Luis Cordero, ministro de Seguridad de Chile: “Gestionar el miedo a la inseguridad como estrategia electoral es desleal”

Luis Cordero es abogado y doctor en Derecho, pero para algunos, es un bombero. Es que desde enero de 2023, cuando Gabriel Boric todavía no había terminado su primer año en el poder en Chile, Cordero es el elegido para apagar algunos de los peores “incendios” de su gestión.

Primero asumió como ministro de Justicia tras la polémica por los indultos otorgados a algunos detenidos durante el estallido social de 2019. En octubre de 2024, Boric lo designó subsecretario del Interior, en reemplazo de Manuel Monsalve, acusado de violación. Y el 1° de abril último se hizo cargo del flamante Ministerio de Seguridad Pública, en medio de una fuerte crisis en esa área que estalló durante el mandato del presidente de izquierda, especialmente por la expansión en su territorio de la banda de crimen organizado Tren de Aragua, de origen venezolano.

El avance de este grupo -considerado una organización terrorista por el gobierno de Javier Milei- en la región, fue uno de los temas que Cordero abordó en su conversación con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich este viernes después de una cumbre con pares del Mercosur y países asociados en Buenos Aires, especialmente tras la primera detención de líderes de la banda en la Argentina esta semana. En esa reunión bilateral, y pese a las diferencias ideológicas entre ambos gobiernos, los funcionarios avanzaron en la creación de una Comisión Binacional de Seguridad Pública y hablaron de temas como crimen organizado, control de fronteras y terrorismo.

En una entrevista con LA NACION en la embajada de Chile, Cordero, hijo de un carabinero, destaca que Boric, si bien fue “especialmente crítico con la policía” en el pasado, es “el que más recursos le ha destinado” a esa institución en las últimas décadas. Y cuestiona el uso de la crisis de seguridad en la campaña hacia las elecciones presidenciales de noviembre, en la que, como ya sucedió en otros países, candidatos de derecha se presentan con un programa de mano dura similar al de Nayib Bukele en El Salvador.

“Gestionar el miedo como estrategia electoral es desleal”, dice el ministro, de 52 años. Cuando habla del miedo, se refiere a las encuestas: según un sondeo, en 2023, casi nueve de cada diez chilenos creían que la delincuencia había aumentado desde el año anterior, aunque en realidad había comenzado a bajar desde una tasa máxima de 6,7 homicidios cada 100.000 habitantes a 6,3. En 2024, esa cifra cerró en 6, manteniendo una tendencia a la baja, pero todavía duplicando los índices de hace una década, y con un nivel de violencia que la sociedad chilena desconocía.

-En relación al crimen organizado, Chile está algunos pasos adelante porque el Tren de Aragua está presente allí hace años. ¿Qué evaluación hicieron sobre cómo penetra el grupo en un país?

-Yo diría que hay varios factores. El primero tiene que ver con que no es una estructura rígida sino que es más bien flexible, celular, y funciona en ocasiones como una verdadera franquicia. Por lo tanto, su persecución debe ser de redes de o esencialmente, no de estructuras verticales. La segunda es que suelen estar vinculados a delitos predatorios o estructuras que uno podría calificar como delitos comunes, pero que detrás de ellos se sostiene una organización. Delitos predatorios como trata de personas, tráfico de migrantes; por lo menos en el caso de Chile, en aquellos ámbitos donde la delincuencia nacional no participaba, como el sicariato o las extorsiones. Entonces, es un tipo de organización que penetra en la comisión de delitos predatorios y además lo hace como una estructura empresarial.

-¿Cuál fue la estrategia de Chile frente a esta amenaza?

-El país adecuó su legislación en materia de crimen organizado, con técnicas de intervención y una persecución penal integrando información. Entonces, cuando usted tiene una estructura criminal que es muy celular pareciera que está viendo delitos menores, pero cuando empieza a converger en la información consolidada, comienza a darse cuenta que son redes con determinados nudos que los conectan. ¿Y por qué a los países se les hace más difícil combatir organizaciones de este tipo? Porque sus estructuras están basadas en sujetos que están irregularmente en el país y que, por lo tanto, no tienen una identidad conocida. Lo que curiosamente comienza a identificarlos son sus celulares. Chile ha sistematizado su información, ha hecho una evaluación, un perfil criminal de los de esa organización y los persigue penalmente no solo respecto de los delitos que cometan en Chile sino en cualquier parte del mundo.

-¿Qué condiciones de Chile llevaron al Tren de Aragua a expandirse en el país?

-En general, el fenómeno de la migración forzosa en el caso de Venezuela tiende a provocar impacto en los países del entorno directo. Pero en el caso de estas estructuras criminales van a lugares o mercados que puedan optimizar. Por eso hay que tener cuidado cuando uno genera condiciones de ingreso y recursos porque también terminan por atraer a ese tipo de organización.

-¿Tiene información sobre la presencia de la organización en la Argentina?

-Es una cooperación policial que Chile está disponible a entregar a Argentina. Usted no puede combatir este tipo de organizaciones solo. O sea que cuando usted derrota una banda de crimen transnacional en un país, no solo está enjuiciando los delitos que ocurren en ese país, sino que evita que esa organización se pueda expandir a cualquier lugar.

-¿Qué se hace frente a una crisis humanitaria como la de Venezuela, con gente que necesita escapar, pero a su vez con la necesidad de controlar mejor la migración para evitar el ingreso del crimen organizado?

-Lo primero es que yo creo que en Chile hay conciencia de que no tiene capacidad de recepción migratoria, su capacidad está al límite. Lo segundo es que el periodo más álgido de la crisis migratoria estuvo en torno al 2020-2021. Las cifras de ingresos irregulares luego han bajado significativamente, entre otras cosas por los planes de zonas fronterizas con una combinación de fuerzas armadas con policía. La segunda es que hay que hacer una distinción entre flujos migratorios irregulares con la expansión de organizaciones criminales en los países. De hecho, los líderes de esas organizaciones llegaron a Chile entre 2018 y 2019 e ingresaron por frontera regular. Cuando se genera el conflicto, muchos de ellos producto de la persecución penal, abandonaron irregularmente el país y Chile ha solicitado su extradición. Usted podría tener un control migratorio regulado, pero si no pesquisa adecuadamente cómo se expanden ese tipo de organizaciones, tiene un problema. Yo creo que esa ha sido la estrategia por la que el país tiene hoy cerca de 500 personas asociadas a las células del Tren del Agua detenidas o privadas de libertad.

-¿Esos detenidos son extranjeros o hay también chilenos?

-Son mayoritariamente venezolanos y luego la nacionalidad que sigue es colombiana.

-¿Hay cooperación con Venezuela, especialmente tras las tensiones por el crimen de Ronald Ojeda, el exmilitar venezolano asesinado en Chile?

-Nosotros no tenemos cooperación para la persecución de este tipo de organizaciones por parte de Venezuela. De hecho, tenemos el consulado y la embajada cerrada. Sin embargo, las policías siguen en ocasiones compartiendo información vinculada a otro tipo de delitos. Por otro lado, Chile considera que las cárceles son también parte del ecosistema de seguridad, o sea, no hay que dejar de observarlas. Por eso el presidente también ha presentado un plan muy ambicioso de infraestructura carcelaria.

-Con cárceles de máxima seguridad…

-Fundamentalmente aumentar el número de plazas de máxima seguridad. En algunos casos usted puede tener un solo recinto, pero necesitamos módulos de máxima seguridad, con aislamiento, restricción de o directo, y especialmente como un mensaje a los líderes de esa organización.

-En ese sentido, ¿cree que hay algo para imitar en el llamado “modelo Bukele” para la persecución del crimen organizado, mencionado en la campaña?

-Chile avanzó con sus estructuras de máxima seguridad desde la década del 90, en ese momento, frente a acciones terroristas. El país viene con una política de segregación para ese tipo de perfiles desde hace algunos años por su propia historia. Yo creo que uno tiene que tener cuidado con creer que uno puede exportar modelos sin comprender los contextos en los cuales esos países tomaron sus decisiones. Uno tiene que tener cuidado con traspolar la situación de El Salvador al resto de los países de la región. El Salvador estaba en una situación muy extrema, y en seguridad pública uno tiene que tener mucha claridad de cuál es el problema que quiere intervenir. Porque toda solución de política pública siempre tiene un efecto colateral negativo, uno tiene que detectar sus riesgos para ir mitigándolos en el futuro.

-¿Cree que en esta campaña, en la que el tema de la seguridad es central, se instalará ese reclamo de un “modelo Bukele”?

-Desde el retorno a la democracia, los temas de seguridad siempre han estado en el primer lugar entre las preocupaciones de los chilenos. En Chile no dialoga el índice de victimización, que es un índice que está a la baja, con el índice de temor, que es un índice que está al alza. Y claro, tenemos este fenómeno que está vinculado a delitos violentos, respecto a un tipo de violencia que el país desconocía. Pero a las personas también les produce la sensación de inseguridad factores que en el debate público no se plantean con la misma pasión, como las incivilidades, o la importancia que tiene en la construcción de los espacios públicos. En otros términos, el Estado presente es el Estado que permite a las personas ocupar tranquilamente el espacio público.

-¿Entonces cree que con esos índices de temor hay mayor propensión a que se imponga un discurso de mano dura?

-Sí, pero los discursos de mano dura en Chile vienen desde finales de los 90. Hay que tener mucho cuidado porque los costos que pueden terminar pagando los países son demasiado altos si tratan de simplificar los problemas de seguridad.

-Usted se hizo cargo de un nuevo ministerio, que surge como respuesta a esta crisis de seguridad. ¿Cuáles son sus prioridades?

-Su pregunta sirve para ejemplificar esto: ¿es la creación del Ministerio de Seguridad una reacción a la contingencia o es producto de una preocupación de largo plazo? La discusión sobre la creación del Ministerio de Seguridad en Chile tiene 18 años. Terminada la pandemia, los índices de delitos en el mundo aumentaron, los índices de violencia aumentaron. Entonces la istración del presidente Boric coincidió con un país que venía al alza en ese tipo de delitos y por lo tanto donde había que tomar decisiones con pragmatismo. La agenda de seguridad del presidente está planteada en actualizar las instituciones, focalizar recursos y, sobre todo, actualizar la legislación. Y eso ha generado un acuerdo transversal en materia de seguridad. El gobierno no tiene mayoría en el Congreso y sin embargo, ha sacado cerca de 70 leyes en materia de seguridad. Porque claro, hay veces que uno tiene el relato de la seguridad, pero si no tiene el correlato de los recursos, el relato no transforma la realidad. Y eso tiene la perversidad de que usted está gestionando el miedo. Y, en algún sentido, gestionar el miedo como estrategia electoral es desleal con las personas.

-Boric antes de ser presidente era muy crítico de los carabineros. ¿Esta mirada lo hizo impulsar cambios dentro de la fuerza?

-La crisis social de octubre de 2019 implicó una irrupción social y la propia policía ha reconocido afectación de derechos humanos. El carabinero es una institución que buscó fórmulas de cooperación internacional para corregir sus protocolos, sus formas de intervención. Y además tuvo una capacidad de adaptación a esa crítica que la vuelve ahora a encabezar como una de las instituciones más confiables del país. La istración del presidente Boric -y esto lo ha reconocido el propio carabinero- ha asignado recursos para ese fin. Y ha terminado siendo una relación muy robusta, de mucha confianza, que yo creo que es relevante. Yo creo que el proceso de aprendizaje de Chile del 2019 hasta hoy tiene mucho de eso: que este ha sido un gobierno dirigido por un presidente que fue especialmente crítico con la policía y que es el que más recursos le ha destinado a la policía en el último tiempo. El presidente va a terminar el gobierno no solo probablemente con la agenda de seguridad más intensa en el país por lo menos en lo que va de estas décadas, con una asignación significativa de presupuesto a la policía que no había tenido en décadas, y con una policía con unos índices de confianza recuperados muy significativamente.

-Por último, en relación al terrorismo, el año pasado Bullrich habló con preocupación sobre la presencia de Hezbollah en Chile. ¿Qué información tiene al respecto?

-Nosotros hemos actualizado nuestra ley antiterrorista y somos especialmente cuidadosos de la información al amparo de esa ley. No tengo nada más que decir sobre eso.

Por Julieta Nassau

• Chile
• Gabriel Boric
• Patricia Bullrich

---

Conforme a

Escenario complejo y volátil. Cuando faltan seis meses para las presidenciales, Chile se encamina a una de sus elecciones más inciertas

Alarma meteorológica. Impresionante tornado en Chile: personas heridas y grandes destrozos materiales

Indumentaria. Qué hay detrás de las diferencias entre la Argentina y otros mercados