Del atril al olvido: las medidas que el Gobierno anunció y que se frenaron en el fragor de la campaña

Desde el atril, el Gobierno prometió reformas estructurales: una revisión profunda del régimen fiscal, la redefinición de los fueros políticos como parte de su cruzada contra “la casta”, privatizaciones de empresas públicas y una reestructuración del sistema de partidos. Pero muchas de esas iniciativas nunca salieron del plano discursivo. Algunas ni siquiera ingresaron al Congreso; otras, como la ley “hojarasca”, se diluyeron sin debate.

El escenario electoral terminó de congelarlas. Con la campaña en marcha, la discusión parlamentaria pierde fuerza. Es habitual que tanto oficialistas como opositores dejen sus trajes de legisladores para calzarse los de militantes o candidatos, en busca de sostener su poder de fuego en sus distritos o en el tablero nacional. Salvo contadas excepciones, la agenda del Congreso se recorta y sobrevive solo lo urgente o ineludible.

Todo indica que las discusiones de fondo quedarán en pausa hasta después del recambio legislativo, el 10 de diciembre. Para entonces, los libertarios esperan sumar bancas en ambas cámaras y dejar de depender de aliados incómodos. La campaña tensó los vínculos y volvió más inciertas las negociaciones. La relación con el macrismo y con parte de la UCR ya muestra signos de desgaste.

Pero aunque el oficialismo confía en retomar su agenda con el impulso de nuevos legisladores, hay anuncios que nunca pasaron del plano retórico. Su materialización, con papel y firma, nunca llegó. Es el caso del proyecto para recortar los fueros de la política, anunciado por el vocero presidencial, o de la reforma fiscal integral que el propio Milei prometió al cumplir su primer año de gestión.

Modificación de fueros

Tras la detención del legislador entrerriano Edgardo Kueider en Paraguay, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en X que el presidente Javier Milei incluiría en un futuro llamado a sesiones extraordinarias un proyecto para “reformar los fueros de la política”. Según trascendió, el anuncio fue improvisado, como un gesto para despegar al Poder Ejecutivo del escándalo que involucró a un aliado oficialista en el Senado, sorprendido con miles de dólares en efectivo al cruzar la frontera de madrugada.

Tal como informó LA NACION, la idea apuntaba a flexibilizar los mecanismos para quitar las inmunidades legislativas. Pero la promesa se desvaneció rápido: no sólo no se presentó ningún proyecto concreto, sino que el decreto de convocatoria a extraordinarias finalmente se firmó sin incluir el tema. “No hay nada. Fue solo un anuncio de Adorni”, itieron diputados del oficialismo ante la consulta de este medio.

Reforma impositiva

Lo anunció el propio Milei por cadena nacional, al cumplirse el primer aniversario de su asunción. Anticipó una “reducción de la carga impositiva total, ya sea por la eliminación del impuesto inflacionario o por la reducción de impuestos explícitos que vamos a encarar el año próximo”.

Y fue aún más ambicioso: “Mi equipo está terminando en estos días una reforma impositiva estructural que reducirá en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y le devolverá a las provincias la autonomía impositiva que nunca debieron haber perdido. Así, el año próximo veremos una verdadera competencia fiscal entre las provincias argentinas para ver quién atrae más inversiones”.

Por ahora, sin embargo, no hay más que la declaración del Presidente. El anuncio encendió las alertas entre los gobernadores, que temen una profundización en el recorte de recursos y una mayor presión para salir a competir en soledad.

Ley hojarasca

Fue presentada como uno de los hitos de la gestión de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. El proyecto apunta a eliminar 70 leyes que, según el Gobierno, han quedado obsoletas, afectan libertades individuales o generan costos innecesarios para los contribuyentes.

La iniciativa, de solo nueve artículos, se organiza en torno a seis criterios que, según el Poder Ejecutivo, justifican su derogación: normas reemplazadas por leyes posteriores; leyes sin efecto por el paso del tiempo, la tecnología o los cambios económicos; regulaciones que restringen libertades individuales; disposiciones que traban la desburocratización; normas que refieren a organismos disueltos o procesos ya inexistentes; y leyes que sostienen estructuras financiadas con fondos públicos.

A pesar de haber sido anunciada con énfasis, la ley “hojarasca” se mantiene sin alteraciones ni avances en el Congreso.

Privatizaciones

El plan de privatizaciones del gobierno de Milei avanza a paso desigual, con tropiezos, anuncios escalonados y un único caso concretado: la venta de Impsa -una empresa metalúrgica- a un consorcio extranjero.

Aunque la Ley Bases habilitó la privatización o concesión de seis empresas estatales - Enarsa, AySA, Intercargo, Sofse, Corredores Viales y Belgrano Cargas-, buena parte del paquete aún transita fases iniciales.

Aerolíneas Argentinas, excluida del listado original por presión parlamentaria, ya cuenta con dictamen para ser declarada “sujeta a privatización”, pero el oficialismo demora su votación en el recinto por falta de acuerdo sobre cómo concretar su venta.

El Ejecutivo ya firmó decretos para iniciar la privatización de Enarsa, Belgrano Cargas e Intercargo, la empresa encargada del servicio de rampas y traslado de equipaje en los aeropuertos. AySA, por su parte, elevó una propuesta formal de venta, que aún no obtuvo respuesta.

Según pudo saber LA NACION, el Gobierno busca acelerar la venta de Corredores Viales, la compañía estatal que gestiona las rutas con peaje. En cambio, el proceso sobre Sofse, operadora de trenes, permanece estancado.

Respecto del Correo Argentino, cuyo servicio fue desregulado, Sturzenegger anunció que será privatizado, concesionado o transferido a sus empleados, aunque por ahora no se tradujo en medidas concretas. En paralelo, ARSAT avanza con un plan para cotizar en bolsa una porción minoritaria de sus acciones, manteniendo el control estatal.

Mientras tanto, Télam -transformada en una agencia de publicidad y propaganda del Gobierno- y el Banco Nación fueron convertidos en sociedades anónimas, lo que habilita futuras aperturas al capital privado. El esquema, por ahora, es heterogéneo: conviven decretos ejecutivos que solo son el primer paso, reformas societarias y proyectos parlamentarios.

Cambios electorales

Junto con la eliminación de las PASO, el Gobierno propuso una reforma más amplia del sistema electoral, que incluye cambios en el financiamiento de los partidos políticos. La iniciativa plantea una fuerte reducción del aporte estatal y elimina los topes al financiamiento privado, lo que implicaría un giro profundo en la lógica actual del sistema.

Además, apunta contra los partidos de baja representación -los llamados “sellos de goma”- que, según la visión oficial, subsisten gracias a su personería jurídica y hacen negocios con ella. La propuesta oficial endurece las condiciones para el reconocimiento legal de los partidos, moderniza el procedimiento de afiliación y eleva los requisitos para que una fuerza política adquiera estatus nacional.

Pero la revisión del sistema de partidos quedó en pausa tras la decisión de suspender las PASO por un año. Será, tal vez, una discusión que el Gobierno intente retomar el próximo año, ya con una composición legislativa más favorable. Todas estas reformas requieren mayorías absolutas para convertirse en ley, un umbral que hoy el oficialismo está lejos de alcanzar por sí solo.

Por Delfina Celichini

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