Los obispos de Río Negro denuncian una “discriminación por motivos religiosos” en la Justicia
Cuestionaron al presidente del Tribunal Superior provincial, Sergio Barotto, por preguntar sobre las creencias religiosas a nueve personas que se postulaban para el cargo de defensor oficial
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LA NACIONMariano De Vedia
Los obispos de las tres diócesis de Río Negro denunciaron “una clara discriminación por motivos religiosos” en el proceso de designación de funcionarios judiciales. Cuestionaron en una declaración al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la provincia, Sergio Barotto, quien en una audiencia preguntó por sus creencias religiosas a los nueve postulantes a un cargo en el Poder Judicial.
“El tema de la religión hace a la independencia judicial y para un Juez es más difícil deshacerse de la creencia propia”, argumentó el juez Barotto, al justificar sus preguntas para seleccionar un aspirante al cargo de defensor oficial en Cipolletti.
En una fuerte declaración, los obispos Esteban Laxague (Viedma), Alejandro Benna (Alto Valle de Río Negro) y Juan José Chaparro (San Carlos de Bariloche) desestimaron los argumentos y transmitieron su preocupación por las expresiones del juez. “Vemos, con dolor, una clara discriminación por motivos religiosos, dicho esto de la cabeza de uno de los tres poderes del Estado rionegrino”, señalaron.
La controversia reactualiza el debate sobre la prescindencia religiosa a la hora de impartir Justicia, reflejada varias veces en la discusión sobre la presencia de un crucifijo y de símbolos religiosos en las audiencias judiciales, polémica que en varios países de Europa se ha extendido también a las escuelas. Al respecto, ante un caso planteado hace unos años en Italia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, no convalidó la pretensión de retirar los crucifijos de las aulas, al entender que más allá del significado religioso, tienen un innegable “valor cultural” y quitarlos podría ser considerado “un agravio a los creyentes”.
En la Argentina, algunas organizaciones de derechos humanos presentaron una iniciativa similar al Ministerio de Educación y al Consejo Federal de Educación para no exhibir el máximo símbolo del cristianismo en las aulas, que hasta el momento no prosperó, por lo que recurrieron también a la Justicia.
Incluso, en la citada reunión del Consejo de la Magistratura rionegrina, uno de los postulantes al cargo de defensor oficial, Pablo Zille, se declaró agnóstico y reveló que el primer día como juez de paz de Cipolletti ordenó bajar “un crucifijo y un rosario que había en el despacho que usaba el juez anterior”, según publicó el diario Río Negro.
“Los derechos individuales han de ser protegidos siempre -y con rigor- por el ordenamiento jurídico de los Estados. Los jueces y funcionarios deben aplicar la ley más allá de sus creencias o no-creencias”, dijeron los obispos. Y lamentaron que “un juez del Superior Tribunal de Justicia discrimine por creencias religiosas a quienes desean ingresar o avanzar en su carrera judicial”.
Creencias y no creencias
Frente a los dichos del juez Barotto acerca de la influencia de las creencias religiosas, los obispos de la provincia sostienen que “es tan creencia propia la creencia en una religión, como la no creencia en nada” y afirmaron que esas manifestaciones “serían un argumento para invalidar un nombramiento en el Poder Judicial”.
“Se empequeñece, se divide, se odia, cuando las discriminaciones de cualquier tipo se hacen carne, especialmente en aquellos que debieran hacer realidad la ecuanimidad, la virtud fundamental que se le pide a un juez”, alertaron los prelados de Viedma, Bariloche y el Alto Valle del Río Negro.
Finalmente, los obispos Laxague, Chaparro y Benna hicieron un llamado “a todos los argentinos a caminar por la senda de la unidad y el respeto, para poder superar los momentos tan dolorosos, que sobre todo los más pobres sufren en nuestra Nación y en nuestra provincia”.
La polémica excedió los límites de la provincia y llevó a un pronunciamiento del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (Calir), integrado por representantes de distintas confesiones y que preside el abogado Juan Navarro Floria. En una declaración, frente al hecho suscitado en Río Negro, la entidad consideró que “el interrogatorio mismo constituye un atentado contra la libertad religiosa y de conciencia de los candidatos, libertad que incluye el derecho a mantener en reserva y no exteriorizar las propias creencias”.
Afirmó, además, que “es totalmente inisible que el hecho de tener creencias religiosas, o no tenerlas, sea considerado un criterio de selección para el a una magistratura.
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