Nuevos fuegos para la provincia más austral
Tierra del Fuego cuenta con un enorme potencial para su reconversión productiva y dejar atrás un viejo régimen de promoción industrial que ya es insostenible
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Cuando el gobierno de la Revolución Argentina decidió radicar industrias en el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, hace más de medio siglo, adoptó un criterio militar ajeno a mejorar el nivel de vida de toda la población. Las palabras competitividad o eficiente asignación de recursos no figuran en la Ley 19.640 (1972) pues en aquella época, de economía cerrada, lo importante eran los objetivos estratégicos (despliegue territorial, ocupación de mano de obra, ejercicio de soberanía) sin considerar costos, ni el impacto sobre el salario real de la gente.
Mientras que en otros países la clase empresaria abría caminos con proyectos surgidos de su propia iniciativa, en la Argentina los empresarios fueron detrás de las “decisiones políticas” de quienes las formulaban desde escritorios ministeriales. Y a partir de aquel año, comenzaron a trajinar camiones desde el puerto de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego con insumos, partes y piezas desarmadas (3000 kilómetros) que regresaban a la metrópolis con productos terminados. Con los años, la imaginación de los contadores se fue agudizando para inventar más servicios que pudieran facturarse desde la isla a efectos de cumplir con el 50% de valor agregado local (seguros, fletes, pasajes, honorarios, tasas y contribuciones) además de los salarios del personal y los elementos fabricados en el continente. A partir de 2009, el armado de celulares acaparó casi el 80% del trabajo de los industriales fueguinos. Antes se habían focalizado en productos de la línea blanca y en la producción de televisores, radios y videograbadoras. En total son unas 46 empresas, de las cuales 22 se dedican a la electrónica.
Pero el régimen fue herido por su propio éxito ya que no puede sobrevivir al avance de la tecnología. Con el advenimiento de los celulares inteligentes, indispensables para la vida cotidiana, poco valor pueden agregarles las armadurías fueguinas. El recambio de modelos es demasiado veloz y no llega a conformarse una cadena de proveedores locales que reduzca la dependencia del mercado externo. A su vez, como son mucho más caros, se fue creando una “grieta social” entre quienes viajan y pueden comprarlos afuera, frente al resto, que lo hacen en cuotas a precios desmesurados. Y un tema no menor: también los robos y la reventa de usados han sido consecuencia impensada de esta promoción regional que convirtió a un celular de marca en un tesoro preciado.
El costo fiscal del régimen fueguino se estima en 0,33% del PBI; o sea, 1000 millones de dólares, equivalentes al 40% de lo que la Argentina invierte en las asignaciones universales por hijo y por embarazo
Ante esa situación insostenible, con inteligencia y picardía –se avecinan elecciones–, el Gobierno dictó el decreto 333/2025 alterando el mercado por una “puerta lateral” y en lugar de derogar el régimen fueguino para evitar reclamos por “derechos adquiridos”, recurrió al más sencillo expediente de abrirlo a las importaciones de celulares. A partir del año próximo, no pagarán aranceles (la tasa era del 16%) y para abaratarlos aún más, se redujo la tasa de impuestos internos del 19% al 9,5%. Esta reducción impositiva también se aplica a los televisores, monitores y aires acondicionados importados, aún protegidos por el arancel externo común del Mercosur (20%).
En compensación para los celulares, televisores y aires acondicionados fabricados en Tierra del Fuego, se eliminó directamente el pago de impuestos internos (del 9,5% al 0%). De ese modo, la preferencia fiscal para los televisores y aires acondicionados se mantiene y la isla se ve beneficiada. Nada ha cambiado, por otro lado, para el resto de las industrias que allí fabrican otros rubros y que configuran el 20% del total.
A su vez, el decreto 334/2025 creó un régimen simplificado para que las empresas fueguinas puedan vender directamente a consumidores particulares a través de plataformas online. Al igual que la apertura al ingreso de bienes de capital usados, el objetivo es provocar un shock de productividad, aunque siempre estará condicionado a otras variables macro, como la caída del riego país.
La provincia tiene capacidad para encender nuevos fuegos y dar empleos dignos a su población
El costo fiscal del régimen de Tierra del Fuego se estima en 0,33% del PBI; o sea, 1000 millones de dólares, equivalentes al 40% de lo que la Argentina invierte en las asignaciones universales por hijo y por embarazo (AUE), destinadas a los niños más vulnerables. Ese costo tributario se origina en los aranceles no cobrados por las importaciones y por el IVA que las empresas fueguinas facturan, pero no depositan al fisco. Ese es uno de los peores incentivos del sistema, pues al “embolsarse” el IVA cobrado por el total facturado (y no sobre el valor agregado) las empresas ganan más cuánto más importan y más costos acumulan. Por otro lado, al abrirse las importaciones de celulares, aumentará la recaudación del IVA (21%) frente a la no percepción actual de los fabricados en Tierra del Fuego.
El cálculo del costo fiscal no incluye la posible demanda incremental de dólares oficiales para generar ganancias fuera del balance en las importaciones (“sourcing profit”) sobre todo, en tiempos de “brecha”. Nunca el fisco nacional auditó esas compras, como lo hace con las multinacionales respecto de sus precios de transferencia. Por ejemplo, en 2023 la Aduana denunció a Raizen (Cosan/Shell) por maniobras fraudulentas en comercio exterior, acusándola de obtener dólares del Banco Central a cotización oficial de forma irregular, mediante sobrefacturaciones. Ahora Raizen ha puesto en venta todos los activos de Shell en la Argentina con sus 7000 estaciones de servicio y la destilería de Dock Sud.
A pesar de tales distorsiones, durante el kirchnerismo se profundizaron las ventajas para los empresarios, no para la población. Primero fue el “impuestazo electrónico” (Ley 26.539, derogada en 2017) que impulsó Débora Giorgi, exministra de Industria durante la gestión de Cristina Kirchner (2008-2015) y mandamás de esa promoción durante siete años. Ahora, alejada de esos trajines, contempla el horizonte desde su exclusivo penthouse en una torre de Puerto Madero. En 2021, Alberto Fernández extendió los beneficios hasta 2053, condicionado a una evaluación en 2038 (decreto 727/21) mientras creó un opaco Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, para financiar la reconversión fabril de la isla.
Tiene un atractivo sin igual para un desarrollo turístico por su belleza y sus deportes de nieve
El medio siglo de vigencia de la Ley 19.640 ha terminado perjudicando a Tierra del Fuego, al inducir una gran migración poblacional basada en la fragilidad de una norma vetusta sin haberse desarrollado sectores sustentables. Han proliferado los asentamientos precarios y faltan servicios básicos. Ahora se suma la comprensible angustia de las familias por su futuro. De esto tienen responsabilidad la clase política, los sindicatos y los empresarios que siempre lo supieron y optaron por ignorarlo.
La población creció 14 veces desde los 13.000 habitantes de 1972 a los 190.000 del presente, de los cuales 39.000 trabajan en el sector privado, 27.000 en la istración provincial y 11.000 en las ensambladoras. Con la crisis de 2019, el empleo público siguió creciendo, para evitar la desocupación. Tiene la tasa de empleo público más alta del país en relación a su población y ahora se encuentra en dificultades para honrar vencimientos de su deuda externa de 200 millones de dólares, tomada para realizar obras y que su actual gobernador consumió, en gran parte, en gasto corriente. Debería buscar consejo de su compañera de militancia, la ahora retirada Débora Giorgi, experta en crear fortunas de la nada.
Tierra del Fuego tiene capacidad para encender nuevos fuegos y dar empleos dignos a su población. Podría lograr inversiones en petroquímica (gas offshore de Vega Pléyade), pero prefirió no adherirse al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), por su afiliación kirchnerista. Tiene un atractivo sin igual para un desarrollo turístico de clase mundial por su belleza, deportes de nieve y cercanía a la Antártida. Podría crecer en pesca y en acuicultura, como Chile, pero prohibió la cría de salmónidos. Y configurar un polo de economía del conocimiento en áreas como programación, diseño de software, inteligencia artificial aplicada y actividades conexas. Y eventualmente, reconvertir sus plantas electrónicas con verdadera creación de valor en nichos que no requieran escalas de producción asiáticas para ser competitivos.
Si se apaga el fuego de la Ley 19.640, la provincia más joven del país pero con vicios muy viejos tiene potencial de sobra para encender otros nuevos, con otros emprendedores, con mayores capitales y con bases más genuinas.
Ya en 1884 Julio Argentino Roca hizo construir el Faro San Juan de Salvamento en la isla de los Estados, como primer acto de soberanía luego del tratado de límites con Chile (1881), dando luz a los navegantes con las llamas de ocho lámparas de kerosén. El actual Faro del Fin del Mundo, reconstruido en 1998, debería ser el símbolo inspirador de la impostergable transformación por encarar.
Tipo de trabajo:
opinión
