El fiscal Carlos Rívolo pidió archivar la causa contra Milei por el DNU que habilitó el endeudamiento con el FMI
La denuncia fue impulsada por diputados kirchneristas que acusaron al Presidente de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público
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El fiscal Carlos Rívolo pidió archivar la causa iniciada contra el presidente Javier Milei por la firma del DNU que, tras ser convalidado por la Cámara de Diputados, habilitó un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El fiscal consideró que el asunto, pese a ser pasible de cuestionamientos y críticas, está desprovisto de implicancias penales. “Entiendo que los hechos denunciados no constituyen ilícito alguno, por lo cual solicito el archivo”, afirmó en el dictamen, dirigido al juez Sergio Ramos.
La denuncia inicial, sostenida en la idea de que el Presidente buscó esquivar al Congreso, fue impulsada por el kirchnerismo, que rechazó de pleno la iniciativa en el Congreso en la sesión que lo blindó, el 19 de marzo.
En el escrito, los diputados kirchneristas Juan Marino, Hugo Yasky, Daniel Gollan, Julio Pereyra, Sabrina Selva, Victoria Tolosa Paz y Brenda Vargas Maty acusaron al presidente de los delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
A esa se sumarían otras denuncias que, en igual sentido, señalaban que el Presidente sorteó al Congreso de la Nación sin argumentos válidos, puesto que se encontraba en funcionamiento, y denunciaban la violación de la ley promulgada durante el gobierno de Alberto Fernández (conocida como “ley Guzmán”, por el exministro de Economía Martín Guzmán) que exige que cualquier endeudamiento con organismos multilaterales reciba la autorización del Congreso.
Para el fiscal Rívolo, tanto la medida como sus fundamentos jurídicos pueden ser “criticables”, según dejó plasmado en su dictamen, pero la resolución fue tomada en el ejercicio de las facultades legislativas delegadas y que por lo tanto la Justicia no podía inmiscuirse.
“La valoración de los actos de gobierno en el ejercicio de facultades legislativas delegadas, como conformes o contrarios a derecho, es una facultad ajena a nuestra competencia”, sostuvo.
“Lo cuestionado es el dictado de un DNU que se basa en determinados fundamentos jurídicos que pueden ser criticables, pero sin duda no dejan de versar sobre una materia opinable y, eminentemente, de política económica. Más aún -agregó-, como se trata de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el mismo ordenamiento legal prevé un mecanismo de revisión que debe ejercer el Congreso Nacional, con el fin de evaluar si la norma se ha emitido dentro del marco facultativo que la ley otorga al Poder Ejecutivo”.
El decreto del Presidente fue ratificado por la Cámara de Diputados el 19 de marzo, siete días después de publicado en el Boletín oficial. Con la ayuda de Pro, la UCR, la Coalición Cívica y otros apoyos inorgánicos, como los que aportó Encuentro Federal, el oficialismo logró sumar 129 votos..
La votación coincidió con la marcha de los jubilados que siguió a la del miércoles 12 de marzo -marcada por el incidente con Pablo Grillo, el fotógrafo que fue alcanzado por el casquillo de una granada de gas y terminó herido en un hospital- y estuvo enmarcada por una gran movilización de organismos sindicales y sociales y un gran despliegue policial alrededor del Congreso, que permaneció vallado.
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