Las maniobras de un juez federal acusado de dar cobertura a los narcos y extorsionar empresarios
Marcelo Bailaque quedó al borde de la destitución; el exjefe de ARCA de Rosario se presentó como arrepentido y contó como apretaban a financistas y beneficiaban a otros hombres de negocios
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Marcelo Bailaque, juez federal de Rosario, acostumbraba usar el quincho de su edificio, cercano al Parque Independencia, para hacer reuniones de “trabajo”. En realidad, eran una mezcla de placer y también, a veces, negocios. Degustar buenos espumantes, cocinar una paella, una especialidad que aprendió en Caleta Olivia, Santa Cruz, donde inició su carrera judicial, o unas tiras de asado, y conversar con “amigos”, como Carlos Vaudagna, que entre 2015 a 2020 fue jefe de ARCA en Rosario.
En ese ambiente relajado se terminó de moldear una maniobra que podría terminar en la destitución del magistrado federal y hasta en su detención, luego de que ese comensal, que fue un hombre poderoso de la exAFIP durante 12 años –antes fue titular del organismo en Santa Fe- se quebrara y declarara como arrepentido en una constelación de causas que llevan adelante una decena de fiscales federales. Vaudagna prefirió hablar para evitar ir a la cárcel, un peligro que lo había llevado caer en una grave depresión. Era tan fuerte la presión y lo que estaba en juego que –según contó gente de su entorno- hasta estuvo cerca de quitarse la vida.
El exjefe de ARCA reconoció ante los fiscales que lo entrevistaron varias veces que tramó una extorsión con Bailaque a los empresarios Claudio Iglesias y Jorge Oneto. Se investiga que el exjefe de la AFIP y el magistrado no fueron dos lobos solitarios, sino que en el fondo de esta trama aparece un engranaje de corrupción en el que participaron operadores judiciales de alto nivel en el país y empresarios que monetizaban “favores”.
La “extorsión” tuvo dos objetivos: cobrar una coima en dólares, aunque la misión principal, según interpretan varias fuentes ligadas al caso, era arruinar la reputación de Iglesias, que en ese momento aspiraba a convertirse en presidente del Grupo San Cristóbal Seguros, una compañía que está entre las cuatro que más facturan en el rubro, y era un hombre fuerte en el Mercado de Valores de Rosario. Después de la extorsión, Iglesias renunció a los dos cargos.
Está claro que Vaudagna y Bailaque extorsionaron a estos dos empresarios, pero fue por pedido de alguien. Las sospechas apuntan a un operador judicial de alto nivel, que se mueve en Buenos Aires, a un funcionario de la Corte Suprema de la Nación, cercano al ministro Ricardo Lorenzetti, y al financista Fernando Whpei, un hombre que acarrea causas por lavado de dinero en la Asociación Mutual Unión Provincial, que nunca prosperaban. En diálogo con LA NACION, Lorenzetti negó tener alguna relación con los acusados en esta causa. “Nunca vi en mi vida a Vaudagna y con Bailaque tengo un vínculo puramente institucional”, afirmó el ministro de la Corte Suprema.
Detrás del caso Bailaque hay una batalla dentro del máximo tribunal y también dentro de la justicia federal de Rosario. La puesta en marcha del sistema acusatorio, en el que los fiscales tienen un rol protagónico, favoreció a que se activara una investigación que trasciende las fronteras de Rosario. También surgieron resistencias. Corrió peligro de que la causa quedara sin juez, luego de que el magistrado Gastón Salmain fuera apartado. Los fiscales lo recusaron por tener una relación con el exjefe de ARCA.
Bailaque quedó al descubierto en este caso que ganó mayor notoriedad, pero estaba en la mira desde hacía tiempo. Tenía una red de contención que evitaba que se abriera una investigación. Los rumores eran cada vez más precisos sobre el comportamiento de un magistrado que usaba métodos clásicos en el rubro de la corrupción judicial: el paso del tiempo.
La dilación en una investigación, como ocurrió con el jefe narco como Esteban Alvarado, uno de los más poderosos de Rosario, significó engrosar la fortuna del capo criminal y que tuviera tiempo para matar a sus enemigos, traer cargamentos de droga en avionetas desde Bolivia y Paraguay, diluir gente en ácido –como contó el testigo Carlos Arguelles, que después mandó a asesinar-, o enterrarla viva.
La lenta cadencia de Bailaque para investigar, que también fue un espejo en otros magistrados de Rosario, explica en parte el crecimiento de la violencia narco, en una ciudad que durante 15 años vivió ensordecida por las balas, las extorsiones, los atentados y las muertes. La tasa de homicidios llegó a 24 asesinatos cada 100.000 habitantes.
Las principales bandas criminales, como los Monos, Alvarado, los Funes, Julio Rodríguez Granthon, entre otros, fueron investigados y condenados por crímenes y asociación ilícita por fiscales provinciales, antes de ser sentenciados por narcotráfico, un delito federal. La justicia federal de Rosario pareció vivir en una burbuja durante más de una década, pero esa abstracción tenía una explicación, que empieza a develar el caso de Bailaque.
Los primeros que mencionaron la responsabilidad del Estado en omitir investigaciones que contribuyeron a que Rosario fuera escenario de un territorio arrasado por la violencia narco fueron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que advirtieron en los alegatos del juicio contra Alvarado que este jefe narco construyó su poder no sólo a partir de la violencia extrema, sino también a partir de la “complicidad del Estado”.