“Ruta del dinero K”: la Cámara Federal abrió un recurso de queja para analizar incorporar un audio de Lázaro Báez que apuntaría a la familia Kirchner
Es la grabación en la que el empresario santacruceño dice que manejó fondos que eran “de arriba”; una organización civil ligada al macrismo impulsa la investigación
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La Cámara Federal porteña aceptó abrir un recurso de queja para revisar la decisión por la cual se excluyó de la causa conocida como “la ruta del dinero K” una prueba que apuntaría a la familia Kirchner.
Se trata de una grabación en la que el empresario de la construcción Lázaro Báez, principal beneficiado en el reparto de la obra publica en la provincia de Santa Cruz, reconoce que los fondos que manejaba no eran suyos, sino de alguien “de arriba”. “Quizás los istré mal”, reconoció el empresario.
La Cámara itió el planteo de la querella, la asociación civil Bases Republicanas, y, con los votos del juez Eduardo Farah y Mariano Llorens, declaró mal denegado la apelación del juez Sebastián Casanello, que había negado incorporar el audio al expediente. “La vía de revisión debe ser habilitada”, dijo Farah.
Ahora deberá resolver la Cámara si incorpora o no el material.
La organización civil, integrada por exfuncionarios del macrismo, había indicado en su escrito que resultaba útil “contar con las escuchas que tomaron estado público y que fueron valoradas por el Fiscal de Cámara (Diego Luciani) en la causa nro. 5048/2016 (Vialidad) al momento del alegato final, como evidencia de que el condenado Lázaro Báez fue efectivamente un testaferro del matrimonio Kirchner”.
“En esa conversación – de corroborarse su veracidad - el imputado Lázaro Báez habría corroborado la hipótesis del caso que esta querella viene sosteniendo, es decir, que los bienes que aparecen en su nombre, no son de su propiedad, sino de la familia Kirchner", se añade.
El audio en cuestión fue revelado por el programa de Periodismo para Todos, en junio de 2019. ”Todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba y me lo dio para que lo istre y no lo supe istrar quizás en la forma adecuada que él quiso que lo istrara", decía Baez, desde la cárcel, en una conversación que mantiene con una mujer que le dice que lo ama.
El juez Casanello rechazó incorporar el audio argumentado que la legalidad del mismo había sido puesta en duda años atrás. “Desde entonces el panorama no ha cambiado sino todo lo contrario, los riesgos oportunamente advertidos se han acrecentado y la legalidad de esas escuchas ha sido puesta en duda a través de múltiples planteos de nulidad que se encuentran en trámite de revisión”, dijo el juez.
Además, afirmó que la figura del “testaferro” es propia de las investigaciones por enriquecimiento ilícito.
En este expediente, iniciado en 2013, se investigaron presuntas maniobras de lavado por más de 55 millones de dólares. Tuvo su origen después de una emisión del programa del periodista Jorge Lanata, en la que Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar confesaron haber sacado dinero negro de Báez del país. Después aparecieron videos de los acusados contando fajos de dólares y tomando whisky en una financiera de Puerto Madero.
En la causa, Baéz está condenado a 10 años de prisión; su hijo Martín, a seis años y seis meses, al igual que Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, abogado y contador del empresario, entre otros sentenciados.
La Corte, ahora, debe resolver si confirma o revisa más de una docena de condenas.
Respecto a Cristina Kirchner, el fiscal Guillermo Marijuan, que instruyó el expediente, llegó a la conclusión que no había elementos para acusarla y pidió su sobreseimiento.
Los cuerpos de este expediente se mueven en distintas velocidades: la condena a 10 años de prisión al empresario Báez fue confirmada por la Cámara de Casación en febrero de 2023, pero la participación de la exvicepresidenta en esta maniobra puntual no superaba el grado de la “sospecha”, según dijo Marijuan en su dictamen. No obstante, Bases Republicanas, sobre la base de una visión “conglobante” con otros expedientes, puja por reintroducir a Cristina Kirchner en la causa.
La ONG, la única que impulsa por estas horas esta parte de la investigación, parte de la premisa de que buena parte del dinero que Báez giró al exterior y por el cual fue condenado provendría de los contratos irregulares en la obra pública de la provincia de Santa Cruz que, entre 2003 y 2015, con Néstor y Cristina Kirchner en el Poder Ejecutivo, fueron adjudicados al conglomerado empresarial de Báez. Estos hechos se investigan por separado en la causa conocida como Vialidad, donde Cristina Kirchner tiene una condena confirmada.
Ante la decisión de Casanello de negarle la apelación, la ONG fue en queja ante la Cámara Federal, que ahora le dio la razón y revisará si se ite o no aquel audio que, según la querella, representaría “un indicio relevante frente a otras pruebas que muestran como el nombrado recibía instrucciones continuas del matrimonio Kirchner, a quienes habría remitido parte del producto delictivo”.
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