“Se terminó”: un juez declaró abstracta su propia medida cautelar en una causa por el despido de trabajadores de una pyme láctea
Lo decidió el juez José Ignacio Ramonet sobre el caso Lácteos Vidal, quien en estos tres años había suspendido su decisión, pero había sido ratificada por una Cámara
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LA NACION Belkis Martínez
A casi tres años desde que se inició el conflicto en la planta de Lácteos Vidal en la localidad de Moctezuma, provincia de Buenos Aires, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°69 declaró “abstracta” su propia medida cautelar que ordenaba la reinstalación de varios trabajadores despedidos de la empresa. Esto sucedió dado que los trabajadores decidieron iniciar reclamos por indemnización por despido ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo). De acuerdo con el abogado que patrocina la empresa, el reclamo laboral de ocho trabajadores queda sin efecto y “se acabó el juicio”. En el gremio, en cambio, aseguran que “los juicios se van a ganar”.
El fallo del juzgado José Ignacio Ramonet alcanza a ocho trabajadores que habían sido despedidos en el marco de un prolongado conflicto sindical, entre ellos Fabio David Quiroga, Haroldo Javier Rodríguez, José Andrés Emmanuel Pellejero, Juan Carlos Chineschnuck, Claudio Andrés Anidos, Walter Miguel Corvalán, Walter Alejandro Cerri y Juan Manuel Damico. Todos ellos iniciaron acciones legales solicitando compensaciones económicas, fijando como fecha de cese laboral el 31 de marzo de 2025, lo cual llevó al juzgado a concluir que ya no correspondía mantener la orden de reincorporación. Ramonet había suspendido su propia medida cautelar en dos oportunidades, pero en el medio, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo la había ratificado y le dio vigencia.
No obstante, la Justicia ratificó y reforzó la medida cautelar para otros tres trabajadores: Franco Marcelo Yedro, Cristian José Martín y Abel Osmar Damico, quienes podrán continuar el reclamo de su reinstalación en planta y el respeto de sus funciones sindicales, y para quienes aún sigue en trámite un juicio por exclusión de tutela sindical iniciado por la empresa.
Vale recordar que el juez Ramonet impuso astreintes de $10.000 por día por cada trabajador no reincorporado y despedido en el conflicto de julio de 2022. En esa oportunidad, la pyme despidió en total a 26 trabajadores por el bloqueo en la planta; con el correr del tiempo negociaron de manera particular con 17 trabajadores; además, hubo una persona que se jubiló. Pero había hasta ahora ocho operarios envueltos en el conflicto legal y sin una resolución definitiva.
A partir de esta resolución, el juzgado también resolvió ampliar al doble el monto de las astreintes (multas por incumplimiento judicial) impuestas a Lácteos Vidal respecto a estos tres trabajadores (Yedro, Martín y Damico) por tener fueros sindicales en planta. Por eso, volvió a intimar a la empresa a permitir su ingreso a la planta de Moctezuma bajo apercibimiento de incrementar las sanciones y denunciar penalmente a su representante legal por desobediencia judicial.
Según indicó Eduardo Darriba, el abogado que patrocina a la pyme, solamente una de estas personas era delegado del gremio en la planta, los otros dos son de la comisión directiva del sindicato: uno titular y otro suplente. “Estaban los tres suspendidos con goce de sueldo. Con uno de ellos se llegó a un acuerdo hace meses, pero da la casualidad que con el que se llegó a un acuerdo era el único que era delegado de planta. Era el único que podía pedir entrar a cumplir funciones sindicales en planta y llegó a un acuerdo. Los otros dos no, porque son dirigentes ni delegados. Este descargo se va a plantear esta semana en la Justicia”, acotó.
A su vez, dijo que está en curso la causa penal en Trenque Lauquen, en donde se había procesado a los dirigentes del gremio y a los tres delegados mencionados. “Esa causa, cuando se pidió la elevación a Juicio, la jueza que lo pidió sobreseyó, y ahora y lo tiene que resolver la Cámara”, agregó.
Vale recordar que a finales del año pasado, el fiscal general Martín Butti pidió elevar a juicio una de las causas penales en la que se investiga a sindicalistas del gremio lechero Atilra. Gastón Moreno, secretario general de Atilra seccional Trenque Lauquen; Cristian José Martín, empleado y vocal suplente de la comisión directiva del gremio; Diego Armando Alarcón, también sindicalista de la seccional Trenque Lauquen de Atilra; Sergio Raúl Longo, secretario adjunto de Atilra seccional Trenque Lauquen; Abel Osmar Damico, empleado y delegado de la fábrica y Franco Marcelo Yedro, empleado y miembro de la comisión directiva de la seccional Trenque Lauquen.
En esta oportunidad, el juez destacó que, aunque el conflicto lleva más de dos años, y fue la actitud “recalcitrante” de la empresa la que provocó este estado de cosas, los trabajadores que optaron por reclamar indemnización no pueden mantenerse en una postura contradictoria pidiendo simultáneamente la reinstalación.
Además, el tribunal recordó que las astreintes devengadas hasta el 31 de marzo de 2025 siguen siendo exigibles para los trabajadores mencionados, y dispuso que sea la parte actora quien se encargue de liquidarlas de forma diferenciada.
Desde Atilra señalaron que la empresa debió haber cumplido la medida cautelar y no lo hizo. Además, indicaron que la Justicia no pudo hacer cumplir las resoluciones que ella misma dictó. Dijeron que es una contradicción de su parte. “Si la empresa cree que tuvo algo a su favor, hay que leerlo como una victoria pírrica. La justicia es muy contradictoria: le hace pagar a la empresa los astreintes hasta el mes de marzo, pero dice que el planteo es abstracto. Los trabajadores tienen que ser reincorporados. La Cámara va a resolver sobre esa abstracción. Son juicios que se van a ganar de todas formas porque los despidos se hicieron mal, fuera de la ley. A Atilra le sirve esa resolución del Juez", dijeron.
En rigor, la causa entre la pyme y el gremio Atilra tiene varios frentes abiertos, con distintas demandas y acciones legales en curso, incluso con causas penales.
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