Santa Fe: ciudadanos descreídos, políticos ombliguistas
Solo la mitad de los electores concurrieron a las urnas para reformar la Constitución, cuyo claro objetivo principal es la reelección del gobernador
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Las elecciones santafesinas de convencionales reformadores de la Constitución provincial realizadas el domingo último van mucho más allá de la especulación política, teniendo en cuenta que nos hallamos transitando un año electoral en el que se pondrán en juego, como es de rigor, pugnas partidarias por obtener mejores representaciones legislativas y, por ende, lograr más cuotas de poder tanto a nivel distrital como nacional.
Cualquier Constitución es mejorable y, desde ya, toda reforma siempre tiene algún aspecto positivo. En el caso de la santafesina, es destacable el interés por incluir la obligatoriedad de la ficha limpia para que nunca más los corruptos condenados puedan candidatearse a cargos públicos para hacer uso amañado de los fueros. Y hubiera sido deseable que se aprovechara la reforma para evaluar la continuidad del sistema bicameral. Lo lamentable es que, detrás de declamadas buenas intenciones puedan esconderse otros propósitos que incluso vayan en sentido opuesto a un eventual progreso institucional.
Dos ejemplos son útiles para detenernos en ese análisis. Como parte del proyecto de reforma constitucional impulsado por el actual gobernador Maximiliano Pullaro se terminará con la sana tradición de Santa Fe de impedir, precisamente, la reelección consecutiva del titular del Poder Ejecutivo. No solo eso, ¿caerán Pullaro, los convencionales que le responden y sus posibles aliados –quedó a dos votos de obtener la mayoría– en la tentación de que el actual primer período gubernamental no sea considerado el primero de dos consecutivos, permitiéndole presentarse para competir por los próximos dos? Sobran los ejemplos de mandatarios y exmandatarios nacionales, de provincia e intendentes que procuraron –y en muchos casos lograron– forzar textos legales para perpetuarse en el poder.
El otro punto es la excusa de “crear derechos”, como si muchos de ellos ya no estuviesen debidamente reconocidos y garantizados por la Justicia cada vez que se plantea una demanda. Suena a mera retórica que en el texto por reformarse se pretendan incluir los derechos a la ciudad, al agua, a la cultura y a la seguridad pública. ¿Qué impide que se garanticen hoy, o acaso un gobernador necesita verlos escritos antes de empezar a cumplir con su deber de que ningún ciudadano se quede fuera del abastecimiento de un insumo básico como el agua? ¿El Estado no está ya obligado a proveer seguridad, salud y educación a los contribuyentes que con sus impuestos mantienen las suculentas arcas públicas que, en innumerable cantidad de veces, son usadas en beneficio exclusivo de la política?
¿Realmente se proveerá una mejor educación en la provincia instalando un fuero sindical docente con rango constitucional, como se pretendería hacer? Y, tras esas creaciones a medida, ¿no sobrevendrán más aparatos estatales innecesarios, nepotistas y costosísimos?
Pareciera que no aprendimos nada de la tan fracasada como cesarista reforma constitucional de 1949, impulsada por Juan Domingo Perón para asegurarse su reelección indefinida. Tampoco de la nefasta concepción kirchnerista de seguir machacando con que detrás de cada necesidad hay un derecho. Sonaría a un simplón sentido del “deber ser” si no fuera porque esa facción política convirtió muchos de los derechos en negociados.
Se ha escuchado justificar la necesidad de la reforma constitucional para otorgar más derechos a los santafesinos. Si ese fuera el camino, en lugar de organizar un debate tan caro para acordar un texto podrían copiar la Constitución de la ex Unión Soviética de 1936, que reconocía a los individuos más derechos que el bill of rights de la norteamericana, pero que en la realidad no se cumplían, confirmando de ese modo el carácter meramente propagandístico del articulado.
No nos equivocamos si calificamos estas maniobras de aventuras provinciales alejadas de los verdaderos problemas de los ciudadanos, cuyos derechos –los actuales, los vitales– no están siendo respetados como se debería.
“Estamos discutiendo el futuro de los santafesinos: progreso, orden y paz”, sentenció Pullaro, cuya lista de convencionales quedó primera en el ranking de sufragios en las elecciones del domingo (34,61% de los votos), seguida por la del peronismo (15,15%) y la de La Libertad Avanza (14,11%).
No explicó el gobernador por qué hoy les estarían vedados a los santafesinos el progreso, el orden y la paz. Al menos no se hizo cargo de su notoria falta. Será por eso que solo concurrió a votar algo más del 50% de los electores habilitados. La otra mitad no parece creer que le cumplirán mañana lo que no pueden garantizarle hoy.
Tipo de trabajo:
opinión
