Arrestos, detenciones y deportaciones: las cifras de los argentinos en la mira del Servicio de Inmigración de EE.UU.
El caso de Agustín Gentile se enmarca dentro de las recientes advertencias emitidas por la istración Trump a los titulares de la green card
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Aunque llamativo, el arresto en el aeropuerto de Los Ángeles del argentino que vivió legalmente en Estados Unidos durante 18 años ilustra de manera clara las políticas implementadas por Donald Trump, quien durante su campaña presidencial prometió endurecer las leyes migratorias y erradicar lo que consideraba abusos en el sistema de inmigración del país.
La detención se enmarca dentro de las recientes advertencias emitidas por su istración a los titulares de la green card, a quienes el gobierno dejó claro que este estatus no garantiza una permanencia indefinida y que cualquier acción percibida como una amenaza para la seguridad nacional podría tener consecuencias graves. Según trascendió, los supuestos antecedentes legales del argentino Agustín Gentile (31) podrían haber sido un factor determinante en la confiscación de su tarjeta de residencia y su posterior arresto.
Este es el primer caso conocido públicamente de un inmigrante argentino arrestado durante el segundo mandato de Trump, pero no se trata de una práctica nueva. De hecho, durante la istración de Joe Biden, la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés), una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), arrestó a 322 inmigrantes argentinos. No obstante, su enfoque fue menos severo, ya que sus directrices permitían una evaluación más flexible de cada caso, considerando factores como la gravedad del delito, el tiempo de residencia y el impacto en la familia, explicó a LA NACION Colleen Putzel-Kavanaugh, analista de políticas asociada del Programa de Políticas de Inmigración de Estados Unidos del Migration Policy Institute.
“Se instruyó a los agentes a considerar la ‘totalidad de las circunstancias’ de cada caso y los factores atenuantes”, indicó la experta.
Por el contrario, cuando Trump asumió la presidencia, derogó esas directrices, lo que resultó en un enfoque mucho más estricto y menos flexible hacia la inmigración. “Aunque las prioridades siguen siendo las amenazas a la seguridad nacional, tanto en sus declaraciones como en sus acciones, la istración ha dejado claro que cualquier persona considerada ‘removible’ corre el riesgo de ser deportada”, precisó Putzel-Kavanaugh.
Aunque el ICE aún no ha publicado las cifras desglosadas por nacionalidad correspondientes al actual mandato de Trump, los datos generales de sus primeros 100 días en el poder ofrecen una muestra del endurecimiento de su política migratoria. En ese período, el gobierno detuvo a 158.000 personas en situación migratoria irregular. La istración sostiene que ICE ha concentrado sus esfuerzos en detener a “lo peor de lo peor”, aunque la realidad muestra un panorama más matizado: entre los detenidos hay también personas con infracciones menores, como multas de tránsito o incidentes viales.
En paralelo, el gobierno ya ha deportado a unas 142.000 personas y ha manifestado su intención de superar el número de remociones alcanzado durante el mandato de Biden, que, contrariamente a la percepción general, fue mayor que el de Trump en su primera presidencia: más de 1,5 millones de inmigrantes fueron deportados entre 2021 y 2024.
“Esto es solo el comienzo”, advirtió Trump, dejando en claro que su política migratoria continuará con mano dura.
En este contexto, los datos sobre los arrestos de ciudadanos argentinos durante el período previo ayudan a dimensionar el alcance de estas medidas.
Entre 2021 y 2024, bajo la presidencia de Biden, del total de 322 arrestos, el 29% (93 casos) ocurrieron en Miami, la ciudad estadounidense con la mayor comunidad argentina. Le siguen Newark, con 30 arrestos; Chicago, con 23; Los Ángeles, con 19; Houston, con 14; y Nueva York y Boston, con 12 arrestos cada una. El resto se distribuye en otras “áreas de responsabilidad” que ICE define según sus divisiones regionales.
En cuanto al historial judicial, de los 322 arrestos de ciudadanos argentinos entre 2021 y 2024, 101 corresponden a personas que ya habían sido condenadas penalmente en Estados Unidos al momento de su arresto, mientras que 66 enfrentaban cargos penales aún pendientes. Los 155 restantes no tenían condenas ni acusaciones penales vigentes, pero habían incurrido en violaciones a las leyes migratorias, como exceder el tiempo de estadía permitido por su visa o incumplir las condiciones del Programa de Exención de Visa.
En lo que respecta a las detenciones, el número total de argentinos detenidos en Estados Unidos entre 2021 y enero de 2025 asciende a 644. No obstante, las cifras aún no han sido actualizadas desde el regreso de Trump a la presidencia.
Es importante señalar que el arresto y la detención por parte del ICE son acciones distintas, aunque vinculadas. La diferencia radica en que los arrestos solo incluyen a las personas detenidas directamente por ICE, mientras que las detenciones abarcan a todas las personas que pasan a custodia de ICE, incluidas las transferidas desde otras agencias como la Patrulla Fronteriza (CBP) o cárceles locales. Las detenciones también incluyen a quienes se entregan voluntariamente o son derivados por tribunales, lo que hace que su número sea generalmente mayor que el de los arrestos.
Del total de detenciones de argentinos registradas en ese período, 126 ocurrieron en Phoenix, Arizona, una ciudad que alberga una de las principales oficinas de la ERO y que se ha consolidado como un centro clave para los operativos migratorios. Además, su cercanía a importantes centros de detención, como los de Eloy y Florence, refuerza su papel estratégico. Le siguen Miami, con 107 detenciones, y San Antonio, con 85.
Otras medidas migratorias relevantes incluyen las remociones. Entre 2021 y enero de 2025, un total de 312 ciudadanos argentinos fueron deportados de Estados Unidos. Este término se refiere al proceso formal mediante el cual un extranjero es expulsado del país tras la emisión de una orden de remoción por parte de un tribunal de inmigración u otra autoridad competente. Las remociones comprenden tanto las salidas voluntarias acordadas con las autoridades como las expulsiones forzadas.
Paralelamente, 59 argentinos se encuentran actualmente bajo el programa de Alternativas a la Detención (ATD, por sus siglas en inglés). Se trata de iniciativas diseñadas para permitir que personas involucradas en procesos migratorios permanezcan en la comunidad mientras cumplen con las condiciones impuestas por el ICE. Estas alternativas buscan reducir la dependencia de los centros de detención, garantizando al mismo tiempo que los individuos se presenten ante las autoridades migratorias y acaten las órdenes de remoción cuando corresponda.
La creciente saturación del sistema también ha incentivado el uso de estas medidas. A comienzos de 2025, ICE contaba con financiamiento para apenas 41.500 camas en centros de detención, una cifra insuficiente frente a la cantidad de personas sujetas a procesos de deportación. Como consecuencia, muchas de ellas —incluso aquellas con antecedentes penales— permanecen en libertad supervisada mientras se define su situación migratoria.
LA NACION intentó en reiteradas ocasiones comunicarse con la Cancillería argentina y con varios consulados argentinos en Estados Unidos para consultar si estaban al tanto de la situación de los ciudadanos arrestados, detenidos o deportados por las autoridades migratorias estadounidenses, pero al momento de la publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.
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