“Los dólares del colchón”: Dudas y cautela de los expertos antilavado

Economistas y expertos en el combate contra el lavado de dinero son cautos acerca del plan que anunció ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, para acelerar el uso de los dólares que los argentinos tienen en la economía informal. Si bien celebran que se elimine la obligación de informar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre determinadas operaciones, esperan a conocer la letra chica de las medidas para ver cómo se actualizan las regulaciones antilavado que imparte la Unidad de Información Financiera (UIF).

Bajo el ampuloso rótulo de “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, la propuesta del Gobierno como pilar istrativo la eliminación de los regímenes de información para consumos personales, determinadas operaciones notariales, compra-venta de vehículos usados, pago de expensas, transferencia de inmuebles y consumos relevantes de electricidad, agua, gas y telefonía.

Sobre este punto, el especialista en criminalidad financiera y dos veces coordinador nacional para el combate de la financiación del terrorismo, Juan Felix Marteau, considera que se trata de una medida positiva.

“Mi perspectiva es la siguiente: primero la seguridad nacional. La búsqueda de estabilidad económica siempre está subordinada a un orden institucional que la precede y la hace posible –indicó-. Considerando esto, entiendo que la eliminación y reducción de controles burocráticos excesivos, en particular, de naturaleza tributaria, que recaen sobre los actores de la economía real debidamente formalizados, es una acción gubernamental correcta y bienvenida.”

“El gobierno se ha mostrado pragmático con relación con la producción de inteligencia financiera que debe estar orientada a debilitar a los agrupamientos criminales más críticos y no a perjudicar a los argentinos que trabajan y tributan todos los días. Apoyo esta decisión y abogo para que el gabinete complemente esta medida con una nueva estrategia contra la criminalidad financiera que permita identificar más precisamente los riesgos que generan las economías ilícitas vinculadas a la financiación del terrorismo, el narcotráfico y otros delitos graves”, sostuvo.

María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la UIF durante el gobierno de Mauricio Macri, es algo más cauta.

“Las medidas anunciadas eliminan varios regímenes informativos que recibía el ARCA pero nada se ha dicho respecto de los reportes a la UIF para preservar la prevención en materia de lavado de dinero –advirtió-. Más allá de la adaptación de las regulaciones de la UIF para elevar umbrales de reportes en efectivo, hay que ver qué otras medidas se toman en ese ámbito, donde los escribanos o agentes inmobiliarios siguen siendo sujetos obligados según la ley”.

En idéntico sentido, otro experto en prevención de lavado de dinero expresó, en estricto off the record, sus dudas sobre cómo se van a instrumentar estas medidas. “Hay que ver cómo se reglamentan para que no entren en colisión con las normas antilavado impuestas por el GAFI, a las que nuestro país suscribió. “El Gobierno relaja los reportes al ARCA, ¿sucederá lo mismo con los reportes a la UIF?”, se preguntó.

En otro orden, Talerico expuso sus dudas sobre la puesta en marcha del nuevo régimen simplificado de Ganancias, otro de los pilares del plan anunciado ayer. Según el titular de ARCA, Juan Pazo, este nuevo régimen se focalizará exclusivamente en la facturación y en los gastos deducibles del contribuyente, dejando de lado los consumos personales y el patrimonio de los ciudadanos. Talerico advirtió que difícilmente estas modificaciones puedan instrumentarse sin una ley del Congreso.

Por último, la exfuncionaria consideró muy positivo que se actualicen los montos contemplados en la ley penal tributaria, al tiempo que puso en tela de juicio que estas medidas redunden en un impacto importante en la economía, como originariamente se había ventilado desde la Casa Rosada aunque sí, dijo, “llevan cierto alivio en el uso del dinero por parte de los ciudadanos”.

En tanto, Roberto Feletti, exviceministro de Economía de Cristina Kirchner, también expresó sus dudas sobre la instrumentación de estas medidas sin la sanción de las leyes correspondientes. Además, indicó que este plan, contrario a lo que había ventilado el Gobierno días atrás, termina siendo muy limitado.

“Si uno quiere bancarizar más de 10.000 dólares, queda inserto en una denuncia de registro de operación sospechosa que los bancos deben hacer al Banco Central. Alguien que saca 100.000 dólares de la caja de seguridad, lo transforma en pesos y quiere hacer un plazo fijo de 100 millones de pesos es el tope, estaría bien, pero igual queda incurso en el registro de operaciones sospechosas, aún cuando no lo informen al ARCA”, indicó.

Por Laura Serra

• Luis Caputo

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