Alertan por la baja tolerancia a las críticas y el discurso estigmatizante del Gobierno contra la prensa
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, uno de los principales organismos de la OEA, reseñó los ataques contra el periodismo registrados en el primer año de la gestión de Javier Milei
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LA NACIONMariano De Vedia
Una baja tolerancia a las críticas y la persistencia de discursos estigmatizantes desde lo más alto del poder caracterizan la relación del gobierno de Javier Milei con los medios y periodistas, según un informe difundido en marzo último por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, uno de los principales cuerpos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El organismo, que protege el derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el hemisferio, desarrolla su misión dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y juega un papel fundamental en la consolidación de la democracia en la región.
En su último informe, que analiza el panorama de la libertad de expresión en toda la región, dedica varias páginas a los tropiezos que sembró el gobierno de Milei en su primer año de gestión, tendencia que parece confirmarse y agravarse con recientes acontecimientos que lesionan el libre ejercicio de la actividad periodística.
El documento del organismo, que encabeza el abogado colombiano Pedro Vaca Villarruel, revela que la Relatoría Especial registró “un deterioro acelerado del ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión en la Argentina, caracterizado por la baja tolerancia del Poder Ejecutivo hacia las críticas y los procesos deliberativos”.
En ese sentido, señala que se reportaron “con alta frecuencia discursos estigmatizantes, principalmente desde altas autoridades del Estado contra periodistas y medios de comunicación, y particularmente contra mujeres”. Además, al evaluar el desenvolvimiento de la protesta social, se observaron iniciativas y declaraciones que buscaban “desincentivar la libertad de expresión y exaltar la represión policial”. El informe menciona que “en buena parte de las movilizaciones se registraron agresiones contra trabajadores de la prensa, originadas tanto en el accionar de agentes de seguridad como de particulares”.
Al margen del deterioro en el debate público, la Relatoría registró “cambios significativos en el marco institucional relacionado con el a la información, los medios públicos y la publicidad oficial”. En relación con la ley de a la información pública se observaron “marcos normativos restrictivos del derecho a la protesta social y modificaciones regresivas y carentes de deliberación”.
El organismo menciona que durante el primer año del gobierno de La Libertad Avanza rigió un contexto adverso para el ejercicio de libertad de prensa, cuyas muestras más significativas han sido los “discursos hostiles desde el poder público”, como lo marcó el Informe Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Un monitoreo de la propia Relatoría Especial para la Libertad de Expresión advirtió que el presidente Milei “ha sostenido un discurso recurrente y constante de estigmatización hacia periodistas y medios de comunicación”, a los que acusó de ser “corruptos”, además de dedicarles insultos reiterados. Cita, por ejemplo, distintos casos en que el líder libertario llamó a los periodistas “delincuentes con micrófono, mentirosos, ladrones, difamadores y “extorsionadores”, entre otros calificativos lesivos a la labor informativa. Añade que estas expresiones “están frecuentemente dirigidas a periodistas y medios que han publicado información crítica o cuestionamientos a políticas gubernamentales”.
La Relatoría sostuvo, además, que no se trata de hechos aislados, sino que forman parte de lo que el Gobierno ha denominado una “batalla cultural”.
El informe recuerda que el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) contabilizó que entre abril y julio de 2024 se registraron 37 casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación, lo que representa un incremento del 24,34% respecto al mismo período del año anterior. En tanto, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó en distintos pronunciamientos su preocupación por el “clima “hostil” para el trabajo de la prensa.
Los distintos pronunciamientos de las entidades que defienden la libertad de expresión alertan que “las acusaciones y los denuestos presidenciales motorizan a un ejército de troles, con el amparo del anonimato y de un financiamiento opaco, que multiplican agresiones verbales y abren, así, rendijas a la violencia física”.
Al referirse a la situación de la libertad de expresión en la Argentina, la Relatoría Especial recordó que muchos de esos casos llegaron a la Justicia y recordó que la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires revocó un inicial sobreseimiento del Presidente y estableció que “los funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública”. Y señala la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, que establece ciertos límites a la libertad de expresión de los funcionarios públicos, particularmente en contextos de polarización política”.
“Las declaraciones estigmatizantes de altos funcionarios públicos contra periodistas pueden contribuir a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población y colocar a periodistas y comunicadores en una posición de mayor vulnerabilidad y riesgo de sufrir ataques”, observó el organismo de la OEA, al sostener que las declaraciones de los funcionarios públicos, en su carácter de “garantes de los derechos fundamentales, no pueden constituir formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento”. Hubo, incluso, acciones judiciales contra trabajadores de prensa por su labor informativa, como la denuncia penal presentada en junio de 2024 por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, contra los periodistas Nancy Pazos y Darío Villarruel por “supuesta instigación a cometer delitos a raíz de sus comentarios sobre cuestionamientos en la gestión de recursos alimentarios del Ministerio de Capital Humano”.
La Relatoría señaló que la prensa debe ejercer libremente su derecho a informar sobre actividades estatales, correspondiendo a la ciudadanía el derecho a ser informada sobre asuntos de interés público. El uso del derecho penal o de acciones civiles desproporcionadas para limitar la libertad de expresión sobre asuntos de interés público contraviene el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y estas prácticas constituyen “un uso abusivo de los mecanismos judiciales”.
Entre otras observaciones, el organismo de la CIDH reveló que recibió denuncias que indican un incremento significativo de violencia digital contra mujeres periodistas en el país, caracterizado por ataques coordinados en redes sociales con componentes de violencia basada en el género y señalamientos estigmatizantes por parte de altas autoridades del Estado y el uso de canales oficiales para amplificar narrativas discriminatorias.
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