La justicia federal de Comodoro Py cambia desde agosto y los fiscales ganan poder
El Gobierno apuró la puesta en marcha desde el 11 de agosto de un nuevo sistema procesal que quita poder a los jueces; hay dudas sobre los recursos
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LA NACIONHernán Cappiello
Después de varios intentos de reforma, la poderosa justicia federal de Comodoro Py 2002 tendrá modificaciones en cinco meses.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dijo a LA NACION que el 11 de agosto comenzará a regir en la justicia federal de Comodoro PY 2002 y en la justicia en lo penal económico el nuevo Código Procesal Penal federal acusatorio que le quita el poder de la investigación a los jueces federales y lo deposita en manos de los fiscales federales.
“Hubo una gran recepción al anuncio. El propósito es cambiar la justicia argentina, que sea mejor, nada de injerencias políticas, el propósito es tener una mejor justicia”, dijo Cúneo Libarona.
El poder pasará a manos de los fiscales federales, y el sistema pretende ser más transparente con audiencias públicas, sin expedientes de papel, y con los acusados cara a cara con los magistrados para cada incidencia.
El cambio es sustancial, en una jurisdicción donde las denuncias (que no sean de trata de personas, drogas o secuestros), están politizadas o motivadas por un interés y donde los fiscales suman poder para reunir la prueba, avanzar o archivar las causas que consideren que no corresponde ser investigadas.
Los jueces federales quedan como jueces de garantías, una suerte de árbitro entre la prueba que le acerque la fiscalía y los argumentos de la defensa para decidir en audiencias públicas, que no se registran en papel, sino en video. Definirán la libertad o detención de los sospechosos y la elevación a juicio de las causas.
Este sistema acusatorio ya está en vigor en Salta y Jujuy desde 2019 y este año, el Ministerio de Justicia extendió su implementación en Mendoza, Rosario, Santa Fe, General Roca, Comodoro Rivadavia. Pero falta implementarlo en el resto del país, incluido Mar del Plata el 7 de abril. En Bahía Blanca, donde estaba previsto hacerlo en mayo próximo, ahora hay dudas por las consecuencias del temporal de este mes.
La puesta en vigor de este nuevo sistema fue bien recibida entre los jueces de Comodoro Py 2002 con los que habló LA NACION. En su mayoría festejaron la llegada de este nuevo código procesal que los libra de la obligación de reunir la evidencia y pone esa tarea en cabeza de los fiscales.
Dudas por los recursos y antecedentes
Los fiscales también celebraron la noticia que les da mayor visibilidad y protagonismo en las investigaciones, pero la gran duda son los recursos con los que se contará para la puesta en marcha del nuevo sistema.
Los intentos por diluir el poder de los jueces federales se remontan a los 90, cuando Carlos Menem reformó la justicia federal, y llevó de 6 a 12 el número de jueces federales. Ubicó jueces y fiscales de su confianza para que no lo atormentaran con la lluvia de denuncias de corrupción que cayeron sobre sus gobiernos.
Menem diseñó a su conveniencia los tribunales de Comodoro Py 2002, la Cámara de Casación Federal y la Cámara Federal. Y atenuó sus problemas judiciales. Cúneo Libarona fue incluso su abogado defensor.
En el kirchnerismo los intentos por controlar a la justicia federal fueron menos sutiles, pues los servicios de inteligencia operaban sobre algunos jueces federales, con modos suficientemente persuasivos. En 2013 Cristina Kirchner quiso dinamitar todo el sistema y propuso la “democratización de la justicia” con la elección de jueces a término y mediante elecciones populares. Fue la Corte Suprema de Justicia la que la frenó.
Los jueces federales fueron siempre el blanco del kirchnerismo. También pusieron bajo la lupa los negocios del macrismo y los conflictos de intereses en ese Gobierno. El gobierno de Mauricio Macri incluso habló de diluir el fuero federal, lo que no se concretó.
En el gobierno de Alberto Fernández la justicia federal puso la lupa sobre los negocios desde el poder, e imputó al propio expresidente, que promovió un juicio político de los integrantes de la Corte Suprema, sin éxito. También trató de operar para cambiar la integración de la Cámara Federal, también sin éxito.
Ahora el gobierno de Javier Milei se apresta a cambiar de raíz este sistema federal de Comodoro Py, trasladando el poder de los jueces a los fiscales. Y es clave aquí el rol del Procurador General de la Nación, cargo que está vacante desde 2017.
Eduardo Casal es el Procurador Interino, que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal y aspira a quedarse, pero el Gobierno tiene otras ideas y prometió enviar los pliegos de un candidato propio. Aún no lo concretó.
Esta semana se reunieron Cúneo Libarona con Casal y con la defensora general, Stella Maris Martínez, ya que se necesitarán multiplicar los recursos de las defensorías.
Por lo pronto ante esta novedad aparecen dos asuntos que atender: las vacantes entre los jueces federales y la necesidad de contar con auxiliares fiscales y mayor dotación en las fiscalías. El sistema dicen que funciona con tres fiscales por cada juez.
Hoy hay de los 12 juzgados federales, 4 que están vacantes y 5 si se confirma la llega de Ariel Lijo a la Cote. Y entre las 12 fiscalías hay también 3 que están vacantes.
En el fuero penal económico en la Cámara hay solo 2 de seis jueces y en los juzgados de primera instancia también hay muchos huecos por cubrir.
“Voluntad sobra, faltan fondos”, dicen los operadores del sistema que están de acuerdo con esta modalidad de funcionamiento, pero desconfían de contar con dinero suficiente para la implementación.
El próximo paso es enviar equipos para evaluar las necesidades edilicias, de infraestructura, aunque la Procuración General de la Nación ya tiene un diagnóstico. Se comenzará con las capacitaciones, que implican que los fiscales viajen a Salta y Jujuy y tengan la vivencia de las audiencias que ya vienen haciendose allí desde hace 5 años. Ahora mismo hay un grupo de fiscales marplatenses pasando por esa etapa de inmersión.
El otro asunto es la adecuación de las instalaciones de Comodoro Py 2002. El nuevo Código exije que ante cada caso se haga una audiencia pública ante el fiscal y el juez, con la defensa presente. Esa audiencia es oral y se filma, ya que el audiovisual es el único soporte. Desaparece el expediente de papel. Actualmente hay en Comodoro Py media docena de salas de audiencias, pero van a ser necesario equiparlas y readecuarlas para el nuevo sistema.
El presidente de la Cámara de Casación, Daniel Petrone, conversó con el ministro sobre la implementación del sistema en Comodoro Py. En Casación funciona la oficina de gestión judicial que ya viene interviniendo en estas causas desde un primer momento.
También hubo comunicaciones con el presidente de la Cámara Federal, Mariano Llorens, con algunos camaristas y fiscales federales. Todo están comprometidos con el proyecto en la medida en que haya recursos para su implementación.
“Hay un mejor aprovechamiento de las capacidades del Ministerio Público, pero deben estar acompañadas de recursos”, advirtió en diálogo con LA NACION el fiscal salteño Ricardo Toranzos, presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN). Indicó que en Buenos Aires no hay atraso edilicio y de personal como en otras jurisdicciones. “Es impactante el efecto de la inmediatez de la decisión del juez ante el acusado en una audiencia, y no en una resolución de 300 páginas donde nunca se le vio la cara al juez”, explicó Toranzos, que viene usando el sistema en Salta desde hace 6 años.
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