Caso $LIBRA: permiten que dos ONG accedan a la causa contra Milei y aporten evidencia
La Cámara Federal rechazó que Inecip y Cipce sean querellantes, pero les abrió una puerta al expediente; define Servini
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LA NACION
La Cámara Federal porteña denegó a dos ONGs ser querellantes en la causa donde se investiga al presidente Javier Milei por el lanzamiento de la memecoin $LIBRA, aunque las autorizó a acceder a la causa y aportar elementos a la investigación.
La decisión es de la Sala II de la Cámara Federal y lleva la firma de los jueces Roberto Boico, Martin Irurzun y Eduardo Farah.
Los magistrados fallaron por unanimidad para confirmar el rechazo del pedido de las asociaciones civiles Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y el Centro de Investigación y Protección de la Criminalidad Económica (Cipce) de ser querellantes.
Pero en la misma resolución encomendaron a la jueza María Servini que les dé a la causa y les permita aportar evidencias según los principios de participación que se fijaron en la resolución.
Los fundamentos de los votos de los jueces tuvieron el mismo sentido.
Sobre la negativa a ser querellantes, coincidieron en que la jurisprudencia que cada uno había sostenido −sobre pedidos iguales de asociaciones civiles en casos de supuesta corrupción pública− no los habilitaba a hacer lugar la solicitud.
Señalaron que la norma que lo permite está limitada a procesos en los que se investiguen crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos.
Como los requisitos para ser querellantes son taxativos, si se les diera la razón “conduciría a reconocer a tal organización por fuera del régimen legal, habilitando una pluralidad de partes acusadoras sin legitimación para actuar, en desmedro del avance del expediente”, indicaron.
Sin embargo, los camaristas coincidieron en que –según sus precedentes– “en casos como este deba optarse por conceder a la organización civil a los contenidos generales que hacen a la cosa pública sobre los que pueda versar el procedimiento”.
A eso se suman distintas alternativas para la participación en el proceso que se desprenden de la jurisprudencia del tribunal, que habilitan la posibilidad de que la asociación aporte al proceso las evidencias, estudios u opiniones que pueda reunir
Todo quedará supeditado a la opinión de la jueza Servini. Los camaristas votaron por encomendar a la jueza que en lo sucesivo habilite la participación de las asociaciones según esos principios.
Inecip y Cipce señalaron: “Valoramos el fallo que nos reconoce como amicus curiae en el caso $LIBRA, entendemos que constituye un avance en la apertura del sistema judicial a la participación de la sociedad civil en causas de corrupción”.
Sin embargo, lamentaron que no se haya concedido su participación como querellantes. “Entendemos que este reconocimiento permite visibilizar la necesidad de un mayor control ciudadano en casos vinculados a la corrupción”, dijeron.
“A partir de esta decisión, impulsaremos propuestas orientadas a contribuir con el esclarecimiento y la determinación de la responsabilidad del Presidente de la Nación en el caso”, expresó Pedro Biscay, director de Cipce.
En esta causa se investigan los supuestos delitos de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. Los investigados son Javier Milei, Karina Milei, Hayden Mark Davis, Julián Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales.
La causa está en manos de Servini y el fiscal Eduardo Taiano, quien pidió una investigación patrimonial sobre Milei y su hermana y el levantamiento del secreto fiscal, medida sobre la que la jueza no tomó ninguna decisión aún.
Entre las medidas de prueba que pidió el fiscal, según dijeron fuentes judiciales a LA NACION, hay pedidos de informes al Banco Central y a empresas, como Google. Se busca además precisar qué empresas intervinieron en la comercialización de $LIBRA.
Además, Taiano dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación, para que colaborara en la preservación y recuperación de evidencia.
Entre los organismos a los que se requirió informes están el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Inspección General de Justicia (IGJ).
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