Así pueden afectar a Arizona los decretos ejecutivos de Trump sobre inmigración y deportación masiva

Arizona se encuentra en medio de un intenso debate sobre las nuevas políticas migratorias implementadas por el presidente Donald Trump, que ponen en jaque la situación legal de los inmigrantes en el estado.

Una de las medidas más controvertidas es la eliminación de CBP One, una herramienta que permitía a los migrantes agendar citas en los puertos de entrada para ingresar legalmente a Estados Unidos. Además, se reinstauró la política de “Permanecer en México”, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se procesan sus casos. Sumado a esto, el presidente presentó una propuesta para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, lo que afectaría a miles de hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos.

Estas decisiones son un tema central de discusión en Arizona, un estado clave en la frontera, donde las políticas migratorias federales tienen un impacto directo en la vida de los migrantes y en la economía de las comunidades locales.

El contexto en Arizona y las preocupaciones de los migrantes

Esta semana, las organizaciones de derechos migrantes, como Aliento, manifestaron su preocupación sobre las dificultades que podrían enfrentar las familias inmigrantes en Arizona y otros estados, especialmente tras la decisión del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Circuito que consideró ilegal el programa DACA.

En medio de esta incertidumbre, Aliento dejó en claro que los beneficiarios de DACA que se inscribieron antes de la sentencia seguirán protegidos, aunque el clima de tensión se incrementa. “Estamos viviendo tiempos difíciles en términos de políticas migratorias”, afirmaron desde la organización, que además ofrece apoyo legal y emocional a las familias que pudieran enfrentarse a deportaciones.

Con el regreso de Donald Trump a la presidencia, las expectativas apuntan a una intensificación de su agenda migratoria, que incluye deportaciones masivas y un mayor control en la frontera sur con México, lo que genera inquietud en las comunidades migrantes. Los abogados de inmigración aclaran, sin embargo, que muchas de estas medidas no se implementarán de inmediato debido a limitaciones económicas, de personal y de tiempo en los tribunales.

Mientras tanto, las redes de apoyo de organizaciones como Mi Familia Vota y Rural Arizona Action (RAZA, por sus siglas en inglés) están preparadas para asistir a las comunidades afectadas por los cambios en las políticas migratorias. Además del asesoramiento legal, se brinda contención psicológica, dada la presión emocional que esta situación genera.

Kassandra Álvarez, integrante de RAZA, aseguró a ConectaArizona que su enfoque sigue siendo proteger a las familias mediante recursos directos y brindarles a abogados especializados: ”Estamos preparándonos para respuestas rápidas ante posibles cambios en políticas migratorias, y organizando foros comunitarios para escuchar las preocupaciones y responder a sus necesidades de manera oportuna”.

Arizona: impacto económico y social de las nuevas medidas

Con un 13,1% de su población nacida en el extranjero, Arizona depende en gran medida de sus comunidades migrantes. Estas aportan US$9100 millones en impuestos y poseen un poder adquisitivo de US$28.400 millones, según datos del American Immigration Council. Además, los inmigrantes representan el 16,2% de la fuerza laboral del estado, desempeñándose en sectores clave como la agricultura (34,5%) y la construcción (24,8%).

Las políticas migratorias de endurecimiento de las deportaciones podrían afectar gravemente a la economía de Arizona, que depende en gran medida de la mano de obra inmigrante.

Con 264.600 inmigrantes indocumentados que residen en el estado, muchos de los cuales llevan más de cinco años en el país, su aporte es fundamental en sectores clave como la salud, los servicios públicos, la agricultura y el cuidado de personas. La posible expulsión de estos trabajadores no solo generaría una crisis humanitaria, sino que también desestabilizaría industrias enteras y agravaría la escasez de mano de obra, lo que afectaría negativamente la economía local y estatal.

El futuro de los “Dreamers” y los trabajadores esenciales

Uno de los grupos más vulnerables ante estas nuevas medidas son los llamados “Dreamers”, jóvenes que ingresaron a Estados Unidos como niños que podrían perder la protección que les otorgaba la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

A nivel laboral, la posible reducción de la población inmigrante también podría exacerbar las brechas en sectores como la tecnología y la salud, donde los inmigrantes representan el 19% de los trabajadores tecnológicos y el 10,8% de las enfermeras.

Una comunidad resiliente ante el cambio

Las nuevas medidas migratorias generaron un clima de incertidumbre y preocupación, y la comunidad se está preparando para lo que vendrá, buscando asesoría legal para enfrentar lo desconocido. Con más de 964.200 inmigrantes que juegan un papel crucial en el desarrollo del estado, las próximas semanas serán determinantes para ver cómo estas políticas afectarán la vida cotidiana de millones de personas.

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