El Gobierno se encamina a renovarle a un exmontonero el suculento negocio de las tobilleras

Mario Montoto, un exmontonero devenido en el principal proveedor estatal de videovigilancia, avanza para conseguir con la istración libertaria jugosos contratos para prestar el servicio de monitoreo de presos, agresores y víctimas de violencia de género con prisión domiciliaria.

Sistemáticamente, desde por lo menos 2017, su empresa es la única que se presenta como oferente en las licitaciones de tobilleras del Estado. Hay proveedores alternativos, pero en los últimos procesos del Ministerio de Justicia y de Seguridad de la Nación, no se presentaron. Hasta este año.

Recientemente, tanto el ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich, como la cartera de Justicia, de Mariano Cúneo Libarona abrieron licitaciones para renovar el sistema de tobilleras.

En el caso de Justicia, se presentó solo Montoto. En Seguridad, que participa por primera vez debido al traspaso del Sistema Penitenciario Federal a su órbita, originalmente se hicieron consultas 7 proveedores, pero finalmente solo una confirmó la oferta. ¿Quién? Montoto. La evidente ganadora será Surely SA, la compañía del exguerrillero, salvo que el equipo de los ministerios decida dejar sin efecto la licitación y revisar los términos establecidos. La probabilidad es baja, ya que en ambos casos ya fueron firmados y publicados los dictámenes de preselección, con el nombre de su firma.

Los precios todavía no se conocen ya que deben todavía abrirse los sobres de oferta económica, pero se estima que se pagarán entre unos US$15 y US$16 por día, por tobillera. La licitación de Seguridad puede abarcar 6000 tobilleras, por dos años, por lo que se estima que el contrato tendrá un valor de hasta US$68 millones.

El ministerio de Justicia, que provee al servicio para agresores y víctimas de violencia de género, se hizo por 5000 dispositivos, por tres años, con lo que monto total del contrato ascendería hasta US$87 millones.

Fuentes conocedoras del proceso de licitación aseguraron que, en el caso del ministerio de Seguridad, revelaron que los pliegos tuvieron cambios para abrir la competencia, que consideraban que en años anteriores había sido “acotada”. Algunos requisitos, como contar con experiencia en la Argentina en la provisión de tobilleras, se matizó a una valoración en vez de un elemento excluyente. Esa era la crítica principal de las competidoras internacionales, que aseguraban que nunca podían entrar debido a que hace años que lo prestaba la propia Surely. Dijeron que se tacharon especificaciones técnicas como, por ejemplo, que la tobillera pudiera cortarse con tijera. Eso dejaba afuera a una empresa suiza cuyos dispositivos están hechos de titanio.

Sin embargo, en el sector mencionaron a LA NACION que algunas especificaciones los dejaron afuera. Entre ellas, cuestiones técnicas relativas a la radiofrecuencia de las tobilleras, los sistemas de desactivación y el software para controlarlas.

Fuentes del sector público contestaron que las compañías no se presentaron debido a que la inversión que deben hacer es importante y potencialmente puede resultar no rentable. Además, porque se los obliga a encontrar un partner argentino, contratar empleados y proveer un volumen considerable de dispositivos. En Seguridad explicaron que enviaron cartas de invitación a empresas del Reino Unido, Suiza y Colombia, entre otras, que presentaron sus propuestas pero decidieron dar un paso al costado.

Otro de los puntos de polémica es el precio. De acuerdo con algunos empresarios que participan en otros países del continente, los valores (dolarizados) en los últimos años rondaron entre US$4 y US$11 por tobillera, mientras que en la Argentina llegarona pagarse US$18 por cada una.

Actualmente, el ministerio de Justicia paga unos US$15, que es el valor que probablemente se respete para las nuevas licitaciones. La explicación oficial es que la empresa Surely S.A. no presta asistencia a las fuerzas sino que se dedica a todo el proceso, hasta a la misma colocación de la tobillera y el monitoreo. Recientemente, el sistema se conectó de forma directa al 911.

Montoto participó en Montoneros, agrupación en la que se cruzó con Bullrich. En la actividad política conoció a María Inés Raverta (desaparecida) con quien tuvo a Fernanda Raverta, extitular de Anses durante la gestión de Alberto Fernández.

Desde los 90, como otros excolegas como Rodolfo Galimberti, se dedicó a los negocios. No solo es proveedor estatal en servicios clave, como el monitoreo de presos con domiciliaria, sino también en reconocimiento facial. Su nombre surge ocasionalmente, como sucedió en 2016, cuando Juan José Gómez Centurión, extitular de la Aduana durante el gobierno de Mauricio Macri, apuntó contra Leonardo Scatturice por, presuntamente, haber grabado y editado las conversaciones que llegaron a manos de la ministra Bullrich. Ese insumo desplazó a Gómez Centurión del cargo. En ese momento, también circuló el nombre de Montoto en medio del escándalo.

El exmontonero es clave en una relación comercial: la argentino-israelí. Es el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí (CCAI). Por caso, estuvo junto al Presidente Javier Milei en noviembre del año pasado, en un encuentro organizado por la embajada en el que el mandatario fue el invitado de honor. Allí se fotografió con, entre otros, el actual canciller, Gerardo Werthein.

Por Camila Dolabjian

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