Marcha de jubilados | “La policía va a reprimir”: el mensaje que el Gobierno puso en las estaciones de trenes
La advertencia se reproduce en las pantallas donde se anuncian los horarios del servicio; también se replica a través del sistema de audio
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LA NACION
A pocas horas de que se inicie una nueva movilización frente al Congreso por los jubilados, el Gobierno utilizó el servicio de comunicación de todas las estaciones de trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para enviar un mensaje. A través de las pantallas de las estaciones de trenes y el sistema de audio se advirtió que “la policía va a reprimir todo atentado contra la República”.
“Protesta no es violencia”, fueron las palabras oficiales que eligieron desde el Ministerio de Seguridad nacional, a cargo de Patricia Bullrich, y que le pidieron a la empresa estatal Trenes Argentinos que replicara en las distintas vías de comunicación que hay en las paradas ferroviarias, entre ellas los altoparlantes, según pudo saber LA NACION. Generalmente, desde estas pantallas y el sistema de audio se transmiten campañas de distinto tipo o cuestiones vinculadas al servicio de los trenes.
No es la primera vez que desde un gobierno utilizan este método para llevarle un mensaje determinado a la sociedad. En 2023, desde la gestión de Alberto Fernández utilizaron las pantallas de las estaciones de trenes, y en un intento de acelerar el ingreso al balotaje del oficialista Sergio Massa, publicaron las siguientes frases: “Tarifa trenes Massa 56,23 pesos; tarifa trenes [Javier] Milei 1100 pesos; tarifa trenes [Patricia] Bullrich 1100 pesos”. No fueron los únicos. “Cuando te hablan de subsidio esa es la diferencia en tu precio”, agregaron.
Operativo de seguridad alrededor del Congreso
Se prevé un amplio operativo entre policías de la Ciudad y fuerzas federales, que estarán abocados este miércoles al operativo de seguridad que se implementará en los alrededores del Congreso de cara a la movilización de los jubilados. Fuentes del Gobierno porteño ya anticiparon el despliegue de 900 policías en las inmediaciones del Parlamento.
Una semana atrás, en una marcha similar, se registraron serios incidentes entre muchos de los manifestantes y las fuerzas de seguridad. A primera hora de este miércoles, y en el contexto de esos hechos -en los que hay denuncias cruzadas por represión policial y la intervención de barrabravas con el objetivo de violentar la protesta- el Gobierno anunció que ofrece $10.000.000 de recompensa a quienes aporten datos para identificar a quienes organizaron los disturbios y delitos de hace una semana.
El Congreso y las calles de los alrededores estarán blindados, ya que permanecerán vallados a unos 100 metros a la redonda. No podrán circular los automóviles ni pasar las personas.
El tránsito permanecerá cortado desde las 9 en el perímetro delimitado por las calles Paraná, Sáenz Peña, Bartolomé Mitre, Ayacucho, Sarandí y Adolfo Alsina. En tanto, durante la noche previa, se retiraron 350 contenedores de residuos en un área más amplia, que abarca desde Sarmiento hasta Combate de los Pozos, y desde Moreno hasta la 9 de julio, además de la Avenida de Mayo entre la 9 de julio y Plaza de Mayo con la intención de que de haber desmanes esos tachos no sean vandalizados o utilizados para un enfrentamiento con los efectivos.
Respecto del reclamo afuera del Congreso, distintas organizaciones sociales acompañarán el pedido de los jubilados que exigen aumentos en sus haberes, en un contexto donde el mínimo es de $280.000. Sindicalistas, movimientos sociales, partidos de izquierda e incluso el kirchnerismo se suman a la protesta. El Gobierno, en tanto, denuncia infiltración de barras y “agitadores” en la movilización.
LA NACION
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