Francos envió su informe de gestión sobre la hora: silencio por $LIBRA, sin precisiones sobre el FMI y el dato de las retenciones
El jefe de Gabinete no dio detalles sobre el nuevo acuerdo con el Fondo ni el rol de Milei y su entorno por difundir la criptomoneda, por lo que será interpelado la semana que viene
8 minutos de lectura'
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, envió el informe 142° de gestión tan solo una hora y media antes de comparecer ante la Cámara de Diputados. Se trató de un texto “provisorio”, tal como definieron fuentes de Gobierno, con varias preguntas con respuestas en blanco.
Pese a la centralidad del tema, Francos no respondió ninguna pregunta vinculada al caso $LIBRA. El informe menciona que esas cuestiones serán abordadas la semana siguiente, durante la interpelación prevista por el Congreso, y no en este documento escrito.
El jefe de Gabinete evitó, además, dar precisiones sobre los detalles del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$20.000 millones y sobre la meta de acumulación de US$50.000 millones en reservas internacionales, anunciada por el ministro de Economía.
Se trata de la pregunta 659, donde Francos se limita a señalar que el objetivo central de la política económica es alcanzar el equilibrio fiscal, contener la inflación, y sentar las condiciones para la estabilidad macroeconómica. Se indica que el Gobierno está trabajando en generar superávit de cuenta corriente y aumentar las reservas internacionales, pero no se explicita si hay nuevos desembolsos previstos por parte del FMI o de otros organismos multilaterales.
Además, se destaca que no se detallan nuevas fuentes de financiamiento ni ampliaciones del swap con China. La respuesta remite de forma general a los lineamientos del programa económico vigente y a la estrategia de “normalización del comercio exterior”, sin aludir directamente al cronograma de acumulación de reservas.
El informe confirma -pregunta 22- que el INDEC completó en marzo los desarrollos técnicos del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) para medir la inflación, uno de los puntos corales de la istración libertaria. El organismo está listo para lanzar una nueva canasta de bienes y servicios “más representativa”, pero aguarda avales institucionales para publicarla. Se aclara que la actualización no corregirá la serie histórica, sino que aplicará un coeficiente de empalme para mantener la continuidad estadística, en línea con las recomendaciones internacionales.
El Gobierno blanqueó su jugada con el campo en la pregunta 20. A través del Decreto 38/2025, eliminó las retenciones para las economías regionales y bajó, de forma temporal, las alícuotas para los granos y sus derivados. La medida rige hasta el 30 de junio y señala que tiene un costo fiscal estimado en US$800 millones. En el informe, el jefe de Gabinete advierte que esa baja podría revertirse y que su continuidad dependerá del margen fiscal. “El objetivo final es eliminarlas, siempre que las condiciones fiscales lo permitan”, dice. Pero mientras tanto, el mensaje al sector del Presidente fue otro: liquiden ahora, porque si no venden, las retenciones vuelven.
“Nunca existió un acuerdo de impunidad”
En el informe de gestión, el jefe de Gabinete tuvo que responder sobre las vacantes en la Justicia y rechazó de plano las acusaciones sobre un supuesto pacto político en torno a las designaciones en la Corte Suprema. “Nunca existió un acuerdo de impunidad”, respondió el Gobierno ante el cuestionamiento de la postulación de Ariel Lijo y la designación en comisión de Manuel García-Mansilla. El texto defiende ambos nombramientos como actos legítimos, basados en los antecedentes y la idoneidad de los candidatos, y amparados por las atribuciones que otorga la Constitución al Poder Ejecutivo. Sin embargo, no aclara si enviará nuevos pliegos al Senado ni si evalúa ampliar la integración del máximo tribunal.
El informe reconoce que hay más de un centenar de vacantes judiciales pendientes de cobertura y que los pliegos elevados por el Consejo de la Magistratura aún están “bajo estudio y consideración” dentro del Ministerio de Justicia. Aunque el Gobierno ratifica que los nombramientos deben contar con acuerdo del Senado, según establece la Constitución, no fija plazos ni anticipa cuándo enviará las propuestas. Tampoco ofrece definiciones sobre una eventual estrategia para agilizar la cobertura de esos cargos clave.
El accionar de la policía en manifestaciones
El Gobierno evitó dar explicaciones concretas sobre las denuncias de represión durante protestas sociales, incluyendo los casos de periodistas heridos en la vía pública. En la pregunta 81, se limita a informar que el reportero gráfico Pablo Grillo “resultó herido” durante la movilización del 12 de marzo frente al Congreso, y que la causa está en manos de la Justicia Federal. No se detallan las circunstancias de la agresión, ni se informa si hubo sumarios, sanciones o medidas preventivas por parte del Ministerio de Seguridad.
En la pregunta 2041, el Gobierno dedicó varias páginas a justificar el operativo de seguridad durante la movilización del 12 de marzo frente al Congreso, pero evitó responder las preguntas centrales: quién dio la orden de reprimir, qué armas se usaron, por qué hubo personas heridas de gravedad y si se inició algún sumario interno. El texto se limita a enumerar las fuerzas intervinientes -Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y PSA-, detallar las zonas que ocuparon y repetir que actuaron en el marco del “Protocolo para el mantenimiento del orden público”. No menciona los casos como el de la jubilada Beatriz Blanco, golpeada en la cabeza, ni el del fotoperiodista Pablo Grillo, herido mientras cubría la protesta. Tampoco reconoce responsabilidad institucional ni desliza la posibilidad de sanciones. El informe incorpora además los costos por fuerza de seguridad: la Policía Federal destinó $11.789.876, la Gendarmería $24.299.989, la Prefectura $2.792.890, y la PSA $5.882.755, lo que da un total de $44.765.510 para contener una movilización frente al Congreso que terminó con denuncias y repudios.
La justificación del “trackeo” a periodistas
En la pregunta 1595, se le pidió al jefe de Gabinete que explicara las declaraciones de Javier Milei, quien en una entrevista aseguró que su gobierno “trackea” a los periodistas y que en algún momento dará a conocer los nombres de quienes —según él— “mintieron, calumniaron o injuriaron”. La respuesta fue elusiva: el Ejecutivo sostuvo que ese “seguimiento” no es más que el consumo habitual de medios públicos, sin que exista un sistema específico de vigilancia. Además, justificó la práctica con un textual inquietante: “No se requieren medidas de protección” a los periodistas, al tratarse de contenido público.
En la misma línea, en la pregunta 57, se consultó quién decidió restringir el ingreso de la prensa a los palcos durante la Asamblea Legislativa del 1° de marzo y bajo qué criterios se definió qué medios accedían y cuáles no. La respuesta también fue esquiva: la Secretaría de Comunicación y Medios aseguró que se “garantizó el espacio necesario para la cobertura”, pero se desligó de toda responsabilidad. Sostuvo que la decisión no fue de Presidencia ni de esa dependencia, y que corresponde al Congreso explicar los motivos de las restricciones
Los detalles
La Jefatura de Gabinete recibió un total de 4078 preguntas por parte de los legisladores, que se redujeron a 2304 tras un proceso de unificación.
El mayor volumen de consultas provino del bloque de Unión por la Patria, que presentó 1250 preguntas, más de la mitad del total. Bastante más atrás quedaron Pro, con 209, Democracia para Siempre (146) y la Unión Cívica Radical (141). La Coalición Cívica envió 137; Encuentro Federal, 120; Izquierda Socialista-FIT Unidad, 87; PTS-FIT Unidad, 84; y el Partido Obrero-FIT Unidad, 48.
Desde los bloques unipersonales también llegaron consultas: Defendamos Santa Fe presentó 26, el Movimiento Popular Neuquino 19, y Republicanos Unidos, Transformación y Creo enviaron 18, 15 y 4, respectivamente.
El Ministerio de Economía fue, por lejos, el área más interpelada: acumuló 812 preguntas. Le siguieron Capital Humano (379), Salud (259), Seguridad (173), Justicia (91) y Defensa (90). También hubo consultas dirigidas a la Vicejefatura de Interior (84), Cancillería (75), la propia Jefatura de Gabinete (74), y los ministerios de Desregulación y de Ciencia y Tecnología, con 63 y 62 preguntas respectivamente.
Otros organismos también fueron alcanzados por el pedido de información: el Banco Central recibió 36 preguntas, la Secretaría de Comunicación 33 y Cultura, 16. Las áreas menos consultadas fueron la SIDE (4), la Sindicatura General de la Nación (2) y tres organismos que recibieron apenas una consulta: la Agencia de a la Información, la Secretaría Legal y Técnica y la Procuración del Tesoro.
Las quejas
La oposición no dejó pasar la demora de la jefatura de Gabinete de Ministros para enviar al Congreso el informe correspondiente. Dirigentes de distintos espacios políticos manifestaron su disconformidad y señalaron la necesidad de contar con el texto para formular repreguntas al funcionario.
“No hay razones que justifiquen tal demora, le solicito entonces arbitre los medios necesarios para circular el informe entre los diputados y diputadas”, exigieron a través de una nota dirigida al presidente de la Cámara, Martín Menem, los legisladores de Unión por la Patria.
A través de una publicación en su cuenta de X, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, se expresó en el mismo sentido y concluyó: “Se confirma lo que dijimos hace dos semanas: esta convocatoria en pleno Pesaj y Semana Santa, con solo tres días hábiles, fue un enchastre institucional desde el principio. Un manoseo al Congreso y a su función de contralor”.
Noticia en desarrollo
Más leídas de Política
