Gavin Newsom busca frenar la aplicación de una ley que podría afectar a miles de familias en California
El gobierno del Estado Dorado presentó una apelación ante el fin de los subsidios agrícolas del USDA, utilizados para abastecer a los bancos de alimentos locales
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LA NACION
El gobernador Gavin Newsom elevó una advertencia contundente al gobierno federal por una decisión que amenaza con dejar sin asistencia alimentaria a millones de personas en California. La medida, adoptada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), generó una alarma entre familias vulnerables, bancos de alimentos y pequeños agricultores. En respuesta, el mandatario californiano solicitó formalmente revertir la cancelación de un programa clave que se instauró durante la istración Biden.
Una apelación urgente por un programa vital: de qué se trata la apelación de Newsom
Newsom presentó el sábado una apelación oficial al USDA, donde exige que se anule la decisión de eliminar un programa alimentario que sostuvo tanto a productores locales como a miles de hogares con bajos recursos desde su creación en 2021. Según detalló el Los Angeles Times, la iniciativa federal se implementó tras la pandemia para descentralizar y diversificar las cadenas de suministro de alimentos.
En el comunicado difundido a través de la Oficina del Gobernador y replicado en redes sociales, Newsom advirtió: “La reducción irracional y maliciosa de fondos no solo perjudicará a nuestros agricultores, sino también a las familias que necesitan los bancos de alimentos”.
Desde su puesta en marcha, el programa canalizó más de 88 millones de dólares hacia California, destinados principalmente a la compra de alimentos cultivados por agricultores locales, en especial aquellos considerados socialmente desfavorecidos. Se preveía un refuerzo de US$47 millones este año, pero la decisión federal detuvo esa asignación.
Impacto en el campo y en la mesa: cómo perjudica a California el cierre de este programa
La repentina cancelación del programa federal dejó paralizados los fondos ya aprobados, lo que congeló pagos que debían entregarse hasta 2026. Esta interrupción ocurrió en plena temporada de siembra, cuestión que generó caos entre quienes ya habían comprometido su producción a este esquema de compras garantizadas.
Becky Silva, directora de relaciones gubernamentales de la Asociación de Bancos de Alimentos de California, explicó: “Muchos agricultores no sabían qué sembrar ni si sus cosechas tendrían comprador”. Aunque se liberaron parcialmente los recursos bloqueados, la perspectiva de nuevos fondos desapareció.
Silva recalcó que los bancos de alimentos también resultaron profundamente afectados. El año pasado, su organización recibió más de US$22 millones provenientes de este programa. Sin esos fondos, el volumen de comidas distribuidas a personas necesitadas se reduciría drásticamente, justo cuando la demanda comenzó a escalar.
Las cifras oficiales citadas por LA Times reflejan un panorama complejo. En septiembre de 2024, más del 25% de las familias con hijos en California itieron tener dificultades para acceder a una alimentación adecuada. Ese índice incluso superó el 30% en los inicios del programa, lo que mostró que la necesidad sigue presente.
En paralelo a la medida federal, Sacramento también redujo el presupuesto del programa estatal Cal Foods, que abastece a los bancos de alimentos. En junio, esa asignación bajará de US$60 millones a apenas US$8 millones, una disminución drástica que se suma a los recortes federales.
Este escenario se agrava con el aumento sostenido del costo de vida. En febrero, los precios de los alimentos en Los Ángeles fueron un 2,5% más altos que el año anterior. Para marzo, el USDA ya había proyectado que los precios de los comestibles crecerían un 2,7% adicional en todo el país norteamericano antes de fin de año. A esto se suman nuevos aranceles y que, según analistas, impulsarán aún más el valor de los productos básicos.
Las críticas a la decisión “arbitraria” de USDA
El rechazo del gobierno californiano a esta cancelación no solo se expresó en términos políticos y sociales, sino también legales. En la carta de apelación, la subdirectora del Departamento de Servicios Sociales de California, Alexis Fernández García, calificó la acción del USDA como “arbitraria, caprichosa y un abuso de discreción”.
La funcionaria sostuvo que la medida viola normas federales y debe ser revertida sin demora. Desde el gobierno de Newsom se insistió en que la eliminación del programa no contó con una justificación sólida ni razonada por parte del USDA, que hasta el momento no ofreció explicaciones públicas.
Mientras las autoridades estatales continúan con su presión para evitar la pérdida definitiva de los recursos, miles de familias y agricultores siguen en vilo, a la espera respuestas y soluciones.
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