La UCR se mostró dividida frente al nombramiento por decreto de los jueces Lijo y García-Mansilla
Los gobernadores optaron por el silencio; Lousteau prefirió cargar contra Macri y esquivó un pronunciamiento; rechazo mayoritario del bloque de diputados
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LA NACIONLaura Serra
El radicalismo, partido centenario que, aun en sus diferencias internas, supo enarbolar las banderas de la institucionalidad y la división de poderes, esta vez se mostró dividido frente a la decisión del presidente Javier Milei de nombrar en comisión, por decreto, al juez federal Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema.
Los gobernadores de la UCR optaron por el mutismo. La misma actitud tuvieron aquellos legisladores y dirigentes radicales que, sin tapujos, se proclaman cercanos a la Casa Rosada. Tampoco abrieron la boca aquellos que esperan ansiosos que los libertarios les confirmen que les darán un lugar en las listas de candidatos para las elecciones legislativas de este año.
En el bloque de diputados radicales, que preside Rodrigo De Loredo, la posición fue categórica: el Gobierno dio un paso en la dirección incorrecta, asestó.
“Es verdad que la Corte tiene dos vacantes que deben llenarse para que el máximo organismo judicial de la Argentina funcione como manda la Constitución Nacional, pero no compartimos el apuro del gobierno en sacar el decreto a pocos días del inicio del período ordinario de sesiones del Congreso”, indicaron los diputados en un comunicado.
“El nombramiento por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla tensa la relación entre los poderes del Estado, cuando hay mecanismos establecidos en la Constitución para que los ministros de la Corte surjan del consenso entre el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación”, advirtieron.
El bloque de senadores de la UCR evitó, en cambio, todo pronunciamiento. Lo comanda Eduardo Vischi, el mismo que con su voto ayudó al Gobierno a evitar que se conformase una comisión investigadora por el escándalo del criptogate.
Tampoco fue explícito el presidente del comité nacional, el senador Martín Lousteau: dedicó apenas una línea de un comunicado para para cuestionar al presidente y su “desprecio por la Constitución” pero fue mucho más duro en sus críticas a los correligionarios de su partido y a sus exsocios de Pro por haber sido “cómplices” del Gobierno al permitir que gestione por decreto de necesidad y urgencia.
Las palabras de Lousteau revelan el estado de convulsión interna dentro del partido. “Muchos son los que dicen una cosa y después avalan otra. Hablan de república, de transparencia y después votan en contra de una comisión investigadora”, reprochó Lousteau, quien no desaprovechó la oportunidad para, de paso, cargar contra el expresidente Mauricio Macri.
“Si Milei hoy puede nombrar jueces de la Corte Suprema es porque Mauricio Macri lo habilitó en 2015″, asestó Lousteau.
Tal vez sin querer, el senador radical le dio la razón al Gobierno, que justificó su decisión de nombrar por decreto a Lijo y García-Mansilla por el antecedente de 2016 de la gestión de Cambiemos. A diferencia de su colega Pablo Blanco, quien anticipó que rechazará ambos nombramientos porque el Gobierno eludió al Congreso, Lousteau prefirió no adelantar postura. De hecho, desde que el Poder Ejecutivo presentó ambos pliegos en el Senado, el jefe de la UCR evitó pronunciarse al respecto; solo dijo lamentar que el Gobierno no haya designado a una mujer. Tampoco convocó al partido a dar una discusión interna al respecto, actitud que todavía despierta suspicacias puertas adentro de la UCR.
Críticas en el radicalismo opositor
Por contraste, en las bases del radicalismo las críticas a los nombramientos por decreto fueron unánimes.
“Cuando el Gobierno de Cambiemos utilizó el mismo mecanismo de los decretos (para nombrar a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti), la UCR se plantó y expresó su oposición, y eso que éramos parte del Gobierno –recordó la diputada Karina Banfi, vicejefa del bloque-. La designación de los jueces de la Corte debería ser un tema de concertación”
En el mismo sentido se expresó el diputado Julio Cobos. “Una institución tan importante como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabeza de otro poder del Estado, requiere toda la legalidad y legitimidad para su composición”, posteó el mendocino.
Desde el bloque Democracia para Siempre, que aglutina a los radicales críticos del Gobierno, el diputado Pablo Juliano no ahorró críticas al Gobierno.
“Dos de los cinco ministros del máximo tribunal fueron ‘contrabandeados’ por el Ejecutivo sin el acuerdo del Senado. En noviembre, el presidente decidió que la Argentina no tuviera por segundo año consecutivo ley de presupuesto. Esto sucede mientras en Argentina y Estados Unidos se lo investiga por el escándalo $Libra. ¿Con qué cara el sábado hablará ante el Congreso si está claro que no cree en las instituciones republicanas?”, inquirió.
“La decisión de designar a Ariel Lijo y García-Mansilla por decreto es un atropello institucional inaceptable -enfatizó la vicejefa de ese bloque, Marcela Coli-. Los jueces de la Corte deben ser nombrados con el debido proceso constitucional y consenso en el Senado”.
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