El Gobierno anunció un convenio de intercambio de información entre provincias, con una advertencia a Kicillof
Desde ARCA apuntaron que quienes que no adhieran al régimen “perderán el a los datos de facturación de personas o empresas, y a la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados”
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LA NACION
En el marco de la disputa entre el gobierno nacional y Axel Kicillof, la Agencia de Recaudación y Control Financiero (ARCA) anunció un nuevo convenio de intercambio de información con las provincias, en consonancia con el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos para volcar en el mercado los “dólares bajo el colchón”. Además, lanzó una advertencia contra la gobernación bonaerense, que consideró que régimen fiscal “carece de seguridad jurídica”.
“ARCA convocará a cada una de las provincias a la firma de un nuevo convenio de intercambio de información. El objetivo es garantizar las condiciones establecidas en el nuevo régimen simplificado de ganancias, preservando la información de los consumos persónales como así también el incremento patrimonial de los ciudadanos en cada una de las 24 jurisdicciones”, informó el Poder Ejecutivo.
En este marco advirtió que las provincias que no adhieran al régimen “perderán el a la información de facturación de personas o empresas, y a la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA”.
Desde el Gobierno señalaron que el objetivo central es “devolverle a los argentinos la libertad de usar su dinero como quieran” y explicó que, por tal motivo, se convoca a los gobernadores a ser parte. “Es una nueva era, donde los ciudadanos son inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario”, cerraron.
Durante la tarde del lunes, desde la provincia de Buenos Aires aseguraron que, en el marco del nuevo régimen fiscal establecido por el Gobierno, seguirán fiscalizando y argumentaron que no hubo cambios legales o normativos reales que afecten a los contribuyentes y sus responsabilidades impositivas.
Cristian Girard, titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), expresó: “No hay modificaciones concretas en términos normativos. Las medidas difundidas hasta el momento carecen de seguridad jurídica y parecen más una promesa electoral que una política tributaria efectiva y un manotazo de ahogado porque no logran acumular reservas en el marco de la liquidación de la cosecha gruesa”.
Además, continuó: “Se lo presenta como una reparación para ahorristas, pero en realidad es un mecanismo de blanqueo encubierto que habilita la legalización de flujos de fondos no declarados. No apunta a ahorros acumulados, sino que apunta a que no se acumulen fondos no declarados a la espera de un futuro nuevo blanqueo. Pero la normativa vigente en materia penal tributaria y de prevención del lavado de dinero sigue intacta. Eso deja a las y los contribuyentes en un limbo legal, porque no se explicita si este anuncio tendrá efectos retroactivos ni cuáles son sus límites reales”.
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