglas se destaca al fijar las alícuotas vigentes evitando la posibilidad de futuros aumentos de impuestos y afirmando lo que el gobierno actual ha implementado.
Todas las propuestas no presentan una solución al siguiente problema: según estudios como el de Nogues-Porto (2007) y el presentado por FADA, la eliminación total de las retenciones implicaría una disminución de aproximadamente 4500 millones de dólares en los recursos del Estado nacional. Este monto se transfiere a las provincias de manera directa (Ingresos Brutos, mayor movimiento económico) e indirecta (coparticipación por Ganancias e IVA).

Hay que subsanar este desequilibrio entre Nación/provincias, temporariamente las provincias deberán compartir el esfuerzo con el estado nacional, mientras se trabaje en una nueva ley tributaria federal. Además las provincias deberían aprovechar el mayor crecimiento de su producto bruto geográfico para reducir los costos a los privados, disminuyendo impuestos distorsivos como las tasas municipales e Ingresos Brutos.
Recordemos lo que Javier Milei y su equipo ya lograron: estabilizar moneda y precios relativos, baja del costo de insumos, al crédito, eliminación de retenciones en economías regionales, baja de DEX en el resto de los productos agrícolas, eliminación del impuesto país, eliminación del cepo y del dólar “blend”, entre otras cosas.
Aprovechando el impulso del actual gobierno, es posible lograr un cambio en la estructura impositiva del país para fomentar un crecimiento genuino basado en el potencial productivo argentino.
Más allá de los debates coyunturales, la eliminación de las retenciones debe enmarcarse en una visión de largo plazo para el desarrollo del sector agropecuario argentino.
Se trata de construir un modelo productivo sostenible, inclusivo y competitivo, que genere riqueza, empleo y bienestar para las generaciones futuras. Para lograrlo, es esencial eliminar las trabas que limitan el crecimiento, como los DEX, y promover un marco normativo claro y estable que incentive la inversión y la innovación.
El autor es diputado nacional (Liga del Interior ELI)
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