La Cámara Federal reabrió una causa contra Evo Morales por supuestos abusos de menores en la Argentina
Había sido denunciado por el Gobierno; se suma a otros expedientes que se tramitan en Bolivia
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LA NACION
La Cámara Federal porteña reabrió una causa por presunto abuso de menores y trata de personas contra el expresidente de Bolivia Evo Morales. Los hechos se habrían cometido mientras él estuvo exiliado en la Argentina.
La decisión la tomaron los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que revocaron el fallo del juez de primera instancia Sebastián Ramos.
Una de las denuncias contra Evo Morales fue realizada por el Gobierno (por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich) y otra, por la Fundación Apolo, del dirigente Yamil Santoro, que fue aceptado como querellante en la causa. Ambas se tramitan juntas.
Morales enfrenta además otras denuncias del mismo tenor en Bolivia, donde una fiscal pidió su prisión preventiva.
En 2016, cuando gobernaba el país, Morales supuestamente tuvo una hija con una adolescente de 15 años a cambio de favores políticos y económicos para los padres, quienes también se encuentran acusados, dice la denuncia de Bolivia, en un caso que había sido desestimado en 2019 y fue reabierto ahora.
En Buenos Aires, a Morales se lo acusa de haber convivido con cuatro adolescentes durante su asilo político en la Argentina. Según la denuncia local, Morales compartió la estadía “con menores de edad que habrían sido trasladadas desde Bolivia, en condiciones presuntamente vulnerables, para realizar labores domésticas y personales”.
Angélica Ponce, exdirigente boliviana y allegada al expresidente de Bolivia, relató que durante sus visitas a Morales en Argentina vio a menores de edad en labores “serviles”. La mujer también declaró que ofrecían “niñas como obsequios” quienes deseaban obtener favores gubernamentales.
La denuncia fue presentada por Yamil Santoro, junto al jefe de asuntos legales de la Fundación Apolo, José Magioncalda, y el abogado Ignacio Falcón.
La Cámara Federal resolvió desestimar el archivo de la causa que fue dispuesto sin realizar ninguna media de prueba. El tribunal aceptó además a la Fundación Apolo como querellante en el caso.
“Al analizar los agravios planteados por esa parte acusadora, se advierte que el archivo dispuesto en estas actuaciones -cuya reapertura se reclama en este acto- resulta prematuro. Esto se concluye no sólo a partir de los datos consignados en la denuncia original y su ampliación, que aportan prima facie información concreta sobre el tiempo, modo y lugar en que presuntamente ocurrieron los hechos, sino también, y de forma central, por la gravedad y el tenor de los sucesos denunciados”, dijeron los camaristas que mandaron a investigar el caso.
“Se trata de hechos relacionados con los delitos de trata de personas y abuso de menores presuntamente cometidos por un exmandatario de Bolivia en territorio nacional, en el contexto de su asilo político, los cuales ameritan ser profundizados”, señalaron.
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