En el primer trimestre de este año, el 72% de las nuevas jubilaciones tuvo moratoria
Según datos oficiales, se trató de 66.153 casos; el principal plan que estaba vigente venció el 23 de marzo y en el Congreso se debaten en estos días proyectos para restituirlo -algo rechazado por el Gobierno-, o para crear otras prestaciones
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LA NACIONSilvia Stang
En el primer trimestre de este año el 72% de las jubilaciones dadas de alta por la Anses incluyeron moratoria, ya sea por pocos o por muchos años de aportes faltantes. Fueron, en total y según la estadística de la Subsecretaría de Seguridad Social, 66.153 personas las que obtuvieron el beneficio sin haber completado el requisito de contar con 30 años de contribuciones exigido por ley. El número total de altas en el trimestre fue de 91.577, inferior en un 21% al de igual período de 2024.
El nivel de incidencia de las prestaciones que requirieron del plan de compra de aportes es muy similar al de 2024. En todo ese año, de las 426.111 nuevas jubilaciones del régimen general, el 73,4% tuvo moratoria, siempre según datos oficiales.
En el caso de las pensiones por fallecimiento, de las que se dieron de alta entre enero y marzo de este año la mitad se gestionó con moratoria. Fueron 22.876 nuevas prestaciones en total, de las cuales 11.450 incluyeron un plan de pago de aportes no hechos oportunamente.
Entre los beneficios jubilatorios (sin contar las pensiones), la estadística muestra que al menos desde 2010 todos los años la mayoría de las altas es de casos con moratoria.
En la gran mayoría de las jubilaciones otorgadas en particular en los últimos dos años, se estima que se trata de quienes ingresaron al plan de la ley 27.705, dispuesto con vigencia por dos años, para personas con edad jubilatoria cumplida. Ese programa, que venció el 23 de marzo último, consistía en comprar aportes correspondientes a ciertos períodos especificados en la normativa y, en lugar de pagar por ellos, acceder al cobro de los haberes mensuales, de los cuales se descuenta un monto –en un plazo de hasta 120 meses– para saldar el costo de esa adquisición.
En estos días, legisladores de la oposición debaten en el Congreso proyectos vinculados con el otorgamiento de prestaciones a personas que no reúnan, a la edad mínima jubilatoria, los aportes exigidos por la normativa. Algunas iniciativas, promovidas por el kirchnerismo y referentes de la izquierda, buscan restituir un sistema de moratoria, en tanto que otras, como una impulsada por diputados de Encuentro Federal, promueven la eliminación del requisito de contar con 30 años de aportes para poder jubilarse y la creación de beneficios calculados según la cantidad de años con contribuciones (sin importar cuántos hayan sido).
En todos los casos se prevé continuar con la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) creada en 2016, que es otorgada sin necesidad de aportes. Equivale al 80% del haber mínimo y, para obtenerla, se requiere tener 65 años de edad (varones y mujeres por igual) y pasar una evaluación referida a los ingresos y al patrimonio.
El debate se está dando en reuniones de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de Diputados que, de acuerdo con un emplazamiento que se votó en el recinto, deberían tener algún dictamen en los próximos días. De todas formas, y tal como fue advertido en los encuentros, sin consenso con el oficialismo, una eventual nueva norma se encaminaría a un veto presidencial, tal como pasó en 2024 tras aprobarse una ley modificatoria, entre otras cosas, del régimen de movilidad de haberes.
Las jubilaciones y pensiones con moratoria surgieron en 2005, cuando se reglamentó una parte de la ley 24.476, de los años 90. A lo largo de los últimos años hubo diferentes planes vigentes, con prórrogas y particularidades en cada caso. El resultado es que a dos décadas de aquella medida inicial –nunca anunciada como un plan de inclusión previsional y, en cambio, pensada como una norma reglamentaria que permitiría una mayor recaudación fiscal–, hoy dos tercios de las jubilaciones que paga la Anses requirió de esos planes.
Entretanto, no se le dio ninguna solución al problema de base que provocó la adhesión de tantas personas: la alta informalidad laboral y la precariedad de gran parte del mercado de trabajo en la Argentina. Tampoco se hizo ninguna modificación que permitiría adaptar la ley jubilatoria a la realidad de los puestos de empleo.
En una reunión de las mencionadas comisiones de diputados hecha la semana pasada, varios expertos en seguridad social advirtieron sobre las desventajas y los riesgos de continuar con medidas que son de naturaleza transitoria, como las moratorias, sin darle solución a los problemas estructurales.
Según datos a marzo de este año de la Subsecretaría de Seguridad Social, de un total de 7.414.776 jubilaciones y pensiones del sistema contributivo, 4.481.601 (el 60,4%) requirieron de moratoria. Si se observan solo las 5.754.515 jubilaciones, son 3.944.290 (68,5%)las otorgadas de esa manera. Entre las 1.660.261 pensiones, son 537.311 (el 32,4%) las dadas de alta vía moratoria.
En cuanto al número de beneficiarios, en marzo hubo 6.037.25 (las prestaciones son más, porque hay personas que cobran más de una). De ese total, hay 3.019.618 personas solo con jubilación con moratoria; 320.215 con jubilación y pensión, ambas con moratoria; 534.436 con jubilación con moratoria y pensión sin moratoria; 1.451.021 solo con jubilación sin moratoria; 220.486 con jubilación y pensión, ambas sin moratoria; 100.901 con jubilación sin moratoria y pensión con moratoria; 307.694 solo con pensión sin moratoria, y 82.654 solo con pensión con moratoria.
Del total de jubilados con moratoria y sin pensión, en tanto, el 85,6% cobra un ingreso mensual equivalente a un haber mínimo más el bono de $70.000. Ese monto fue en marzo de $349.121 y es en el actual mayo de $366.482.
Más allá de que quedó fuera de juego el plan de compra de aportes de la ley 27.705 para personas en edad de retiro, sigue vigente aquella primera moratoria de la ley 24.476, aunque con varias restricciones, a causa del paso del tiempo. Es posible recurrir a ella para cancelar aportes impagos correspondientes solo a períodos previos a octubre de 1993, siempre que la persona en cuestión haya tenido al menos 18 años de edad en el mes más lejano en el tiempo que incluya en el programa.
Además, continúa en vigencia otro plan creado por la ley 27.705, que es el que permite la compra de aportes a las personas a las que les falten no más de 10 años para la edad de jubilación y ya saben que no llegarán a ese momento con los 30 años requeridos. Es decir, es un programa para varones de 55 a 64 años y mujeres de 50 a 59 años, que pueden adquirir contribuciones por períodos previos a abril de 2013, a un costo que este mes es de $28.958 cada uno.
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