¿Se puede cruzar la frontera y obtener asilo en Estados Unidos?: qué dice el Departamento de Seguridad Nacional

Si un migrante cruza la frontera de Estados Unidos de forma ilegal, es decir, a través de algún punto no autorizado entre sus puertos de entrada autorizados, no podrá solicitar asilo en el país norteamericano, según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés).

Esto es así desde junio de 2024, cuando el mandatario saliente Joe Biden firmó y publicó una regla final provisional y una proclama presidencial por tiempo indefinido que readecuó las políticas de asilo, en el marco de la crisis migratoria que afronta EE.UU. desde hace varios meses.

En esa línea, el DHS especifica en su sitio web oficial que los no ciudadanos que crucen ilegalmente entre los puertos de entrada no serán elegibles para solicitar este beneficio, salvo en “circunstancias extremadamente apremiantes”.

Cuáles son las excepciones definidas por el DHS

Estas excepciones incluyen casos como ser víctima de una forma grave de trata humana o enfrentar una emergencia médica. Sin embargo, en general, para quienes sean detectados mientras cruzan la frontera de forma irregular, la suspensión de entrada se mantiene activa y conlleva penalidades severas.

Según el comunicado oficial, “los no ciudadanos que crucen la frontera sur y sean objeto de un procedimiento de remoción expedita mientras está en vigor la limitación solo serán referidos para una verificación de temor creíble con un oficial de asilo si manifiestan o expresan temor a regresar a su país de origen o al país al que serán removidos”.

Cuáles son las consecuencias de cruzar la frontera por fuera de los puertos de entrada

El DHS advierte sobre los peligros inherentes a cruzar la frontera de manera irregular. Estas rutas suelen estar controladas por organizaciones criminales, contrabandistas y carteles que explotan a los migrantes vulnerables. Además, los riesgos del terreno incluyen lesiones, deshidratación, insolación e incluso la muerte.

Además, remarca que el cruce ilegal no solo representa una amenaza considerable para quienes intentan esta vía, sino que también desencadena consecuencias legales graves.

En específico, los migrantes que no cumplan con las regulaciones deben enfrentar la deportación inmediata a su país de origen o a una tercera Nación, junto con una prohibición de reingreso a EE.UU. de al menos cinco años. Además, podrían enfrentar cargos criminales que permanecerán en su registro permanente.

Las restricciones también se aplican a las familias que ingresen sin autorización, salvo en casos donde se apliquen excepciones según la proclama presidencial. Los menores no acompañados, sin embargo, están exentos de las disposiciones de remoción expedita y de la suspensión de entrada.

A su vez, según el documento, “la suspensión de entrada y la limitación de la entrada no se aplicarán a los no ciudadanos que utilicen un proceso apropiado para la entrada segura y ordenada de no ciudadanos a Estados Unidos, incluida la aplicación móvil CBP One”.

Asimismo, las reglas no afectan a residentes permanentes legales, menores no acompañados, víctimas de trata humana ni a quienes cuenten con visas o permisos legales válidos. Por último, el DHS concluye: “Nuestro mensaje sigue siendo el siguiente: los migrantes no deben ponerse a sí mismos ni a sus familiares en grave peligro. Deben usar vías legales para venir a Estados Unidos”.

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