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Salir de la zona de confort para que la producción abra un círculo virtuoso
Mientras se complica la campaña agrícola, el Gobierno se aferra a su decisión de no bajar los Derechos de Exportación (DEX)
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LA NACIONCristian Mira
La campaña agrícola 2024/25 comenzó a complicarse más de lo imaginado. La falta de lluvias en la zona núcleo desde diciembre pasado provocó un serio daño al maíz sembrado en septiembre y a las soja de primera cuando parecía que el clima iba a tener un comportamiento relativamente benigno, en comparación con años anteriores, especialmente con la campaña 2022/23.
El fantasma de la Niña volvió a corporizarse aunque para este fin de semana se pronosticaban lluvias en la zona núcleo, la más afectada por la escasez de agua.
En ese contexto, el partido de la campaña todavía tiene tiempo para jugar en materia de mercados. En la semana hubo una sorpresa, en principio favorable, por el informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) que redujo los stocks de maíz y corrigió los datos de soja. En un escenario de volatilidad, el dato del USDA provocó una reacción alcista en los precios que con el correr de los días se moderó.
No obstante, explican los especialistas, la mayoría de los factores de mercado se presenta con una tendencia a la baja. Las excepciones se presentan por la falta de lluvias, justamente, en la Argentina y en parte de Brasil.
El otro hito que podría representar un cambio en esa tendencia es la asunción de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Los expertos auguran que vendrá un nuevo ciclo de dólar fuerte y preanuncian una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Sin embargo, no descartan algún cambio en la política de biocombustibles del nuevo mandatario norteamericano que podría alentar una mayor demanda de soja y maíz a nivel global.
Más allá de las consideraciones propias de la volatilidad de los mercados que siempre existen respecto del clima y los vaivenes de precios, el desafío mayor se presenta con las decisiones que adoptará o no el gobierno argentino. Hasta el momento, el gobierno de Javier Milei sigue con puntillosidad su programa económico de combatir la inflación, terminar con el déficit fiscal y sentar las bases de una economía competitiva basada en la libertad de mercados con el respeto a la propiedad privada. Sin embargo, en ese proceso todavía no logró cumplir con su promesa de terminar con los impuestos distorsivos que afectan a la producción. Para el agro son los Derechos de Exportación (DEX).
En ese contexto de caída de precios y pérdida de poder adquisitivo, los productores comenzaron a advertir con mayor frecuencia sobre la necesidad de corregir la distorsión tributaria. La cuenta es muy simple y se ha repetido hasta el cansancio, pero parece que todavía no fue comprendida por las autoridades económicas y el establishment general que cree que al campo siempre se le puede sacar un poco más. De cada tres camiones con soja que lleva un productor al puerto uno se lo queda el Estado. Si esto provocaba indignación durante los 16 años del gobierno kirchnerista no se comprende por qué ahora debe ser aceptado alegremente. Por supuesto, son los propios productores los que entienden que la situación ha cambiado y que la perspectiva de futuro es diferente ahora. Creen que puede haber un horizonte mejor, pero el Estado se sigue llevando la plata de los productores. Es difícil entenderlo de otra forma.
Tras las repeticiones de reclamos por parte de los productores, la Mesa de Enlace recogió el guante y se volvió a reunir en forma presencial, más allá de los os y conversaciones individuales. Por ese motivo, solicitaron una audiencia con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. Está claro que ambos funcionarios ya están informados sobre los números de esta campaña agrícola que, de mantenerse los valores actuales, llevará a la mayoría de los productores a un escenario de quebranto.
Más allá de la coyuntura de la campaña agrícola actual, la discusión podría centrarse en lo que podría pasar con los ingresos fiscales si se eliminan los DEX: habría un incentivo a la producción, se generaría mayor producción y actividad económica que, a su vez, debe pagar más impuestos, pero genuinos no distorsivos. Los funcionarios pueden hacer esta cuenta si están dispuestos a salir de su zona de confort diseñada por la facilidad que tiene recaudar los DEX a los granos: no más de 15 empresas que le aseguran el pago de entre 8000 y 9000 millones de dólares al año. Si Milei ha demostrado audacia para reformar la economía, aquí tiene otra oportunidad para ejercerla.
Por Cristian Mira
