Alcoholemia: denunciaron penalmente a Carlos Bianco por abuso de autoridad, desobediencia y tráfico de influencias
El diputado libertario Sebastián Pascual apuntó a que un funcionario de Aubasa habría trasladado al ministro de Kicillof hasta su domicilio, sin retenerle el auto
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LA NACION
Carlos Bianco fue denunciado penalmente luego de que se conociera que se negó a realizar un test de alcoholemia. La presentación la realizó Sebastián Pascual, diputado bonaerense de La Libertad Avanza, que acusó al ministro de Gobierno de Axel Kicillof no solo por incumplir la ley de alcohol cero, sino también por abuso de autoridad, desobediencia y tráfico de influencias, y por transgredir la Ley de Ética Pública.
La denuncia fue presentada en el juzgado federal de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla, para luego ser derivada por competencia territorial al juzgado federal de Quilmes a cargo de Luis Armella, ya que Bianco se negó a realizar el control de alcoholemia la madrugada del domingo, a la altura del peaje Dock Sud de la Autopista Buenos Aires-La Plata, en el partido de Avellaneda. Silvia Ruth Cavallo será la fiscal del caso.
Por la negativa a someterse al test de alcoholemia, Pascual acusó a Bianco de incumplir las disposiciones de la ley 15402 de alcohol cero, que obliga a todos los conductores a someterse a las pruebas establecidas para la detección de las posibles intoxicaciones y, en caso de rehusarse, a la retención de la licencia.
Pero el diputado fue más allá y denunció a Bianco por abuso de autoridad, desobediencia y tráfico de influencias, y por transgredir la Ley de Ética Pública. Para hacerlo, apuntó a las circunstancias que se conocieron luego de que trascendió el control al que se negó la mano derecha de Kicillof.
“Bianco circulaba en un Volkswagen Vento gris, patente AA 698 RV, propiedad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”, describe Pascual, para subrayar que “el auto oficial en el que circulaba acumula 137 multas por más de 21,5 millones de pesos entre infracciones en Provincia y en la Ciudad”.
Como describe la denuncia, desde 2017 el auto suma infracciones por exceso de velocidad, uso del celular al volante, circular por carriles prohibidos y hasta por evadir el pago de peajes.
“Se trata de un vehículo oficial, es decir, pagado y mantenido con fondos públicos. Pero su nivel de infracciones supera por lejos al de cualquier ciudadano común, sin que hasta ahora se haya conocido sanción o restricción alguna”, destaca Pascual, y apunta a un detalle que sembró polémica apenas trascendió: “Como [Bianco] conducía solo, personal de Aubasa lo trasladó a su domicilio, privilegio que no es frecuente que ocurra con cualquier otro ciudadano”.
El diputado libertario coincidió así con la descripción realizada ayer por el Pedro Scarpinelli, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Entrevistado por TN, el funcionario apuntó que Bianco le “solicitó a un empleado de Aubasa, que es la empresa de las autopistas de la Provincia, que conduzca su auto y que lo lleve a su domicilio”.
“No solo eso: hubo otro vehículo que los escoltó para que, cuando lo dejaran en el domicilio, puedan volver al operativo”, agregó. Aseguró que esos empleados estaban afectados al control y que la maniobra “implica una falta de recursos”, agregó Scarpinelli.
En la denuncia, Pascual se pregunta: “¿Corresponde y resulta ético que personal de Aubasa lo haya trasladado luego a su domicilio? ¿Es esta una conducta que realizan con todos los ciudadanos que puedan encontrarse en dicha situación? ¿No podía el funcionario recurrir al traslado por medio de un rodado obtenido por aplicaciones de transporte privado de pasajeros? "
Y agrega, con respecto a las multas impagas y nunca reclamadas: “¿El cargo que ostenta Bianco puede haber influido en que las infracciones que ha tenido jamás fueran efectivizadas?“.
“Son todas estas dudas las que generan la sospecha de que los delitos de desobediencia, abuso de autoridad y/o tráfico de influencias se puedan haber configurado”, completa el escrito de Pascual, presentado junto con la abogada Jimena Castiñeira Arce.
Por último, el diputado libertario apunta también a la Ley de Ética Pública, en cuanto en su artículo 2 exige a los funcionarios que cumplan y hagan cumplir la ley, que se manejen con rectitud, que protejan y conserven “la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados” y los manda a “abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular”.
La explicación de Bianco
Ayer, Bianco afirmó que no aceptó someterse al test de alcoholemia al notar que había personas que lo estaban filmando. “Me dijeron que me iban a hacer la alcoholemia y veo que había alguna gente que no estaba identificada, que me estaba filmando”, dijo, en diálogo con Futuröck, para completar. “Yo opté no hacerlo y que me hagan el acta como corresponde. No me moví un centímetro de lo que establece la ley de tránsito”, afirmó.
“No hice ninguna maniobra ni gestión para evadir el control y evadir la sanción“, insistió, sin dar cuenta de que, como afirmó el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, fue trasladado hacia su domicilio por personal de Aubasa.
Scarpinelli añadió otra circunstancia más que no fue relatada por Bianco ni explicada por el gobierno de Kicillof: el test para medir el alcohol en sangre es el segundo paso del control y sólo se realiza cuando, antes, al conductor del vehículo se le detecta alcohol en el aliento con otro dispositivo, el alómetro.
“Si se llegó a alcoholímetro, es porque se detectó alcohol en el aliento. Para llegar al alcoholímetro, el alómetro tendría que dar presencia de alcohol”, afirmó, para completar, en alusión a los videos que habrían hecho sospechar a Bianco. “Una vez que el alómetro detecta presencia de alcohol y se procede al alcoholímetro, se registra en video y fotos porque muchas veces los juzgados solicitan esa información respaldatoria para juzgar a las personas”, cerró.
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