Nuevo fallo: la decisión judicial que podría abrir el camino a residencia para miles de migrantes en EE.UU.

Una reciente resolución de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) podría cambiar el destino migratorio de miles de personas que recibieron un formulario 1-220A tras haber sido liberadas bajo palabra en la frontera. El caso, conocido como Matter of Q. Li, estableció un nuevo precedente sobre cómo deben clasificarse legalmente los migrantes que ingresan sin inspección y luego reciben libertad condicional.

El caso que disparó el cambio en el uso del formulario 1-220A

El 27 de junio de 2022, una ciudadana china cruzó la frontera sur de Estados Unidos a pie, sin pasar por un punto oficial de entrada y sin portar documentos válidos para su ingreso. Fue detenida por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a unos 8,6 kilómetros del puerto de entrada más cercano, en una zona ubicada aproximadamente a 90 metros del límite internacional.

Según consta en el expediente, la mujer itió que no contaba con papeles migratorios. Tras su arresto, las autoridades la trasladaron a un centro de procesamiento, donde al día siguiente fue liberada bajo parole —libertad condicional humanitaria— conforme al artículo 212(d)(5)(A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).

Esa libertad condicional estaba sujeta a una condición clara: debía presentarse periódicamente ante una oficina de campo del DHS. Pero su situación dio un giro el 30 de octubre de 2024, cuando Interpol notificó al gobierno estadounidense que existía una “Red Notice” para su detención por delitos cometidos en España, vinculados a falsificación de documentos y tráfico de personas. El 25 de noviembre de dicho año, cuando la mujer acudió a una cita programada con inmigración, fue nuevamente arrestada.

Lo que resolvió la Junta de Apelaciones de Inmigración

El núcleo de la disputa jurídica giró en torno a si la mujer tenía derecho a solicitar una fianza. Su abogado argumentó que, tras haber sido liberada bajo parole, debía ser tratada bajo el artículo 236(a) de la INA, que permite a los jueces de inmigración considerar la libertad bajo fianza. Sin embargo, el juez de primera instancia lo negó.

El funcionario consideró que la mujer seguía detenida bajo el artículo 235(b)(2)(A), que obliga a mantener la captura a ciertos migrantes hasta que concluyan sus procesos de remoción.

La Junta de Apelaciones, en una decisión publicada el 15 de mayo de 2025, confirmó esta interpretación del juez de primera instancia. Según el fallo, el tipo de detención que afecta a los migrantes que cruzaron sin autorización se rige por el artículo 235(b). Y, por lo tanto, no existe derecho a solicitar una fianza durante el proceso migratorio.

Este punto resulta clave, ya que afecta directamente la jurisdicción de los jueces migratorios para revisar solicitudes de fianza. Si una persona está sujeta al artículo 236(a), puede pedir una audiencia ante un magistrado. Si está bajo el artículo 235(b), no tiene ese derecho.

¿Quiénes quedan alcanzados por este fallo?

La decisión abarca a toda persona considerada un “solicitante de isión”, que según el artículo 235(a)(1) de la INA incluye a aquellos que cruzan sin inspección, sin importar si son capturados en un puerto oficial o en un punto intermedio. La Corte Suprema de los Estados Unidos ya había avalado esta interpretación en el caso DHS v. Thuraissigiam, al dejar en claro que quienes entran sin permiso no pueden considerarse itidos legalmente, aunque hayan sido liberados bajo control de migración.

En consecuencia, el fallo afecta a quienes:

• Hayan cruzado la frontera sin pasar por un puerto autorizado de entrada.
• Hayan sido arrestados poco después de su ingreso al país.
• Hayan sido liberados bajo parole humanitario con el formulario 1-220A.
• Se encuentren en procesos de remoción y su libertad haya sido revocada.

¿Cómo beneficiaría a quienes tienen un 1-220A?

Desde Ciber Cuba explicaron que, aunque el fallo de la Junta reafirmó una interpretación restrictiva en cuanto al derecho a fianza, también generó un debate entre abogados y activistas. Algunos expertos interpretan que al confirmar que estas personas siguen bajo el artículo 235(b), se refuerza el argumento de que no fueron “formalmente itidas” en Estados Unidos, lo cual podría ser clave en otras solicitudes migratorias, como el ajuste de estatus.

Además, hay quienes creen que esta decisión podría terminar por favorecer a ciertos migrantes con parole humanitario al sostener, implícitamente, que su estatus sigue siendo el de arriving alien, lo cual los mantendría fuera de ciertas restricciones aplicables a otros grupos. Si bien el fallo no otorga derechos nuevos ni legaliza automáticamente a nadie, podría ser usado estratégicamente por abogados para argumentar elegibilidad bajo otras normativas.

Por ejemplo, Rosaly Chaviano, abogada de inmigración con sede en Miami, le explicó a Telemundo que la decisión de la Junta “nos abre una puerta en corte para decirle a un juez: ‘mi cliente debió haber recibido un parole y, por lo tanto, califica para la residencia’”.

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