Arrestos, interrogatorios en aeropuertos y deportaciones: con Trump, el miedo se extiende a los migrantes legales
En un clima de creciente hostilidad, crece el temor entre los titulares de green cards y otros visados en EE.UU.; muchos evitan viajar o llevan sus papeles siempre encima
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Corresponsal en Estados UnidosGuillermo Idiart
WASHINGTON.- Robert M., un norteamericano de 35 años que trabaja en el mundo académico en Washington, añora sus años en Buenos Aires, donde estudió y llegó a trabajar en un área del gobierno nacional. “Me encantaría volver pronto de visita”, dice en perfecto español, con acento porteño. “Pero ahora no es el momento. Tengo miedo por lo que pueda pasar con mi esposa, que es brasileña”, señala, en medio del temor expandido en Estados Unidos entre millones de residentes legales por la intensificación de la ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump, con los estudiantes extranjeros de Harvard como último eslabón.
La mujer de Robert M., dos años menor, obtuvo hace 13 meses la green card, la autorización legal para vivir y trabajar en Estados Unidos sin restricciones temporales. “Leí casos de migrantes con la Tarjeta de Residente Permanente que al volver al país fueron retenidos durante horas en el aeropuerto, o directamente arrestados. Queremos ir a la Argentina y Brasil, pero no nos podemos arriesgar a esa situación”, explica Robert M., que prefiere resguardar su identidad. “Tampoco quiero dejarla sola aquí, puede pasar cualquier cosa hasta en un control en la calle”, confiesa a LA NACION.
Su relato es solo uno de los que se multiplican en Estados Unidos de migrantes legales -como los 12,8 millones con green card u otros con distintos visados- que tienen miedo a ser demorados, arrestados o, incluso, deportados por las autoridades migratorias, a medida que se revelan varios casos de ese tipo desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, el 20 de enero.
“Hay un miedo a hablar en una magnitud que yo no había visto nunca”, dice, sorprendido, un investigador argentino en Illinois que lleva más de 25 años en el país.
“Lo que llama mucho la atención de estos casos es que han sido más visibles y con consecuencias más directas. Hay una mayor investigación por parte del gobierno para identificar cualquier situación de antecedente legal, aunque sea menor, lo cual puede llevar a que una persona que es residente permanente legal pueda perder el beneficio”, explica a LA NACION Ariel Ruiz Soto, experto del Migration Policy Institute (MPI).
Soto remarca que no es la primera vez que se dan casos de este tipo, pero sí que se está poniendo “un nuevo énfasis de presión pública” para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ahora se ocupe de este tipo de operaciones y les dé mayor visibilidad. El objetivo, claro, es mostrar un alto nivel de acción para avanzar con una de las grandes promesas de campaña de Trump: la lucha contra la migración ilegal.
“Desde febrero empecé a recibir muchas llamadas y gestiones para consultas de residentes permanentes, personas con estatus legal y ciudadanos norteamericanos. Eso sí es algo nuevo, que no había visto durante la primera istración Trump”, contó a LA NACION Helena Tetzeli, abogada experta en temas migratorios con una larga trayectoria en Miami.
“Para mí, esas llamadas han sido chocantes. Muchos tienen miedo de viajar al exterior, quieren información y asesoramiento acerca de sus derechos, por si acaso los para un policía u otro agente federal”, agregó.
Es un caso similar al de muchos estudiantes extranjeros de Harvard, en medio de la batalla judicial con el gobierno luego de que la istración Trump revocara la facultad de la universidad para matricular estudiantes extranjeros con el riesgo de perder sus visas. Aunque la medida fue bloqueada este viernes por la Justicia, la incertidumbre de los cerca de 6800 alumnos extranjeros está lejos de quedar despejada. La disputa en los tribunales promete continuar.
Alumnos argentinos de Harvard consultados por LA NACION pusieron énfasis en el temor que hay por los viajes, tanto para salir de Estados Unidos como para volver a entrar desde el exterior, ante los casos de revocaciones de visas o interrogatorios en los aeropuertos al llegar al país.
Respecto a los casos más visibles de arrestos de green card holders, como se los llama aquí, los especialistas resaltan el del alemán Fabian Schmidt, de 34 años y con residencia legal permanente en Estados Unidos. Las autoridades migratorias lo detuvieron a su llegada al aeropuerto internacional de Boston el 7 de marzo. Fue interrogado por delitos menores que había enfrentado hacía 10 años, y posteriormente fue trasladado a un centro de detención federal en Rhode Island. Tras dos meses, fue liberado.
También fue llamativo el caso del argentino Agustín Gentile, de 31 años, arrestado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras regresar de un viaje al exterior al aeropuerto de Los Ángeles. Las autoridades detectaron que tenía antecedentes y comenzó un proceso que derivó en el traslado al centro de detención Stewart, en Georgia, y con la posibilidad de que sea deportado del país donde vive desde hace 18 años. La semana pasada tuvo la audiencia prevista ante una jueza, y tuvo el acompañamiento del consulado argentino en Atlanta, según supo LA NACION.
De acuerdo a un estudio reciente del Pew Research Center, uno de cada cinco adultos norteamericanos (19%) dice que le preocupa mucho o algo que un familiar o un amigo íntimo puedan ser deportados. Esa cifra sube al 42% entre los adultos hispanos, mientras que el 30% de los inmigrantes afirman que les preocupa que se les pueda pedir una prueba de su ciudadanía estadounidense o de su estatus migratorio.
“Como esa encuesta fue hecha entre finales de febrero y principios de marzo, es posible que las actitudes de las personas hayan cambiado desde entonces. En ese momento la istración Trump ya había comenzado a implementar sus planes migratorios, pero no a usar la Ley de Enemigos Extranjeros ni a eliminar las protecciones de deportación para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses. Hoy los números serían diferentes”, advierte a LA NACION Jens Manuel Krogstad, uno de los autores del informe. No le hizo falta aclarar que los porcentajes actuales serían superiores.
Temores y precauciones
Los relatos del temor y las nuevas precauciones que toman los extranjeros legales son recurrentes y variopintos. Un profesor universitario argentino residente en el estado de Delaware contó que desde que empezaron a surgir los casos, sale “a todos lados” con su formulario I-797, una carta que envía el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) que acredita su estatus legal. “Jamás lo había sacado de mi casa antes. Tengo la paranoia de perderlo o que alguien me robe la mochila”, le dice a LA NACION, mientras muestra la copia. “Lo cuido más que a mi corazón”, agrega.
Alumnos extranjeros de distintas universidades, con visas de estudiante, relatan que tienen temor a ser parados en controles policiales cuando manejan, y que les pidan algún papel que no tienen a mano. “Eso es notable. Yo por suerte no manejo”, dice a LA NACION un empleado alemán de una universidad, que prefiere resguardar su identidad.
Otros extranjeros con papeles que viven desde hace años en Estados Unidos cuentan que incluso empezaron a llamar a sus contadores para cerciorarse de que tienen en regla sus historiales impositivos. “A ver si me sale una declaración jurada mal hecha hace cinco años... Hoy todo puede ser una razón válida para los agentes federales", dice un argentino que vive en Washington a este diario.
“Las green cards y visas son un privilegio, no un derecho. Todos deberían estar alerta”, fue una de las advertencias del Uscis en las últimas semanas, que subrayan el enfoque ampliado de la istración Trump en la aplicación de las leyes migratorias, dirigidas cada vez más no solo a los indocumentados, sino también a los residentes legales.
En el centro de ese cambio se encuentra una política cada vez más centrada en la vigilancia de las redes sociales y el escrutinio ideológico, advierten organizaciones de defensa de derechos civiles.
En esa línea, hay profesores universitarios a quienes las autoridades académicas les “sugieren” borrar cualquier viejo posteo en redes sociales que sea crítico con Trump o con los republicanos. “Aunque sea una nota del The New York Times u otro diario con un tono negativo. Cualquier cosa que se asemeje”, cuentan a este diario.
También es recurrente que, al hablar mucho de estos temas con otros residentes legales, a los jóvenes les aparezcan historias en los feeds de sus celulares con noticias de detenciones del ICE. “Es lo mismo que pasa con las publicidades en Instagram, pero con este tema”, dice a LA NACION un estudiante mexicano que vive en Los Ángeles.
En marzo pasado, el Uscis había anunciado que pronto requeriría que los solicitantes de green cards revelen todas sus direcciones de redes sociales, parte de un esfuerzo de investigación más amplio que la agencia señala que es esencial para la seguridad nacional.
La información se usaría para “verificación de identidad, investigación y evaluación de seguridad nacional”, y afectaría a más de 2,5 millones de solicitantes. Los críticos de la medida advierten que su alcance y subjetividad podrían socavar la libertad de expresión.
“Hay un gran énfasis de las agencias del gobierno en identificar personas que generalmente están en desacuerdo por razones políticas al gobierno”, advierte Soto.
El DHS anunció en abril que examinaría las redes sociales de los migrantes en busca de indicios de antisemitismo, lo que dijo que sería motivo para “denegar las solicitudes de prestaciones de inmigración”. El análisis busca pruebas de “apoyo, apología, promoción o respaldo del terrorismo antisemita”.
El propio vicepresidente JD Vance se metió el mes pasado en el debate. “Un titular de una green card, aunque me caiga bien, no tiene derecho indefinido a estar en Estados Unidos”, dijo a Fox News. “Los ciudadanos estadounidenses tienen derechos diferentes de las personas que tienen tarjetas de residencia o visados de estudiante. Así que mi actitud al respecto es que no se trata fundamentalmente de libertad de expresión. Sí se trata de seguridad nacional”, justificó.
Una mexicana de 38 años con una green card en el estado de Texas, casada con un ciudadano estadounidense, deseaba visitar a su familia en Chihuahua, pero le inquietaba “mucho” lo que pudiera pasar al volver a cruzar a Estados Unidos. Desistió del viaje. “Mi preocupación es que esto no cambie pronto”, dice. El temor a los controles en cualquier punto de entrada al país -aéreos o terrestres- es uno de los más citados.
“Hemos sido contratados preventivamente por residentes permanentes que desean viajar, porque habían sido activos en redes sociales expresándose políticamente. Tenían miedo de tener algún problema en la puerta de entrada de Estados Unidos al volver”, reveló Tetzeli, que cuenta que dan consejos a los clientes que consultan acerca de las medidas que pueden tomar al entrar al país para proteger el a celulares o laptops por parte de agentes federales.
“El miedo de muchos no es solamente de salir del país, sino también acceder a servicios y beneficios para los que son completamente elegibles, y eso es lo que es está afectando a muchos residentes legales: de cierta manera los está enjaulando el temor a hacer determinadas cosas, como antes había pasado con los indocumentados”, amplió Soto.
En busca de la ciudadanía
Según estudios del Pew Research Center, de los cerca de 46,1 millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos, el 77% son legales (49% está naturalizado, 24% tiene residencia permanente y 4%, temporal), mientras que el 23% son indocumentados.
A medida que la istración Trump intensifica su aplicación de las leyes migratorias, otro fenómeno crece a la par: el de los titulares de green card que buscan avanzar con los trámites para obtener la ciudadanía estadounidense, con la esperanza de asegurar su estadía en el país. No asoma como algo sencillo, dada la dura postura del gobierno, advierten asociaciones de derechos de migrantes y abogados especializados.
La abogada LaToya Pompy, experta en temas migratorios en Nueva York, contó que aconseja a los titulares de green card que no permanezcan fuera de Estados Unidos más de seis meses. Si lo hacen, dice, es posible que el gobierno “alegue que abandonaron su residencia”.
El gobierno de Trump también amplió su radio de presión con una propuesta para un impuesto del 5% a las remesas enviadas desde Estados Unidos, que debate ahora el Congreso. La iniciativa angustia a migrantes cuyas familias dependen de ese dinero: el gravamen afectaría a más de 40 millones de personas, tanto indocumentadas como residentes con green card y otros visados, alertó el Caucus Hispano del Congreso (CHC).
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una organización que defiende los derechos civiles, tiene publicada en su sitio web una guía detallada con explicaciones de cómo debe actuar un residente en distintas situaciones, como por ejemplo si las fuerzas de seguridad preguntan por su situación migratoria.
Aunque la estructura sobre la migración es amplia, el asesor Stephen Miller, de ideología ultraconservadora, es apuntado por los especialistas como el cerebro detrás de las políticas más radicales de Trump en la materia, y acumula poder e influencia. “Está explorando los límites de la autoridad ejecutiva”, advierte Soto.
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