El Pacto de Mayo, en el primer tramo de un largo y sinuoso camino
Aunque parece haber transcurrido mucho más tiempo, el Pacto de Mayo no pudo cumplir ayer su primer aniversario y coincidir con su título. Como se recordará, el retraso de las adhesiones provinciales hizo que la firma del acta por el presidente Javier Milei y 18 gobernadores (incluyendo al jefe de gobierno de la CABA) se trasladara a otra fecha patria –el 9 de Julio– en la histórica Casa de Tucumán.
Desde entonces, de las 10 cláusulas programáticas incluidas en el texto con el objetivo de “reconstituir las bases de la Argentina y reinsertar a nuestro pueblo en la senda del desarrollo y la prosperidad” (sic) fueron cumplidas de hecho las dos primeras. Ellas son: 1) “la inviolabilidad de la propiedad privada” y 2) “El equilibrio fiscal innegociable”, cuya vigencia refuerza su importancia.
En cambio, varios de los enunciados subsiguientes revisten por ahora el carácter de tales y tienen por delante un largo y sinuoso camino para transformarse en reformas de fondo. No solo porque su cumplimiento es deseable, pero no obligatorio. También, porque los gobernadores de las seis provincias que no lo refrendaron (Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, La Rioja, Santa Cruz y La Pampa) suelen enarbolar posiciones políticamente contrarias a cualquier idea reformista e instruir a sus legisladores nacionales para retacear votos en el Congreso.
En este contexto, es extraño que la mayoría de los firmantes rara vez invoquen este compromiso político-institucional y que tampoco se haya constituido el Consejo de Mayo, encargado de instrumentarlo, donde solo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue designado, como solitario presidente.
De ahí que resulte llamativo el título “El Acta de Mayo es el faro” del editorial de la revista del Ieral (Fundación Mediterránea), con la firma de su director, Osvaldo Giordano. El texto sostiene que hay un diagnóstico ampliamente compartido, dentro y fuera del Gobierno, sobre la importancia estratégica de generar un entorno más favorable a la producción. Pero advierte que, mientras desde el punto de vista de la competitividad es imperioso darle integralidad y agilidad al proceso de reformas, desde el punto de vista político se necesita un nivel de apoyo extremadamente complejo de lograr para romper las inercias.
El economista –extitular de la Anses– añade que, sin minimizar los esfuerzos y avances logrados, en general hubo hasta ahora reformas periféricas, y que las sustanciales para aumentar la productividad de la producción nacional y bajar el riesgo país siguen pendientes de instrumentación.
También considera “una estrategia riesgosa posponer la implementación del Acta de Mayo hasta después de que el oficialismo sea fortalecido en las elecciones de octubre”; no solo porque los problemas de competitividad son ahora, sino porque también pueden ser potenciados por el cambiante e incierto contexto internacional. Y resalta que, de las 10 áreas de reformas previstas, en la mayoría se necesita algún tipo de acuerdo con los gobernadores provinciales.
Cuadro de situación
Un rápido repaso de los siguientes puntos del pacto muestra por qué los avances son dispares y, en varios casos, el horizonte podría extenderse más allá de 2027:
3) “La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno de 25% del producto bruto interno”. Todavía falta para ser alcanzada. Con el fuerte ajuste fiscal de 2024, el gasto nacional bajó en 5 puntos del PBI (de 21,3% en 2023 a 16,3%), en tanto que el provincial no financiero lo hizo en 1,7% (de 16,7% a 15%). Por lo tanto, el consolidado total cayó de 38% del PBI en 2023 a 31,3% en 2024. En lo que va de 2025, el gasto total bajó en menor proporción. Y aún falta resolver cómo cubrir las necesidades de inversión –pública o privada– en infraestructura.
4) “Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar”. Este objetivo depende casi 100% de las provincias. La Nación solo puede medir la calidad educativa y consolidar estadísticas oficiales. En las últimas pruebas PISA (2022), la Argentina ocupó el puesto 66 en matemáticas, 58º en lectura y 60º en ciencias, por debajo de países de la región como Chile, Brasil, Uruguay, Colombia, México y Perú.
5) “Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio”. Los principales avances fueron este año el fin del impuesto PAIS y del ITI (transferencia de inmuebles), rebajas en impuestos internos para bienes durables y celulares (incluyendo en este caso derechos de importación), la ley de transparencia fiscal (que discrimina la carga tributaria en facturas y tickets) y el flamante régimen opcional simplificado de Ganancias para 2025. Aún sigue pendiente la intención oficial de reducir en 90% (no más de 10) el número de impuestos nacionales, aunque el actual acuerdo con el FMI prevé presentar en diciembre una propuesta de reforma.
6) “La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar de poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias”. Como el régimen de coparticipación incluido en la reforma constitucional de 1994 requiere la adhesión de la mayoría de las provincias, se estudian vías alternativas.
Una es un “súper IVA” con un componente nacional y otro que unifique Ingresos Brutos y tasas municipales a actividades económicas. Esta simplificación coparticiparía las alícuotas de cada jurisdicción, pero sin efecto cascada sobre los precios ni retenciones a cuenta de II.BB. que nunca son reintegradas, lo cual sería un alivio para las empresas.
7) “El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”. En este terreno, los mayores avances están en los sectores exportadores incluidos en el RIGI, principalmente petróleo y gas no convencional, minería de litio en el NOA y metalífera en las zonas cordilleranas. También en energías renovables a lo largo y ancho del país.
8) “Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal”. Es uno de los principales objetivos, pero controvertido a nivel político y sindical tras el fracaso del intento oficial de incluir un capítulo laboral en el mega DNU 70/23, rechazado por el Senado. Luego debió conformarse con la sanción de la Ley Bases, que lo redujo a 14 artículos, que están lejos de ser una reforma de fondo.
Por lo pronto, fue derogado el sistema de multas por formalidades que alimentó la industria del juicio, se creó un fondo de cese laboral optativo para indemnizaciones, amplió los períodos de prueba de 3 a 6, 8 o 12 meses; autorizó que un trabajador independiente contrate hasta tres colaboradores no dependientes e incluyó las huelgas salvajes (bloqueos o tomas de establecimientos) como causal de despido.
Aun así, está pendiente el cálculo de actualización de juicios laborales no abonados. Con un nuevo DNU, el Gobierno acaba de limitar el derecho de huelga para servicios esenciales. Mientras tanto, es una incógnita cómo avanzará en su intención de habilitar convenios colectivos por empresa y limitar la duración del mandato de dirigentes al frente de sus gremios.
9) “Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron”. Se trata de la reforma políticamente más compleja. A tal punto que en Diputados hay 11 dictámenes que van desde la prórroga de la última moratoria previsional hasta la actualización e indexación del bono de $70.000 para haberes mínimos. También un aumento de emergencia de 7,2%, eliminar el requisito de 30 años de aportes y fijar en 60 años la edad para que las mujeres accedan a la PUAM.
En este contexto, un trabajo del Cippec elaborado por Rafael Rofman y Manuel Mera para debatir en el Congreso propone un reordenamiento integral del sistema bajo la premisa de que el actual no es sostenible y provoca la pérdida real de haberes. También señala que con los mismos recursos se podrían duplicar los beneficios actuales o generar un ahorro fiscal equivalente a 4% del PBI, ya que la diferencia obedece al alto número de beneficiarios menores de 65 años, la duplicación de beneficios y la existencia de más de 200 regímenes de excepción.
Rofman explica que el Cippec ha dialogado con el Gobierno, partidos políticos y organizaciones empresarias. Y si bien obtuvo un consenso muy amplio la propuesta de unificar gradualmente edades para acceder a la PUAM y mantener pensiones, pero reducirlas para gente joven, las dificultades para avanzar no son a nivel técnico sino político.
Por otro lado, desaconseja que en el acuerdo con el FMI se establezca diciembre de 2026 como fecha para presentar un informe de diagnóstico y opciones de revisión al sistema. “Con un año de elecciones presidenciales por delante será imposible discutirla. Por eso proponemos adelantar la fecha para fin de 2025”, agrega.
10) “La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global”. Entre las medidas instrumentales se destacan la eliminación de las SIRA y trámites burocráticos, reducción de aranceles para reducir costos de producción, envíos courier, eliminación de retenciones a la producción porcina y láctea, importación de maquinaria usada, etc.
No obstante, faltan políticas para aumentar la competitividad de las exportaciones y avanzar en tratados comerciales, incluso como país miembro del Mercosur.
Como corolario, Giordano opina que la prioridad de la Casa Rosada estuvo en la estabilización más que en las reformas, para las cuales se necesitarán acuerdos políticos con las provincias. Pero advierte que, si bien el oficialismo y mucha gente piensa que el país cambiará tras las elecciones legislativas de octubre, los gobernadores serán los mismos hasta diciembre de 2027.
Tipo de trabajo:
análisis
