AGN: el oficialismo busca reformar el órgano de control y apuesta a frenar una integración adversa
Hoy existen seis vacantes y el ente está casi paralizado; hay consenso en bajar de ocho a cuatro años los mandatos, pero no en el reparto de los cargos
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La puja por el control de la Auditoría General de la Nación (AGN) sumó hoy un nuevo capítulo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde actualmente se debaten cinco proyectos que buscan reconfigurar la integración y el funcionamiento del principal órgano de control del Estado.
La reunión terminó sin avances concretos, pero con una definición: la semana próxima se invitará a especialistas, entre ellos representantes del gremio APOC, que nuclea a los trabajadores del organismo, para profundizar el debate. Los trabajadores marcharán mañana para exigir que se cubran las vacantes.
Unas horas después, la reforma de la constitución y funcionamiento de la AGN también comenzó a discutirse en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Más allá de alguna advertencia sobre la anomalía que vive el organismo, que el oficialismo dejó que se haya quedado sin integrantes, salvo su presidente, no hubo avances significativos. El debate podria continuar la semana próxima.
Dos posturas contrapuestas dominaron el encuentro, presidido por el oficialista Nicolás Mayoraz. Por un lado, quienes promueven avanzar con las designaciones -tres auditores por el Senado y tres por Diputados- mientras continúa la discusión sobre la reforma. Por el otro, quienes exigen esperar a que se apruebe un nuevo marco normativo antes de nombrar a los integrantes.
Unión por la Patria (UP), el bloque radical Democracia y Encuentro Federal (EF) coincidieron en que ambos procesos pueden ir en paralelo. “Se puede nominar y después reformar”, sintetizó la diputada radical Carla Carrizo. Germán Martínez, jefe del bloque de UP, respaldó esa idea: “Hasta que haya una nueva ley, diputados y senadores tenemos todas las atribuciones para designar auditores, conforme al artículo 85 de la Constitución y la ley 24.156”.
El oficialismo, con Martín Menem a la cabeza, busca dilatar esa posibilidad. Impulsa un proyecto propio con un doble objetivo: impulsar una reforma institucional de fondo y frenar el avance opositor que apunta a nombrar a Emilio Monzó (EF) y Juan Ignacio Forlón -íntimo de Máximo Kirchner- como nuevos auditores, una vez que se reabra el recinto el próximo 4 de junio. “Queremos una ley integral. Tenemos que trabajar un dictamen y resolver esto cuanto antes”, sostuvo Mayoraz.
La AGN está paralizada desde hace dos meses, con seis de sus siete cargos vacantes. El oficialismo movió sus fichas con una propuesta de rediseño integral, pero la maniobra también responde a un escenario de creciente tensión: la oposición está cerca de reunir una mayoría para avanzar con los nombramientos, con respaldo del peronismo, el pichettismo y parte del radicalismo.
A la interna se suma una pelea por el tercer lugar que corresponde a Diputados. El Pro postula a Jorge Triaca, mientras que el oficialismo impulsa a Santiago Viola, hombre de confianza de la Casa Rosada. La Libertad Avanza y el Pro, aliados circunstanciales, se disputan ese casillero.
La urgencia opositora tiene una fecha marcada: la primera semana de junio, cuando UP y EF ya convocaron a una sesión especial y donde podrían avanzar con las designaciones. Pero el intento no está exento de riesgos: los números no están garantizados y, si el oficialismo logra bloquear el quórum -como ocurrió en el último intento-, todo el temario podría naufragar.
Pero Menem no pierde el tiempo. Su estrategia apunta a desacreditar de antemano el esquema de reparto actual, con una propuesta alternativa que reformule por completo la lógica de designación.
El proyecto libertario -firmado por parte del bloque oficialista- propone concentrar el poder en un Auditor General, designado con acuerdo de la Cámara baja. Señala que sea acompañado por seis auditores auxiliares -cuatro por Diputados y dos por el Senado-, y plantea reducir los mandatos de ocho a cuatro años. Establece además inhabilitaciones estrictas, como la prohibición de ejercer cargos partidarios o haber ocupado funciones ejecutivas recientemente. El objetivo declarado es despolitizar el organismo, aunque también busca fortalecer el rol de Diputados en el reparto de cargos, en desmedro del Senado.
La negociación quedó en manos de Menem, de buena sintonía con Karina Milei, con la intención de esquivar la injerencia de Victoria Villarruel, al frente de la Cámara alta. En la Casa Rosada desconfían que la vicepresidenta logre sortear el bloqueo de Unión por la Patria, que reúne 34 senadores.
En el Senado, el rechazo opositor al proyecto de Menem ya es explícito. Los bloques de UP y otros espacios anticiparon su resistencia, al considerar que se trata de una maniobra para capturar políticamente el órgano de control. Este mediodía inició el debate de dos proyectos: uno del formoseño José Mayans (UP), que propone ampliar la integración de la AGN de siete a nueve , y otro del salteño Juan Carlos Romero, aliado del oficialismo, que plantea reducir los mandatos de ocho a cuatro años, en sintonía con el ciclo electoral.
Reducir el mandato
Mientras tanto, en Diputados también surgieron alternativas desde otros bloques. La mayoría está de acuerdo con achicar los mandatos de ocho a cuatro años.
Ana Carla Carrizo (UCR) impulsa un esquema colegiado, con representación proporcional entre oficialismo y las minorías.
Unión por la Patria, de la mano de Mónica Litza, propone mantener la estructura actual, pero con una expansión sustancial de funciones, como el control preventivo y las atribuciones jurisdiccionales.
“El achicamiento de mandato es algo en lo que coincidimos. Nuestro proyecto propone incluir en las competencias de la AGN a las empresas y sociedades del estado”, consideró Margarita Stolbizer, que apoya la iniciativa de Litza.
Silvana Giudici (Pro) plantea robustecer las competencias de la AGN sin tocar su composición, mientras que Mónica Fein (Socialismo) propone establecer la paridad de género obligatoria en las designaciones.
“La auditoría tiene que tener intervención en contratos de significación económica a definirse. Que pueda abocarse al control antes, no posterior a que se concreten”, subrayó Giudici, que puso como ejemplo las contrataciones sobre la pandemia.
Durante la última sesión, el diputado Miguel Ángel Pichetto, líder de Encuentro Federal, remarcó el problema que supone para el Gobierno el “vaciamiento” de la AGN. “El Gobierno ha hecho un esfuerzo por conseguir financiamiento internacional. Si la AGN no está constituida, estos créditos no van a ser otorgados”, dijo, apelando a un tema de gran sensibilidad para Javier Milei.
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