El Gobierno, la sociedad y la policía
LA NACIONFernando Laborda
El fuerte protagonismo de la ministra Patricia Bullrich en los últimos días, de la mano del reglamento para el uso de armas de fuego por los efectivos de las fuerzas federales, está indicando que el Gobierno se siente hoy más cómodo debatiendo sobre inseguridad que acerca de economía.
Los niveles de apoyo al protocolo , que entre otras cosas faculta a los policías a dispararles a delincuentes en fuga que puedan suponer un peligro para otras personas, han sido evidenciados en las últimas horas por distintas encuestas de opinión pública, como la de Poliarquía que publicó el domingo pasado LA NACION.
No es la primera vez, sin embargo, que el gobierno nacional busca instalar el tema de la seguridad en la escena. Una reciente frase de Patricia Bullrich , "queremos proteger a las víctimas y no a los victimarios", se relaciona con otra que lanzó el presidente Mauricio Macri en febrero de este año: "Los policías nos tienen que cuidar a nosotros, no a los delincuentes". El primer mandatario la pronunció poco después del procesamiento del policía Luis Chocobar por la muerte de un delincuente que había robado y acuchillado a un turista.
En aquel entonces, el propio Macri cuestionó un fallo judicial que había confirmado el procesamiento de Chocobar . Se despachó incluso contra el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni : "Seguro que los llamó a los jueces para felicitarlos", ironizó el jefe del Estado. En coincidencia con esa afirmación presidencial, la ministra de Seguridad destacó días atrás que el Gobierno "ha cambiado el paradigma zaffaroniano", asociado al ultragarantismo.
El convencimiento del Presidente de que su posición en materia de seguridad se acerca a la de un mayoritario sector de la ciudadanía es compartida también por su asesor en comunicación Jaime Durán Barba , quien alguna vez afirmó, en lo que para muchos fue una sobreactuación, que la mayoría de los argentinos está de acuerdo con la pena de muerte.
Pero hay un dato que también muestran las encuestas que puede resultar contradictorio con los objetivos del oficialismo. Es que en la agenda de preocupaciones de la opinión pública, hoy la inseguridad ha sido claramente desplazada por los problemas económicos. De acuerdo con el consultor Jorge Giacobbe, mientras la inseguridad ocupaba el tercer lugar entre los primeros problemas mencionados por la ciudadanía, actualmente ocupa el quinto o sexto puesto. La inflación, el desempleo, otras cuestiones económicas y la corrupción son más mencionadas.
Alguien podría tentarse y pensar que si la inseguridad ha quedado algo relegada, estamos ante un dato positivo para el Gobierno. Sin embargo, según opina el mencionado analista de opinión pública, lo cierto es que la angustia por la economía se ha comido a la derivada de la inseguridad.
La sensación de falta de seguridad se sigue advirtiendo, especialmente en las zonas más sumergidas del conurbano bonaerense. Solo que los problemas económicos son hoy más perceptibles que los ocasionados por la delincuencia común. Con todo, de acuerdo con los sondeos de opinión pública, hay un reconocimiento de que el actual Gobierno está haciendo mucho más para combatir flagelos específicos como el del narcotráfico que la gestión de Cristina Kirchner .
Frente al interrogante acerca de si la policía necesita más atribuciones para luchar contra la delincuencia, el 59% de las 1350 personas consultadas entre el 6 y el 7 de diciembre por Poliarquía manifestó que sí y solo el 28% indicó que no.
Este dato puede demostrar la existencia de una distancia entre una sociedad que reclama mayor protección frente al delito y una parte no menor de la dirigencia política que aún está afectada por los miedos de la década del 70, derivados de los excesos de las fuerzas de seguridad y de violaciones a los derechos humanos .
En el Gobierno, se interpreta que la sociedad argentina hoy teme más a morir a manos de un delincuente común en un semáforo que a la tentación del gatillo fácil en que pueda incurrir un efectivo policial.
Por esa razón, Macri no ha cedido ante los cuestionamientos de Elisa Carrió y de otros dirigentes hacia el protocolo de uso de armas anunciado, y ha doblado la apuesta, proyectando la inclusión de una norma en el futuro Código Penal que considere "no punibles" a los de las fuerzas de seguridad que actuasen en cumplimiento del deber y utilizando sus armas de forma reglamentaria".
