Retenciones: el campo reclama y con razón
Sería una extorsión pretender que los productores malvendan granos de sus cosechas como moneda de cambio para afrontar los gastos de la próxima campaña
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A nadie debe sorprender que haya entrado en acción en el Congreso de la Nación un grupo de legisladores dispuesto a que se prolonguen, después del 30 de junio, las reducciones dispuestas por el Poder Ejecutivo el 27 de enero último sobre las retenciones a los principales cultivos.
Lo extraño sería que nadie se movilizara en el plano institucional en favor de la extensión de aquella merma del más absurdo y discriminatorio de los gravámenes que pesan sobre parte de la sociedad que trabaja en blanco. Ya está de por sí gravada, como sabemos, con uno de los más altos índices tributarios impositivos del mundo. Tal es así que entre los seis proyectos legislativos existentes algunos propenden a disminuir aún más esos derechos a las exportaciones en relación con los porcentajes vigentes y otros proponen plazos específicos para su eliminación.
Queremos creer que fue por un uso torpe del lenguaje, y no por la voluntad de amenazar a los productores agrícolas, que el presidente Javier Milei advirtió, días atrás, que había que “avisarle al campo que si tiene que liquidar (por los granos disponibles), liquiden ahora, porque en junio vuelven las retenciones”, dijo el jefe del Estado.
Fue un evidente error en la selección de las palabras. No puede volver, por definición, lo que ha permanecido entre nosotros, infortunadamente casi inalterado, desde hace muchos años. Todo lo que el Gobierno hizo en enero fue reducir hasta el 30 de junio las retenciones sobre la soja, del 33% al 26%; las de trigo, maíz, cebada y sorgo, del 12% al 9,5%, y las del girasol, del 7% al 5,5%. Y tampoco podría el Presidente amenazar a los productores con que deberán deshacerse en tiempo perentorio de lo que ha sido el fruto de sus esfuerzos en campos propios o alquilados porque eso sería inaceptable, tanto legal como moralmente.
Ningún otro sector de la economía del país está afectado por tributos de la magnitud que sobrellevan compulsivamente quienes hacen, con su eficiencia, creatividad e innovaciones, la mayor de las contribuciones a las exportaciones argentinas
Si el Presidente ignora lo que significan las expectativas en la evolución económica de una sociedad, desconoce una variable de psicología social de la que, en última instancia, dependen los indicadores que se expresan en números fríos y no en sentimientos tanto o más influyentes que aquellos.
El presidente Javier Milei no puede amenazar –como lo hizo– a los productores con que deberán deshacerse en tiempo perentorio de lo que ha sido el fruto de sus esfuerzos en campos propios o alquilados porque eso sería inaceptable, tanto legal como moralmente
Un viejo editorialista de asuntos económicos y financieros de LA NACION, cuando entregaba un memorando sobre el balance periódico en esa materia, dibujaba al margen del texto una “x”. La “x” representaba la fuerza desconocida para él, y para cualquiera, de las expectativas públicas que pudieran cambiar o no la proyección de los resultados que había obtenido por sus observaciones de acuerdo con parámetros matemáticos y estadísticos.
El campo no puede esperar más
En un año electoral por donde se lo mire, con numerosos comicios provinciales que se realizarán en fechas propias según los intereses de los respectivos mandatarios, y con elecciones nacionales de mitad de período en octubre, el Presidente debería haber sabido que la fecha arbitraria del 30 de junio para poner fin a una disminución temporaria de las retenciones suscitaría al final serias resistencias. Ese mismo presidente ha dicho antes de ahora que las retenciones constituyen un mal que en algún momento deberá erradicarse, pero por lo que él ha resuelto las retenciones volverán a su nivel anterior cuando se cumpla el año y medio de su gobierno, al tiempo que estaría dispuesto a vetar una ley del Congreso que disponga la continuidad de aquella rebaja.
El campo no puede esperar más. Ha perdido capacidad competitiva con países vecinos como Uruguay y Paraguay, y nada se diga en relación con Brasil, cuya producción en soja, por tomar un solo ejemplo, ha dejado notablemente rezagada a nuestra principal oleaginosa. Milei no inventó las retenciones, es cierto, pero habiendo utilizado con acierto la motosierra metafórica para aliviar a la sociedad de trámites kafkianos que solo servían para justificar una excesiva, bucólica y confiscatoria burocracia o adoptar medidas enderezadas a ampliar los espacios para la libertad económica, ha quedado deudor de compromisos expresos hechos en la campaña electoral.
Es más: Milei carga, como gobernante de un Estado que no podría desconocer la continuidad jurídica de sus actos, con el peso de reparar la descomunal exacción tributaria cometida contra el campo por sus antecesores y, durante un año y medio, por él mismo. Un estudio de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) denunció en 2024 que en los últimos 34 años el Estado se había quedado por aquella vía con 203.000 millones de dólares de los productores agropecuarios. Hasta se atrevió a mensurar, en términos constantes de valor dólar, tal exacción como equivalente al Plan Marshall con el que Estados Unidos había contribuido al resurgimiento europeo al cabo de la Segunda Guerra Mundial.
De modo que cabe acompañar las iniciativas en gestación del presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación, Atilio Benedetti (UCR-Entre Ríos), de legisladores de otros sectores y de algunos de los gobernadores, como el de Córdoba, Martín Llaryora, de provincias con la mayor producción agropecuaria, de que se prolongue, más allá del 30 de junio, la disminución dispuesta en enero de las alícuotas que se aplican por retenciones al campo. Ningún otro sector de la economía está afectado por tributos de la magnitud que sobrellevan compulsivamente quienes hacen, con su eficiencia, creatividad e innovaciones, la mayor de las contribuciones a las exportaciones argentinas.
Pretender que los productores se precipiten a malvender –como bien dijo Federico Zerboni, presidente de Maizar– granos de sus cosechas que equivalen a la moneda de cambio para afrontar los gastos de la próxima campaña sería una extorsión. El cuello de botella de los menos de setenta días que restan hasta el 30 de junio es una amenaza de precios más bajos todavía de los que rigen hoy para los principales commodities agrícolas. Y eso sin contar la depreciación del dólar en relación con casi todas las monedas, incluida la nuestra.
Entretanto, y para que nadie se equivoque, el campo lleva vendido casi el 30% de lo producido en el renglón agrícola durante la campaña en curso, según aclaró Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Solo así pudo asegurar su subsistencia. Que la confianza en la palabra presidencial no siga jugándoles otra mala pasada.
Tipo de trabajo:
opinión
