Es guatemalteco, fue deportado por error a México y ahora un juez ordena su regreso a EE.UU.

Un juez federal de Estados Unidos ordenó el retorno de un migrante guatemalteco que había sido deportado por error a México, pese a contar con una protección humanitaria que impedía su expulsión. El hombre, identificado con las siglas O.C.G., había recibido asilo parcial por el riesgo probado de sufrir persecución en su país de origen, pero una serie de fallas istrativas lo dejó nuevamente en peligro. Ahora, tras meses en la clandestinidad, una decisión abrió el camino para su regreso a EE.UU.

Expulsión forzada: los detalles del caso de este migrante guatemalteco deportado

O.C.G. huyó de Guatemala luego de ser blanco de repetidas amenazas de muerte debido a su orientación sexual. La situación se tornó aún más crítica cuando, camino a la frontera estadounidense, uno de los hombres que supuestamente lo ayudaba lo violó, lo secuestró y exigió dinero para liberarlo.

Pese a esos antecedentes, las autoridades migratorias lo enviaron a México dos días después de que un juez le concediera la figura conocida como withholding of removal, una forma de amparo humanitario que impide ser devuelto a su país de origen.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ofreció una alternativa impensada: permanecer meses detenido en México mientras solicitaba asilo allí, país donde acababa de ser víctima de agresiones, o aceptar que las autoridades mexicanas lo devolvieran a Guatemala. Según su defensa, esa fue una decisión sin opciones reales.

Su equipo legal denunció en el expediente:

• Que O.C.G. había sido víctima de violación, secuestro y extorsión en suelo mexicano.
• Que su temor de regresar a México o Guatemala estaba documentado.
• Que, sin embargo, las autoridades lo bajaron de un bus en dirección opuesta a su protección.
• Que desde entonces vivió oculto en Guatemala, bajo riesgo constante.

Demanda contra la istración Trump por deportaciones

O.C.G. figura como uno de los cuatro demandantes principales en una acción colectiva contra el gobierno estadounidense. La demanda, presentada en el Tribunal del Distrito de Massachusetts, cuestiona la práctica del DHS de deportar personas a países distintos del de origen sin permitirles argumentar que podrían enfrentar persecución o muerte.

Según el expediente judicial:

• La demanda fue impulsada por D.V.D., M.M., E.F.D. y O.C.G. contra el DHS y otros funcionarios federales.
• Alega que el gobierno viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), la Ley FARRA de 1998 y la Quinta Enmienda de la Constitución.
• Expone que el DHS no cuenta con una política escrita para notificar ni permitir defensa basada en temor fundado antes de deportar a un tercer país.
• Señala que esta ausencia ocasionó deportaciones irregulares, incluso para personas con amparo judicial vigente.

El error que cambió el curso judicial en el caso de O.C.G.

El gobierno sostuvo que O.C.G. no expresó temor de regresar a México. Sin embargo, el 16 de mayo, los abogados del Estado itieron que no pudieron identificar al oficial que supuestamente le había hecho esa pregunta.

Brian Ortega, director asistente de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), reconoció que firmó una declaración basada en datos ingresados en un software interno de la agencia, conocido como Alien Removal Module, pero que luego no se halló evidencia alguna de que alguien efectivamente le consultara a O.C.G. si temía ser devuelto a México.

El juez Brian E. Murphy, desde Boston, calificó esa situación como “preocupante” y ordenó una investigación completa sobre cómo se presentó información falsa en dos ocasiones, lo que perjudicó gravemente al migrante. También instruyó que los funcionarios involucrados sean citados a declarar.

En su fallo, citado por The Washington Post, Murphy escribió que lo ocurrido representaba “el horror banal de un hombre subido erróneamente a un colectivo y enviado a un país donde había sido violado y secuestrado”. También expresó que el tribunal no podía quedarse de brazos cruzados ante el daño que había causado la desinformación oficial.

La orden judicial que exige regresar al guatemalteco a Estados Unidos

En su fallo, el magistrado ordenó al gobierno “tomar todas las medidas necesarias e inmediatas” para coordinar con los abogados de O.C.G. y facilitar su retorno a suelo estadounidense. También distinguió este caso en particular del de otro migrante expulsado en similares condiciones, Kilmar Abrego García, quien fue deportado a El Salvador pese a una orden de protección y que actualmente se encuentra bajo custodia del gobierno salvadoreño, lo cual impide su repatriación.

Murphy subrayó que, a diferencia de Abrego García, O.C.G. no está en manos de otro gobierno, lo que simplifica las acciones para devolverlo. Trina Realmuto, directora ejecutiva de la National Immigration Litigation Alliance y abogada del guatemalteco, celebró el fallo: “El equipo legal está encantado de que O.C.G. pueda volver a un lugar seguro en Estados Unidos. Colaboraremos con el gobierno para organizar su regreso lo antes posible”.

De todas maneras, la istración Trump sostuvo que no tenía facultades para revertir la expulsión y que O.C.G. podía apelar su caso desde el extranjero.

Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, afirmó que se trataba de un extranjero en situación irregular que había recibido protección contra la expulsión a Guatemala, pero no contra su traslado a México, al que calificó como “un tercer país seguro”. En tanto, cuestionó la decisión del juez y advirtió: “Esperamos que una instancia superior nos dé la razón”.

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