Odebrecht: Procesan a "Corcho" Rodríguez y exfuncionarios por las coimas en Aysa
LA NACIONHugo Alconada Mon
El juez federal Sebastián Casanello procesó este martes a la plana mayor del Ministerio de Planificación Federal durante el kirchnerismo, como así también a empresarios y ejecutivos por el presunto cobro y pago de coimas en la construcción de una planta potabilizadora de agua en Paraná de las Palmas para Aysa (Aguas y Saneamientos Argentinos).
Casanello estimó que existen pruebas suficientes para concluir que el entonces ministro Julio de Vido y sus colaboradores Roberto Baratta y José López actuaron en perjuicio de las arcas públicas a cambio de sobornos del consorcio que conformaron la constructora brasileña Odebrecht y las locales Benito Roggio e Hijos, Supercemento y Cartellone.
"Es posible identificar en los actos y en el precio pagado, el perjuicio al Estado y las ganancias ilícitas de las empresas", estimó. "El porqué del comportamiento infiel por parte de los funcionarios que debían defender el interés estatal se explica a través de un acuerdo espurio que precedió a la publicación de los procesos de licitación y que se mantuvo en el tiempo. Ese acuerdo tuvo como contrapartida, conforme a lo que se ha podido demostrar en esta etapa preliminar, la entrega de sobornos".
Los procesamientos también alcanzaron a Jorge "Corcho" Rodríguez, identificado como el presunto eslabón clave entre los entonces funcionarios y las empresas para canalizar esos sobornos, y a los principales responsables de Aysa durante aquellos años, Carlos Ben y el ingeniero Raúl Biancuzzo.
En su resolución de 116 carillas, Casanello también ordenó embargar a cada uno de los procesados por $ 511 millones, y avanzó sobre el proyecto "mellizo" a Paraná de las Plantas situado en Berazategui, que se adjudicó a Camargo Correa y la constructora local Esuco. Concluyó que allí también "se verificaron situaciones […] indicadoras de un acuerdo espurio que maximizó indebidamente las ganancias de los empresarios".
Por ese motivo, Casanello también procesó a los máximos responsables de las empresas consorcistas de Odebrecht en "Paraná de las Palmas" -Aldo Benito Roggio, yTito Biagini (por Cartellone), en tanto que el entonces presidente de Supercemento ya falleció-, y amplió el procesamiento del dueño de Esuco, Carlos Enrique Wagner , por entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.
Casanello basó los procesamientos en los trabajos desarrollados por el fiscal federal Federico Delgado, la Oficina Anticorrupción (OA) y las Procuraduría de Investigaciones istrativas (PIA), como así también en la información que remitieron las autoridades uruguayas y en el material que LA NACION reveló desde agosto de 2017 y aportó a su Juzgado.
Entre otros datos, LA NACION entregó copias de la confesión en Brasil del ex vicepresidente para América Latina de Odebrecht, Luiz Antonio Mameri, quien itió sobornos por US$ 14 millones por "Paraná de las Palmas". Confesó que Wagner les impartió las directrices para cartelizarse y canalizar las coimas, en las que luego también afirmó que se involucró el "Corcho" Rodríguez, y que terminaron en las manos de Biancuzzo y Baratta, entre otros involucrados.
Durante los últimos años, LA NACION también reveló los tramos sustanciales de la "ruta del dinero" para el capítulo argentino del "Lava Jato", que incluyó a varias sociedades offshore constituidas en paraísos fiscales del Caribe que circularon dinero por Antigua y Barbuda, Panamá y Andorra, para luego pasar por cuentas de las sociedades Sabrimol Trading y Latin Financial LP, cuyos directivos afirman que son del "Corcho" Rodríguez, algo que él niega de manera categórica.
Según Rodríguez, tanto Sabrimol Trading como Latin Financial pertenecen a los uruguayos Carlos Dentone y Martín Molinolo, quienes también terminaron procesados en la resolución de ayer, al igual que tres colaboradores del "Corcho" Rodríguez: el abogado uruguayo Pablo Correa Calcagno y los contadores argentinos Osvaldo Gandini y Marcos Sankowicz.
En esa línea, el magistrado también buscó abrir una puerta para que el fiscal Delgado requiera a Brasil todas las evidencias que Odebrecht y sus ex ejecutivos devenidos "delatores premiados" aportaron en aquel país y que se encuentra a disposición de otros países desde el 1 de junio de 2017, pero que sigue sin llegar a la Argentina por dificultades legales registradas para el intercambio de información.
"Debe recordarse que los Estados tienen la obligación de colaborar y auxiliarse mutuamente en la persecución de los delitos de corrupción –so riesgo de incurrir en responsabilidad internacional- y que el proceso de colaboración entablado se encuentra en cabeza del Ministerio Público Fiscal", remarcó Casanello, que aclaró que no observa "obstáculos legales que impidan avanzar en ese proceso de colaboración", por lo que pidió a Delgado "que procure obtener la prueba obrante en Brasil con la urgencia del caso".
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