Es venezolano, tiene 20 años y fue deportado por Trump a El Salvador, pero una jueza federal pide que lo regresen
Stephanie Gallagher, magistrada de Maryland, determinó que se vulneró un acuerdo vigente sobre protección a menores solicitantes de refugio y exigió gestiones diplomáticas para revertir la expulsión hacia Centroamérica
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LA NACION
Una jueza federal de Maryland ordenó al gobierno de Donald Trump que facilite el retorno a Estados Unidos de un joven venezolano de 20 años que fue deportado a El Salvador en marzo. La decisión se ampara en un acuerdo judicial previo que protegía a menores no acompañados que pidieron asilo en el país norteamericano.
Orden judicial por violación de acuerdo de asilo
El migrante, identificado como “Cristian” en los documentos judiciales, fue en uno de los tres aviones con presuntos de bandas criminales como MS-13 y el Tren de Aragua trasladados a la megacárcel CECOT de El Salvador, según informó ABC News.
La jueza Stephanie Gallagher, nombrada por Trump, determinó que la expulsión de Cristian violó un acuerdo firmado en 2024, que protege a quienes ingresaron al país siendo menores de edad sin compañía y solicitaron asilo.
Gallagher sostuvo que la istración Trump debe solicitar “de buena fe” al gobierno salvadoreño que libere al joven para trasladarlo a Estados Unidos, donde deberá continuar su proceso de asilo ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).
La comparación con el caso de Ábrego García
Gallagher se basó en el antecedente reciente de Kilmar Ábrego García, otro migrante deportado de manera indebida bajo condiciones similares. En ambos casos, las cortes resolvieron que el gobierno violó los términos del acuerdo al proceder con la expulsión.
“Este caso, a diferencia de otros vinculados a la Ley de Enemigos Extranjeros, es una disputa contractual”, afirmaron los abogados demandantes en relación con el artilugio utilizado por el gobierno para deportar migrantes sin un debido proceso.
En el caso de Ábrego García, Trump y sus funcionarios lo calificaron como miembro de la pandilla MS-13. Sin embargo, la justicia no validó esa acusación. La jueza federal Paula Xinis ordenó su repatriación al considerar que las pruebas eran vagas. Entre ellas, figuraban una gorra de los Chicago Bulls y un buzo con capucha.
La posición del gobierno sobre la Ley de Enemigos Extranjeros
El gobierno de Trump justificó la deportación de Cristian mediante la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, aprobada en el siglo XVIII, que permite la expulsión de extranjeros sin garantías procesales en contextos de guerra.
Bajo esa norma, Cristian fue designado como “enemigo extranjero” por el hecho de ser venezolano y mayor de 14 años, y presunto integrante del grupo delictivo Tren de Aragua (TdA), según el director interino de la Oficina de Operaciones de Ejecución y Deportación, Robert Cerna.
El 6 de enero, Cristian fue condenado en el Tribunal del Distrito 482 del condado de Harris, Texas, “por el delito de posesión de cocaína, un delito grave según la clasificación de cárceles estatales de Texas”, comentó Cerna.
El funcionario indicó que, tras la invocación de la Ley de Extranjeros Enemigos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) determinó que Cristian estaba sujeto a deportación. Fue trasladado a El Salvador el 15 de marzo.
Por su parte, los abogados de la demanda colectiva explicaron que “las alegaciones dede que de la clase están sujetos a la Ley de Enemigos Extranjeros no los excluyen del acuerdo”. La defensa sostiene que, al no respetar el acuerdo, el gobierno incurrió en un incumplimiento contractual.
La orden de la jueza Gallagher para evitar casos similares
Los abogados del caso alertaron que otro migrante venezolano de 18 años, identificado como “Javier”, también estuvo en riesgo de ser deportado. La jueza Gallagher determinó que también está cubierto por el acuerdo de 2024 y emitió una orden judicial temporal para evitar su remoción del país.
En ese sentido, la magistrada ordenó al gobierno abstenerse de remover a otros individuos protegidos por el acuerdo judicial. Esta decisión establece un precedente legal frente al uso de facultades ejecutivas para ejecutar deportaciones sin un proceso migratorio completo, especialmente cuando existen compromisos judiciales vigentes.
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