En Santa Fe activan controles para que los narcos no se favorezcan con las medidas del Gobierno sobre el uso de dólares
La provincia anunció un sistema para cruzar información sobre sujetos con nexos con el crimen organizado; funcionarios de Pullaro dijeron que están a favor de la decisión de Milei, pero que quieren frenar al ”1% que puede ingresar dinero sucio”
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
Una costumbre que tenían los jefes de la banda de Los Monos era ir a una concesionaria de autos “amiga” y llevar bolsas de consorcio repletas de dinero en efectivo para comprar un vehículo de alta gama. Un empleado de la agencia “solucionaba” los problemas legales. Un testaferro solvente, con cuentas bancarias ordenadas, figuraba como titular. Los Cantero tenían decenas de cédulas azules para moverse con esos autos que compraban como caramelos. En la causa que terminó con la primera condena contra los de este clan se incautaron 60 vehículos, que fueron rastreados por los fiscales.
Después del anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, para fomentar el uso de los dólares de la economía informal, posiblemente una banda criminal no tenga necesidad de llevar adelante esas maniobras. Podrán pagar un auto con dólares en billete sin restricciones. A esto se suma que las concesionarias de autos dejaron de ser sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF), una medida que tomó por decreto el gobierno nacional en octubre pasado. Lo que seguirá vigente es que este organismo continuará realizando Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
En Rosario este tema entró en la agenda de preocupaciones del gobierno de Maximiliano Pullaro, que este viernes, un día después de las medidas impulsadas por Caputo, anunció la creación de una herramienta para contrarrestar los beneficios que estas medidas pueden generar en las sombras del narcotráfico.
Según especificaron, se cruzará información para desarrollar una estrategia de bloqueo de circulación de activos. No se trata de sustituir controles de organismos nacionales, sino de una focalización en los sujetos que están vinculados a organizaciones para limitar su poderío económico, que es en definitiva lo que les permite seguir financiando la violencia.
En Santa Fe, la justicia federal enfrenta un déficit en investigaciones sobre lavado de activos provenientes del narcotráfico. Por lo menos, antes del cambio al nuevo sistema acusatorio.
Esteban Alvarado fue condenado a cinco años de prisión, por lavado de dinero, en octubre de 2024 y al pago de una multa de 62.000.000 de pesos, algo que parece insignificante para un hombre que opera en el narcotráfico desde hace 20 años. El caso estuvo a cargo del juez federal Marcelo Bailaque, que está con prisión preventiva acusado de haber favorecido a este narco. Además, el contador de las empresas de Rosa Capuano, expareja de Alvarado, Gabriel Mizzau, era el mismo que le llevaba las cuentas al magistrado, que está siendo investigado en la comisión de acusación del Consejo de la Magistratura.
“Hemos decidido la puesta en marcha de un comité compuesto por representantes de todos los ministerios y otras dependencias del Estado para diseñar un programa de disrupción financiera y patrimonial que se va a centrar en personas y organizaciones que están vinculadas judicialmente y por los órganos de inteligencia al crimen organizado”, explicó el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, en diálogo con LA NACION.
Este esquema de control, en base a información de distintos organismos del Estado, se cruzará con datos provenientes de inteligencia criminal. Desde fines de diciembre de 2023, Santa Fe es la primera provincia que tiene una ley de inteligencia y análisis para la prevención del delito.
Este tema se venía trabajando desde hace tiempo en Santa Fe, pero el foco apuntaba a tener el control de la información en base a redes del propio Estado para poder tener dimensión e intervenir en operaciones de lavado. Con la medida que anunció Caputo este jueves, su puesta en marcha se aceleró, también en medio de la campaña electoral en Rosario, de cara a las elecciones de junio próximo.
Este viernes, Cococcioni, y el ministro de Economía, Pablo Olivares, anunciaron que reforzarán acciones para evitar el lavado de dinero proveniente del delito, tras el blanqueo de dólares anunciado por Nación.
Olivares sostuvo que quieren evitar que, con las medidas del gobierno nacional, el 1% de los que puedan ingresar al sistema con dinero sucio jaquee al otro 99% que tienen buenas intenciones. “Por eso venimos a manifestar que estamos a favor del propósito de la reactivación, pero poner el ojo en ese 1%, para que no saque ventajas de las medidas económicas del Gobierno”, planteó.
El ministro de Seguridad dijo que la idea es centrarse más que nunca en que los flujos patrimoniales y financieros no sean aprovechados para solventar la actividad de las organizaciones delictivas que han traído violencia y homicidios en Rosario. “Tenemos que ser muy estrictos en controlar a aquellos que trajeron la muerte a la ciudad”, afirmó el ministro de Seguridad.
“Nosotros podemos poner patrulleros, construir cárceles, fortalecer la investigación penal, pero en la medida que no cortemos la capacidad económica, esta guerra estará incompleta y puesta a rebrote en cualquier momento”, dijo Cococcioni.
Sistema de alertas
La idea es generar un programa de alertas y contrarrestos istrativos y financieros para limitar el movimiento económico de aquellas personas sindicadas por el sistema penal, judicial o de Inteligencia.
A modo de ejemplo, una persona que está en la lista de procesados por narcotráfico no puede crear una sociedad comercial, inscribir un inmueble. ¿Qué pasa con aquellas que no están ni siquiera acusadas y que podrían servir de testaferros? Probablemente sean alcanzadas con investigaciones de inteligencia.
También se prevé diseñar medidas que tiendan a bloquear servicios del propio Estado. Una serie de habilitaciones que el propio Estado habilita a los ciudadanos, pero puede bloquear cuando crea que incremente un riesgo para la seguridad pública.
“No son medidas sancionatorias, sino de bloqueo o postergación hasta que se justifique un a habilitaciones cuyas llaves las tiene el Estado. Se respetarán los derechos de todas las personas, que en todo caso podrá justificar la legitimidad de la operación a realizar”, sostuvo Cococcioni.
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