Primera denuncia por sospechas de corrupción sobre un ministro en el actual mandato de Lula
La Fiscalía denunció al ministro de Comunicaciones, Juscelino Filho, por desvío de recursos durante su labor como parlamentario antes de su función actual; presentó la renuncia al cargo
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PARA LA NACIONMarcelo Silva de Sousa
BRASILIA.- Luego de que la fiscalía general brasileña denunciara este martes al ministro de Comunicaciones del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva, Juscelino Filho, por sospechas de corrupción, al señalarlo como partícipe de un esquema de desvío de recursos parlamentarios a través de una compañía estatal, el funcionario renunció.
El jefe de Comunicaciones se había convertido en el primer ministro de la tercera istración de Lula denunciado por la fiscalía general, comandada por el procurador Paulo Gonet, por sospechas de corrupción. El caso se mantiene bajo secreto de sumario.
Juscelino Filho es el décimo ministro que deja el cargo en la actual gestión de Lula, pero el primero tras un caso de presunta corrupción. “Hoy tomé una de las decisiones más difíciles de mi carrera pública. Pedí al presidente mi desvinculación como ministro de Comunicaciones. No lo hice por falta de compromiso, sino todo lo contrario. Me voy porque creo que, en este momento, lo más importante es proteger el proyecto de país que ayudamos a construir y en el que sigo creyendo”, escribió en su carta de dimisión.
Los presuntos hechos de corrupción anteceden la participación de Juscelino Filho en el gobierno, de cuando era diputado federal por Maranhão, estado del nordeste de Brasil, antes de integrarse al gabinete.
Según las investigaciones, Juscelino Filho habría destinado recursos públicos de forma irregular a la ciudad de Vitorino Freire, en Maranhão, cuya alcaldesa, en ese momento, era su hermana, Luanna Rezende.
La fiscalía sospecha que recibió sobornos a través de empresas fantasma, contratadas por la estatal Compañía de Desarrollo de los Valles de San Francisco y Parnaíba (Codevasf), comandada por políticos del denominado centrão, un bloque de partidos conservadores que suelen intercambiar apoyo a las iniciativas del Ejecutivo en el Congreso a cambio de posiciones en la estructura estatal.
Al menos cuatro empresas de amigos, exasesores y una cuñada del ministro de Comunicaciones ganaron más de seis millones de dólares en contratos con la alcaldía de Vitorino Freire provenientes de recursos parlamentarios, según reveló en 2023 el periódico Estado de S. Paulo.
La Policía Federal (PF) había acusado formalmente a Juscelino Filho en junio pasado por delitos como corrupción pasiva, lavado de dinero y organización criminal.
Ahora, la denuncia elaborada por la fiscalía fue presentada ante el Supremo Tribunal Federal (STF), donde el proceso está bajo la supervisión del juez Flávio Dino, quien fue compañero de Juscelino Filho en el gobierno de Lula cuando se desempeñaba como ministro de Justicia.
En junio, Lula, quien viajó este martes a Honduras para participar de la cumbre de la Celac, afirmó que Juscelino Filho continuaría en el cargo mientras estuviera solamente en condición de acusado por la policía. En caso de haber una denuncia formal, en cambio, sería apartado.
El gobierno federal no respondió a los pedidos de comentario de LA NACION sobre la denuncia.
La defensa del ministro de Comunicaciones aseguró que Juscelino Filho “reafirma su total inocencia” y que, como diputado, “apenas se limitó a indicar recursos parlamentarios para la realización de obras en beneficio de la población”.
El escándalo de corrupción vuelve a primera plana justo cuando el gobierno de Lula redobla sus esfuerzos para recuperar su alicaída popularidad a poco más de un año de las próximas elecciones presidenciales, con actos que buscan destacar los “logros” de la istración.
El 67% de los brasileños está frustrado por el curso del tercer gobierno de Lula, que en enero entró en su segunda mitad de mandato -el 36% se mostró “muy frustrado” y el 31%, “un poco”-, según un sondeo de la consultora Genial/Quaest publicado el domingo pasado. El aumento del costo de vida, particularmente empujado por la inflación de los alimentos, aparece entre los principales factores que explican el malestar.
La corrupción fue un elemento que ensombreció los dos primeros mandatos (2003-2010) de Lula, período marcado por el crecimiento económico y políticas sociales que catapultaron la popularidad del mandatario en aquel entonces. Los escándalos revelados a partir de la operación Lava Jato, que investigó desvíos en la estatal Petrobras, fogonearon una crisis política y llevaron a dos exministros de Lula a la cárcel.
Ahora, el juez Dino debe abrir un plazo para que la defensa del ministro responda a la denuncia. Después, la fiscalía también se pronunciará. A partir de ahí, el proceso quedará listo para ser juzgado en la Primera Sala del STF, que también tiene a cargo el caso por intento de golpe de Estado que salpica al expresidente Jair Bolsonaro.
Juscelino Filho es un político del partido Unión Brasil, uno de los mayores partidos del denominado centrão en el Congreso, donde se desempeñó como un diputado del denominado “bajo clero”, apartado de las grandes discusiones. Antes de ser nombrado para el cargo, había sido reelecto en 2022 para cumplir su tercer mandato como diputado.
Su nominación en el gabinete ministerial fue una forma del gobierno de Lula de agradar a ese partido para fortalecer su base parlamentaria.
“Reiteramos que denuncias no equivalen a culpa. Unión Brasil no itirá cualquier tipo de prejuzgamiento o condena anticipada. Seguimos confiando en la seriedad y competencia del ministro”, respaldó al ministro Antonio Rueda, presidente de Unión Brasil, en un comunicado publicado tras la denuncia.
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