Greg Abbott está por firmarla: la ley que “blinda” a Texas contra los inmigrantes y exige colaborar con el ICE
Al cierre de la sesión legislativa del Estado de la Estrella Solitaria, se aprobó la SB 8, que amplía las atribuciones del plan federal 287 (g); la cooperación de los sheriffs en materia migratoria estará en casi todos los condados texanos
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Texas dio un nuevo paso para reforzar su política migratoria. Se aprobó una ley que obliga a la mayoría de los sheriffs del estado a colaborar con las autoridades federales de inmigración, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Ahora solo falta la firma del gobernador Greg Abbott, que ya manifestó su apoyo a la iniciativa.
Detalles del proyecto de ley SB 8 de Texas: colaboración con el ICE bajo el acuerdo 287 (g)
El Senado de Texas aprobó con mayoría republicana el proyecto de ley SB 8, que recibió su sanción final en ambas cámaras el 2 de junio de 2025 y fue enviado al gobernador Abbott este martes. Esta normativa establece que los sheriffs de condados con cárceles, ya sea que las istren directamente o mediante terceros, deberán firmar convenios de cooperación con ICE.

Esta obligación afectaría a cerca de 234 de los 254 condados que existen en Texas, según explicó uno de los autores de la ley a The Texas Tribune.
Acuerdos 287 (g): las exigencias migratorias que impone la nueva ley de Texas
El corazón de la ley SB 8 reside en los llamados acuerdos 287(g), una herramienta legal que permite al ICE delegar funciones migratorias a oficiales locales. El proyecto amplió el alcance original, que se limitaba a la emisión de órdenes istrativas en las cárceles, y ahora permitirá a los sheriffs elegir entre tres tipos de convenios:
- 287(g) Jail Enforcement Model: permite a los agentes locales identificar a personas detenidas por otros delitos que podrían estar en situación irregular.
- 287(g) Warrant Service Officer Model: habilita a los funcionarios de cárceles a ejecutar órdenes istrativas de detención emitidas por el ICE.
- 287(g) Task Force Model: autoriza a oficiales locales a actuar como agentes federales en la vía pública, al interrogar a personas sobre su estatus migratorio durante operativos rutinarios. Este último modelo ha sido criticado por facilitar perfiles raciales.

Apoyo de Greg Abbott a la colaboración de Texas con el ICE
El gobernador Greg Abbott manifestó en reiteradas ocasiones su respaldo a políticas de línea dura en materia migratoria. El 3 de junio recibió formalmente el proyecto, que contó también con la aprobación de Donald Trump. Según informó The Texas Tribune, el presidente apoyó el proyecto días antes de su votación final.
Por su parte, el representante republicano David Spiller, impulsor del proyecto en la Cámara baja, aseguró que “no se trata solo de proteger la frontera, sino de seguridad pública”, y subrayó que se necesitan herramientas para enfrentar los efectos de “lo que ha ocurrido en los últimos cuatro años”, como crítica directa a la gestión de Joe Biden.
Acuerdo 287 (g) en Texas: críticas y preocupaciones por racismo y sobrecarga institucional
La normativa desató fuertes reacciones en contra por parte de legisladores demócratas y organizaciones civiles. Una de las principales preocupaciones radica en el potencial aumento de prácticas de perfil racial y la desconfianza de las comunidades inmigrantes hacia las fuerzas del orden.

Durante el debate legislativo, el senador demócrata Roland Gutierrez, abogado especializado en inmigración, recordó incidentes de perfilamiento racial por parte de policías en Texas y preguntó si la norma no incrementaría esos abusos.
El senador republicano Charles Schwertner, coautor del proyecto, respondió: “Nuestro mundo no es ciego al color. Existen sesgos inherentes, pero hay maneras de entrenar adecuadamente”.
Entre las preocupaciones destacadas por los críticos se incluyen:
- Posible incremento en detenciones basadas en rasgos físicos o suposiciones sobre origen étnico.
- Reducción de la confianza de la población inmigrante en las autoridades locales.
- Nuevas responsabilidades istrativas y financieras para condados que ya enfrentan limitaciones presupuestarias.
- Historial de abusos en modelos similares, como ocurrió en el condado de Maricopa, Arizona, bajo el mando del sheriff Joe Arpaio.
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