De Ezeiza a Campo de Mayo: cómo es la cárcel “con privilegios” a la que fueron mudados Astiz y otros 18 militares
Cuenta con un gimnasio, campo de deportes, una huerta y un salón de usos múltiples; el kirchnerismo cuestionó la medida del Ministerio de Seguridad
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El ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich ordenó la semana pasada el traslado de 19 militares condenados por crímenes de lesa humanidad desde el penal de Ezeiza a Campo de Mayo, en San Miguel.
La medida, ordenada por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), volvió a encender la polémica sobre los militares condenados por los delitos durante la dictadura. En el predio del Ejército existe una unidad penitenciaria especial que, a criterio de diputados kirchneristas y agrupaciones de derechos humanos afines, ofrecería condiciones mucho más favorables que cualquier otro penal en términos de salubridad, higiene y sociabilidad. El Gobierno, por su parte, niega esas presuntas mejoras. Entre los trasladados a la unidad de Campo de Mayo, se encuentra Alfredo Astiz, condenado a prisión perpetua por su rol durante la última dictadura. Astiz fue condenado por el secuestro, tortura en la ESMA y desaparición de dos monjas sas así como de tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.
Desde su creación, bajo la presidencia de Néstor Kirchner y el mandato de Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad, la Unidad 34 de Campo de Mayo está en la mira de un amplio abanico de agrupaciones de Derechos Humanos, muchas de ellas estrechamente ligadas al kirchnerismo.
En particular, este último traslado fue denunciado públicamente por H.I.J.O.S. Capital, la filial porteña de la organización que integran hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar. Aseguran que este anexo, ubicado en Campo de Mayo y capaz de albergar hasta 115 reclusos, es una cárcel “con privilegios”, especialmente si se la compara con cualquier otro penal. Instalaciones deportivas, gimnasio, televisores en las piezas son algunas de las presuntas comodidades que enumeran. “El perímetro es alambrado, vos podés mirar el horizonte”, dice una fuente de la organización.
Algunas de estas prestaciones carcelarias quedaron registradas en un relevamiento realizado entre marzo y abril de 2022 por Horacio Pietragalla y parte de su equipo durante su paso por la Secretaría de Derechos Humanos.
En ese informe, que ya no está en la página oficial de la Secretaría, se dedican casi 40 páginas a la Unidad 34. Se señala, por ejemplo, que uno de los ocho pabellones que la componen, el “A” −que para ese entonces mantenía una ocupación cercana al 50 %−, contaba con “buena ventilación y luminosidad”, calefacción central, biblioteca con televisor, una cocina equipada con horno eléctrico, un microondas y una heladera cada dos reclusos, entre otros servicios.
Dentro de los servicios comunes entre los pabellones, en aquel informe se destaca la atención médica, todos los días de la semana, las 24 horas del día.
Por lo menos hasta 2022, la cobertura incluía una enfermería, atención psicológica, sesiones de kinesiología y terapia ocupacional, además de un consultorio odontológico, un “shock room” con carro de paro completo y una ambulancia de uso exclusivo.
La Unidad cuenta con un pequeño campo de deportes con cancha de futbol y una huerta, cuyo resguardo está en manos de los reclusos.
El Gobierno niega que el traslado haya traído mejores condiciones de encarcelamiento y lo fundamenta en el marco de un reacomodamiento penitenciario general.
Los 19 militares conformaban, según explicaron a LA NACION, apenas un grupo dentro de las 70 personas que fueron relocalizadas por estar alojadas en una unidad en Ezeiza que pasará a ser exclusivamente para mujeres y que contará, además, con un pabellón de alto riesgo.
“Es falso que se haya beneficiado a alguien”, señalaron en la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios. “No se mejoraron las condiciones de nadie. No es una cárcel VIP, como dicen, y si lo es, lo fue con el gobierno anterior también”, argumentaron.
En Diputados, el kirchnerismo se hizo eco de la polémica y presentó un proyecto para citar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al recinto para pedirle explicaciones sobre el caso.
En su cuenta de X, Cecilia Moreau encadenó este episodio al de la excursión que un grupo de seis diputados libertarios, encabezados por Beltrán Benedit, hizo en julio del año pasado a la cárcel de Ezeiza para visitar a parte de los militares que desde allí fueron trasladados a Campo de Mayo; Astiz entre ellos.
“Fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, explicó en aquel momento Benedit.
En líneas generales, la ubicación de los presos en las cárceles es un “resorte exclusivo” del Servicio Penitenciario Federal, que depende del Ministerio de Seguridad. Ante la relocalización de uno o de más presos, el SPF informa al tribunal correspondiente, que la mayor parte de las veces se limita a supervisar que las condiciones generales no violenten derechos básicos. Según pudo averiguar LA NACION, en el Tribunal Oral N°5, por ejemplo −donde se juzgó a parte de los militares relocalizados−, hasta hoy no existía ninguna presentación cuestionando el traslado dispuesto por el SPF.
Los otros militares son: Carlos Guillermo Suárez Mason (h), Adolfo Miguel Fonda Tigel, Jorge Carlos Rádice, Ricardo Miguel Cavallo, Alberto Eduardo González, Luis Ambrosio Navarro, Rodolfo Oscar Cionchi, Gerardo Jorge Arráez, Miguel Ángel Britos, Juan Carlos Avena, Luis Juan Donocik, Lucio César Nast, Mario Alfredo Marcote, Marcelo Cinto Courtaux, Julio César Argüello, Manuel Cordero Piacentini y Raúl Antonio Guglielminetti.
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