El decreto de Milei que limita el derecho a huelga reaviva una pelea con los gremios, pero también con la Justicia
La decisión presidencial causó sorpresa y malestar en la CGT; parte del contenido de la medida había sido incluido en el DNU 70/23, declarado inconstitucional en el fuero laboral y todavía pendiente de una definición de la Corte
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LA NACIONNicolás Balinotti
Javier Milei llevaba apenas diez días en la Presidencia cuando con el decreto de necesidad y urgencia 70/223 intentó imponer una reforma laboral sin debate previo en el Congreso. El capítulo IV del DNU, que contemplaba límites al derecho a huelga, cambios en los cálculos indemnizatorios y un avance contra la caja y el poder sindical, fue finalmente frenado en la Justicia en dos instancias. Se consideró “inconstitucional” y quedó suspendido hasta tanto se expida la Corte Suprema, que mantiene un estratégico silencio.
Hoy, un año y medio después, Milei vuelve a la carga y replica el contenido del DNU 70/23 en medio de una normativa mucho más amplia sobre la marina mercante. Casi como una nota al pie. Una sutileza que podría haber pasado de inadvertida entre tantas regulaciones y números del Boletín Oficial.
A través del decreto de necesidad y urgencia 340/2025, el Gobierno amplió ahora las actividades consideradas esenciales. Es decir, las actividades que deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso de estar en conflicto. Casi no hay actividades exceptuadas. Un derecho garantizado por la Constitución, como lo es del ejercicio de la huelga, está ahora en riesgo.
El DNU 70/23 empujó a la CGT a activar su primer paro contra la gestión de Milei, el 24 de enero de 2024, cuando el Presidente llevaba apenas 45 días en el poder. Hoy, la primera reacción sindical fue de sorpresa. La segunda, de evaluación, con interconsultas entre los abogados, que prometen judicializar el nuevo decreto.
El chat de los caciques sindicales se encendió más temprano de lo habitual. Hubo dirigentes que expresaron su malestar con Julio Cordero, el secretario de Trabajo, amigo de muchos de ellos, que les habría jurado que desconocía la letra chica de la medida. Antes de asumir como secretario de Trabajo, Cordero asesoró desde el sector privado al Gobierno para definir los alcances de la reforma judicial que se incluyó en el decreto 70/23. Ofició ad honorem de asesor sin ser funcionario. Por entonces, estaba contratado a sueldo en Finma SA, una financiera ligada a Techint.
Antes de conocerse hoy el nuevo intento de limitar el derecho a huelga, las conversaciones en la CGT giraban en torno al recambio de autoridades, previsto para noviembre. Jorge Sola, jefe del Sindicato del Seguro, es hoy quien reúne la mayoría de las adhesiones para convertirse en único secretario general de la central obrera. Será el adiós a la conducción en versión de triunvirato. Sola fue quien hoy movió un borrador por el grupo de WhatsApp para apurar un mensaje de rechazo. Este episodio se suma al malestar por los intentos oficiales de limitar los aumentos salariales a 1 o 1,5 por ciento como medida antiinflacionaria. Por este denominado “cepo salarial”, los gremios apuntan a Luis Caputo, el ministro de Economía. Caputo ubicó en la Secretaría de Trabajo un equipo de funcionarios para digitar las paritarias y decidir cuál está en condiciones de homologarse y cuál no.
¿Puede derivar este decreto en el cuarto paro general contra la gestión de Milei? Difícil. En la dirigencia cegetista tomaron nota de dos fortalezas del Gobierno: la estabilidad económica y el apoyo conseguido en las urnas en las elecciones que van del año. Se debatió una salvedad sobre el triunfo en la ciudad de Buenos Aires a partir de un informe que les circuló el economista Hernán Letcher, que asesora a algunos gremios. Letcher argumenta que el voto libertario se volvió “más elitista”, con mayor adhesión en los estratos sociales que están mejor económicamente. Un llamado de atención para que los gremios no descuiden a sus representados.
En la CGT, sin embargo, también comenzaron a detectar algunas falencias de la gestión mileísta. El deterioro salarial y la caída del empleo y de la actividad en sectores clave para el músculo productivo encabezan ese ranking. Por ejemplo, desde la asunción de Milei, el sector de la construcción es el más afectado en cantidad de puestos perdidos (-59.808) y solo tres sectores crearon empleo (comercio, agro y pesca), según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El CEPA es un think tank laboral y económico que supo estar ligado al kirchnerismo.
La decisión libertaria de avanzar contra el derecho a la huelga va a contramano de las disposiciones de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), de la cual Cordero formó muchas veces parte como referente del sector empresario. Fue a partir de la OIT que la Argentina modificó su legislación en 2004, cuando se derogaron artículos laborales de la famosa “ley Banelco” para incluir los conceptos de servicios esenciales y trascendentes a los que se les permitía cierta restricción a la huelga. Se incluyó por entonces al personal de salud, al control del tráfico aéreo y a los distribuidores de agua y energía eléctrica. Pero ahora, con la nueva normativa, ese universo se amplía a docentes, portuarios, transporte aerocomercial, de cargas, entre otras actividades. Milei encontró en el DNU 340/2025 el atajo para sortear la suspensión del capítulo IV del 70/23, el megadecreto con el que el Presidente buscó imponer su reforma laboral salteando al Congreso.
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