Acuerdo con el FMI: historia de los 22 tratos que firmó la Argentina

La Argentina ingresó formalmente al FMI el 20 de septiembre de 1956. Mediante un decreto, el entonces presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu dispuso que el país iniciara las gestiones (en abril de ese año) para sumarse al organismo multilateral, que se había creado en diciembre de 1945 en el marco de los acuerdos de Bretton Woods y la participación de 29 países, luego de la Segunda Guerra Mundial.

Dos años después, llegaría el primer acuerdo entre la Argentina y el FMI. El 4 de diciembre de 1958, el presidente radical Arturo Frondizi y su ministro de Economía, Emilio Donato del Carril, concretaron un stand-by. Ese programa implicó unos US$75 millones de entonces -equivalente a un 0,5% del PBI- y del 50% de la cuota del país en el organismo.

Según los documentos enviados desde la Argentina al FMI, el objetivo de ese crédito era el apoyo a un “programa de estabilización” que incluía “una reforma del sistema de cambios”, para “terminar con la inflación” y restablecer el balance entre los precios internos y externos.

Pero los resultados no fueron los esperados, y durante la presidencia de Frondizi se firmaron otros tres acuerdos stand by (1959, 1960, 1961), que elevaron el monto del programa a US$100 millones. Luego, el presidente de facto José María Guido firmó otro stand-by, en 1962.

Otro gobierno de facto extendió la serie de programas entre la Argentina y el FMI. Fue durante la gestión de Juan Carlos Onganía, que firmó dos acuerdos stand-by por US$100 millones y US$125 millones, en 1967 y 1968. En ambos casos, se trató de programas por un año, con el objetivo de frenar la inflación y “sentar las bases para el crecimiento de largo plazo”. “Hay un amplio consenso en los efectos indeseados de este proceso”, sostuvieron en referencia a la suba de precios el ministro de Economía, Adalberto Krieger Vasena, y el presidente del Banco Central, Pedro Real, en la carta de solicitud del acuerdo.

Durante la gestión de María Estela Martínez de Perón, que fue vicepresidenta desde 1973 y asumió como presidenta en 1974, tras la muerte de Juan Domingo Perón, se firmaron tres acuerdos con el FMI. El primero, concretado en octubre de 1975, consistió en un ‘oil facility’, en medio de la crisis del petróleo, por un monto de US$100 millones de entonces (alrededor del 0,2% del PBI).

Luego, se concretaron dos acuerdos ‘compensatory financing facility’, en diciembre de 1975 y marzo de 1976. En ambos casos se trató de convenios de financiamiento por la caída en las exportaciones y el desequilibrio en la balanza de pagos que enfrentaba el país, que comprendían un cuarto de la cuota del país en el organismo.

Ya en dictadura, tras el golpe del 24 de marzo de 1976, se firmaron otros cuatro acuerdos de financiamiento. El primero fue concretado en agosto de ese año, por iniciativa de Jorge Rafael Videla y su ministro de Economía, José Martínez de Hoz, por un monto de US$300 millones. Un año después, en noviembre de 1977, se firmó un segundo stand-by, con objetivos repetidos a lo largo de la historia: “fortalecer la balanza de pagos” y “reducir la tasa de inflación” a fin de “generar las bases para un renovado crecimiento económico”.

En 1983, ya con Reynaldo Bignone en la Presidencia, el país firmó dos acuerdos más: un ‘compensatory financing facility’ por US$550 millones de entonces, y un nuevo stand-by, por US$1500 millones de aquel momento (1,4% del PBI).

El regreso de la democracia intensificó los vínculos entre el FMI y la Argentina. Durante la presidencia de Raúl Alfonsín se firmaron cinco acuerdos, concretados entre 1984 y 1988, mientras que bajo gestión de Carlos Menem fueron otros cinco programas. El último de ese mandato fue en 1998, por US$2800 millones (0,9% del PBI).

En 2000, el gobierno de Fernando De la Rua también acudió al organismo de crédito, y selló un nuevo acuerdo stand-by, esta vez por US$7200 millones de entonces. Era el más elevado de los firmados a la fecha, por un monto estimado en el 4,8% del PBI. Ese programa, pautado con una duración de tres años, incluía un desembolso inicial de US$1300 millones, y sucesivos pagos según el cumplimiento de metas y objetivos, como una baja del déficit de 3,5 puntos del PBI en el período mediante, entre otras medidas, de la “eliminación de distorsiones en el sistema impositivo”.

Pero ese programa quedó frustrado en el camino, el FMI retiró su apoyo a la Argentina en 2001 y pese los anuncios del Blindaje y los intentos del entonces ministro Domingo Cavallo, la Argentina no evitó la recesión y la crisis económica que llevó al colapso de diciembre y la salida de De la Rua del gobierno.

Ya con Eduardo Duhalde en la Casa Rosada y Roberto Lavagna en el Ministerio de Economía, el país firmó un nuevo acuerdo stand-by con el FMI, que refinanció deudas acumuladas. Ese programa consistió en un stand-by, también de tres años, por un monto de US$12.500 millones de entonces.

Ese programa se abortó también antes de tiempo. Por decisión del ya presidente Néstor Kirchner se cancelaron de forma anticipada más de U$9800 millones que el país debía pagar al FMI, utilizando reservas del Banco Central, cuyo titular era Martín Redrado.

“Hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el FMI”, dijo Kirchner en aquel momento.

Trece años más tarde, el FMI volvió a ser protagonista de la economía argentina. Fue en junio de 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri acudió al organismo para obtener financiamiento, ante un escenario de corrida cambiaria, salida de capitales y desequilibrio en la balanza de pagos.

En ese momento, se firmó un acuerdo stand-by por US$50.000 millones y tres años de duración, que meses después se modificó y amplió hasta los US$57.000. De ese total, el país recibió US$44.000 millones, aunque el programa colapsó y se abandonó tras la salida de Macri de la presidencia.

Estos últimos fueron, dentro de los 60 años de historia de vínculo entre el FMI y la Argentina, los acuerdos más cuantiosos. Según estimaciones de la Universidad Austral, el programa firmado por Duhalde fue por un monto estimado del 9,8% del PBI, mientras que el gestionado por Macri era del 8,5% del PBI.

Ya con Alberto Fernández en la Casa Rosada, el Gobierno postergó las negociaciones con el FMI, aun con el programa anterior interrumpido, y avanzó con cuestiones como la reestructuración de la deuda con acreedores privados. Finalmente, el principio de acuerdo por un nuevo programa se anunció en febrero de 2022. Ese acuerdo fue de 30 meses (dos años y medio) apuntó a refinanciar los vencimientos de capital que Argentina tenía pendientes con el Fondo, correspondientes al esquema firmado por Macri, y un calendario de devolución en 10 años.

Esa negociación incluyó una novedad. Por iniciativa del entonces ministro Martín Guzmán, se sancionó una ley que estableció que cualquier programa con el FMI debía contar con aprobación del Congreso. El Gobierno envió los detalles del acuerdo (incluyendo el staff report, las metas y otras cuestiones técnicas) pero parte del bloque oficial, liderado por el diputado Máximo Kirchner, se negó a votar a favor. Finalmente, el acuerdo fue aprobado también con votos de legisladores opositores.

Ese programa de facilidades extendidas firmado por Guzmán fue heredado por el gobierno de Javier Milei. Con el profundo ajuste aplicado en el gasto público -concentrado en jubilaciones, obra pública, transferencias a provincias y subsidios- y el freno a la emisión de pesos para financiar el déficit por parte del BCRA, el país en 2024 cumplió con las sucesivas metas trimestrales fiscales y monetarias. Sin embargo, en el tercer trimestre de 2024 -último establecido en el acuerdo de 2022-, no alcanzó la meta de acumulación de reservas establecida.

Se trata de un factor clave en la última negociación, que incluso motivó observaciones por parte de los técnicos del FMI en análisis anteriores, por la evolución del dólar, la apreciación cambiaria y la salida de divisas. Esa última revisión finalmente no se realizó, y quedó pendiente un giro de alrededor de US$1000 millones del FMI correspondiente al programa de 2022.

Ahora, el Gobierno confirmó que se cerró el entendimiento con el Fondo para la firma de un nuevo acuerdo de facilidades extendidas por U$S20.000 millones. Según lo estipuló el DNU enviado semanas atrás por el presidente Milei, este programa -el 23° en la historia de la Argentina y el FMI- tendrá cuatro años de plazo y un calendario de devoluciones en 10 años.

Por Esteban Lafuente

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