Tres décadas después, el Congreso abre el recinto para interpelar al Gobierno sobre el caso $LIBRA
Fueron citados Francos, Cúneo Libarona y Caputo, que tienen obligación de concurrir; qué planea la oposición y cómo se defenderá el oficialismo
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Pasaron largos treinta años desde la última y más memorable interpelación en la Cámara de Diputados. Domingo Cavallo, por entonces ministro de Economía, aprovechó el escenario para destapar el que sería uno de los escándalos más resonantes de la gestión de Carlos Menem, la existencia de una “mafia enquistada en el poder” con vértice en Alfredo Yabrán, un desconocido y oscuro empresario postal.
Otro escándalo será motivo para que, treinta años después de aquel episodio –ocurrido en agosto de 1995-, la Cámara de Diputados vuelva a abrir el recinto para una interpelación. Se trata de la presunta estafa cometida con la criptomoneda $LIBRA, la cual tuvo al presidente Javier Milei como primer promotor a partir de un tuit en su red social y ahora es investigada por la Justicia en la Argentina, Estados Unidos y España.
A dar explicaciones del asunto la oposición citó –pese al rechazo del oficialismo y sus aliados de Pro y la UCR- al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; a los ministros de Economía, Luis Caputo y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, como así también al titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Si bien la Constitución Nacional, en su artículo 71, obliga a los ministros citados a concurrir, solo Francos y Cúneo Libarona confirmaron su asistencia. No así Caputo, reacio a dar explicaciones de cualquier índole al Congreso; su incumplimiento a la manda constitucional podría dar lugar a un pedido de juicio político, advirtió la oposición.
Si bien la interpelación es vista hoy como una suerte de acto inquisidor por parte de la oposición a un ministro del Poder Ejecutivo, lo cierto es que el artículo 71 de la Constitución Nacional se concibió, más bien, para garantizar el principio de publicidad de los actos de gobierno. Una regla democrática básica que permite que el Congreso, que representa al pueblo, ejerza un control directo sobre la gestión del Poder Ejecutivo. Con ese espíritu, durante el gobierno de Raúl Alfonsín se celebraron once interpelaciones parlamentarias a ministros de su gabinete, mientras que durante las dos gestiones de Menem se realizaron otras once. Muchas de ellas, incluso, fueron promovidas por los propios oficialismos.
Los gobiernos posteriores, en cambio, evitaron a toda costa que alguno de sus ministros fuera interpelado. El de Milei no es la excepción. En vísperas del inicio de la campaña electoral, la oposición no quiere dejar pasar este escándalo que, cuando estalló en febrero pasado, impactó de lleno en la línea de flotación del gobierno libertario. Su desafío será sonsacarles a los ministros información y elementos de prueba que puedan nutrir la investigación judicial y, también, la pesquisa que se apresta a realizar la comisión investigadora especial que se constituirá este miércoles, también en la Cámara de Diputados.