La oposición busca activar la comisión investigadora por el caso $LIBRA a la espera de algún avance de la Justicia
Este martes se retomará el intento por designar autoridades y se enviarán las invitaciones para una nueva reunión informativa; al mismo tiempo, los bloques opositores activan una vía paralela para eludir el próximo bloqueo
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La oposición logró reanimar a medias la Comisión investigadora del caso $LIBRA en Diputados, que hasta hace días parecía condenada a la parálisis total. En la última sesión se anotó una victoria parcial: no consiguió designar autoridades -una jugada clave para evitar futuros bloqueos-, pero sí sacó a la comisión del coma político. El futuro del cuerpo sigue atado a un hilo, aunque una eventual irrupción judicial, ya sea local o internacional, podría torcer su destino y devolverle centralidad.
El avance se gestó tras bambalinas. Mientras en el recinto se discutía el aumento a los haberes jubilatorios y la reactivación de una moratoria previsional, en los pasillos se libraba otra batalla: la oposición presionaba con una moción para forzar al oficialismo a reactivar la comisión que investiga el escándalo del criptoactivo promovido por el Presidente. Martín Menem, titular de la Cámara, intentó frenar la jugada para proteger a Javier y Karina Milei, pero terminó acorralado y cedió. Como prenda de negociación, habilitó la realización de dos reuniones antes de que cierre junio.
La resolución trajo consigo un giro inesperado. Adrián Pagán, secretario parlamentario de Diputados, quedó a cargo del operativo para mover el engranaje dormido. Este martes, a las 16, será él quien firme las invitaciones -no citaciones- que cada bloque podrá enviar para convocar a expositores. No podrá negarse: el recinto lo ordenó.
Las invitaciones se diseñan con dos enfoques en tensión. Un sector de la oposición, con espíritu más político, las concibe como un “principio de revelación”, según la jerga libertaria: llamar a figuras clave del Ejecutivo como Karina Milei (secretaria General de la Presidencia), Luis Caputo (ministro de Economía), Manuel Adorni (vocero) o Mariano Cúneo Libarona (ministro de Justicia), aun sabiendo que probablemente no se presenten. El objetivo no es obtener respuestas, sino exponer la incomodidad del Gobierno y capitalizarla públicamente.
El otro sector, en cambio, propone avanzar sobre evidencia. Ya circulan nombres de informáticos, especialistas en criptomonedas, periodistas y abogados que podrían aportar datos técnicos y reconstruir los hechos del caso. Algunos bloques anticipan que optarán por un enfoque mixto. “El principio de revelación no aporta información útil”, resumió un legislador crítico del mileísmo. La lista final se consensuará entre los opositores para evitar superposiciones.
El mismo martes se retomará también el intento de elegir autoridades. Por ahora, el equilibrio de fuerzas se mantiene: 14 legisladores de cada lado. Sin embargo, en la oposición confían en que el cierre de listas -que ya condiciona los movimientos internos- termine de romper esa paridad.
En paralelo, los impulsores de la investigación preparan un “camino largo” para eludir la trampa reglamentaria del oficialismo. Es una estrategia alternativa, más lenta pero posible, pensada para activarse si fracasa otra vez la votación de autoridades.
La reactivación de la comisión, aun limitada, no dejó a todos conformes. Los radicales de Democracia y la Coalición Cívica querían forzar una definición en el recinto, sin concesiones. “Fue una cuestión de actitud”, se quejó uno de sus legisladores, molesto con el amparo que Menem encontró en tecnicismos para frenar la discusión.
En medio de las diferencias tácticas, hay una coincidencia transversal: la Justicia -ya sea local o internacional- puede irrumpir en cualquier momento. Y si eso sucede, mejor que la Comisión esté viva, aunque todavía respire por asistencia mecánica.
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