Con Milei en el Gobierno, la Argentina sigue con mala nota en materia de transparencia
El índice de corrupción que elabora Transparencia Internacional se mantuvo igual que en 2023, por lo que “no se percibieron mejorías” en esa materia durante el último año
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LA NACION
La República Argentina obtuvo una calificación de 37 puntos sobre 100 posibles en el índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional. La calificación corresponde al año pasado y es la misma que se registró en 2023, razón por la cual la organización no gubernamental concluye que “no se percibieron mejorías en materia de transparencia y lucha contra la corrupción en el país durante el último año”.
A pesar de haber alcanzado la misma calificación, en el ranking de 2024 Argentina quedó ubicada en el lugar 99 sobre un total de 180 países, un escalón por debajo del que había ocupado en la medición anterior. Comparte el mismo nivel de percepción de la corrupción registrado con Etiopía, Indonesia, Lesoto y Marruecos, quedando un escalón por arriba de Republica Dominicana y un punto por debajo de países como Gambia, India y las Islas Maldivas.
También como la medición anterior, el podio de países más transparentes quedó encabezado por Dinamarca, que obtuvo un nivel de 90 puntos, seguido por Finlandia (88) y Singapur (84). En el otro extremo del ranking se ubican Venezuela (10), Somalia (9) y Sudán del Sur (8).
“Argentina se encuentra estancada en materia de lucha contra la corrupción y el índice muestra eso. El gobierno argentino inclusive ha mostrado retrocesos en algunas materias durante el último año, como por ejemplo en el a la información pública y la transparencia que se ha resentido fuertemente desde que asumió el poder Javier Milei”, opinó Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano.
Secchi también incluyó las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla impulsadas por el Gobierno Nacional como parte de las conductas reprochables en cuestiones relacionadas con la transparencia por parte de la istración Milei. “También se generan fuertes dudas en esta materia al observar las candidaturas a la Corte Suprema de Justicia con candidatos con fuerte rechazo por parte de la ciudadanía y la sociedad civil”, aseguró.
Con sus 37 puntos, la Argentina se encuentra en el puesto 18 de 32 países de América, muy lejos de los 76 puntos de percepción de transparencia que registró la medición de Uruguay, el mejor país de la región, superando por un punto a Canadá. Como es lógico, Venezuela, que se ubicó antepenúltimo en el ranking global, es el peor país del continente en materia de transparencia y corrupción. Nicaragua, con 14 puntos, antecede al país caribeño.
Por su parte, Martín D’Alessandro, presidente de Poder Ciudadano, consideró que “la corrupción es un problema endémico para muchos países, y también para la Argentina”.
En ese sentido, D’Alessandro dijo que la calificación obtenida por el país durante 2024 “evidencia que (la corrupción) se trata de un fenómeno que se extiende a toda la política, no a un partido en particular”, así como también “se expande en múltiples espacios de la vida empresarial y económica”.
“También puede inferirse una relación entre corrupción y abuso de los puestos de poder. Es vital que la ciudadanía deje de tolerar comportamientos ilícitos o autoritarios por parte de la política. Solo exigiendo decencia podremos construir un país estable y confiable”; concluyó.
Según el informe de Transparencia Internacional, la edición 2024 del índice pone foco en la vinculación entre corrupción y cambio climático para concluir que “la corrupción es sin dudas un “obstáculo global crítico que detiene la puesta en marcha de acciones climáticas efectivas.”
Además, señala que “Argentina no está fuera del debate mundial” y agrega que postular una transición equitativa, sostenible, asequible e inclusiva “no podrá alcanzarse si existen prácticas de corrupción que atentan contra dichos objetivos, violaciones a los derechos humanos o afectación de las comunidades y el ambiente en donde se desarrollan las actividades; si las operaciones de las empresas y las negociaciones entre el sector público y el sector privado se dan en entornos de poca transparencia y no se rinde cuentas del impacto generado”.
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