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Un diputado radical pidió que el Congreso cite al jefe de la SIDE a dar explicaciones tras la revelación de LA NACION
Pablo Juliano (Democracia) presentó un proyecto para que Neiffert rinda cuentas sobre el plan de inteligencia, que abre la puerta a que se haga vigilancia a periodistas, economistas y opositores
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La oposición tomó nota y comenzó a mover sus fichas. A partir de la revelación periodística de LA NACION que informó que el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) abre la puerta al espionaje interno, el diputado radical Pablo Juliano presentó este martes un proyecto de resolución para citar al jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, a la Cámara de Diputados.
La iniciativa apunta a que el funcionario -que ejerce con rango de ministro, pese a su cargo formal de secretario- brinde precisiones sobre el PIN, un documento de 170 páginas que, según reveló LA NACION, contemplaría la identificación de actores que “generen pérdida de confianza en las políticas económicas”, “manipulen la opinión pública” en procesos electorales o “erosionen la confianza en funcionarios” del Gobierno.
“El secretario de Inteligencia tiene, por decisión del presidente Javier Milei, rango de ministro. Por eso lo convocamos a Diputados”, explicó Juliano a LA NACION. El Decreto 834/2024, firmado por Milei en abril, otorgó rango ministerial al jefe del organismo, al igual que a los titulares de las secretarías General, Legal y Técnica, de Prensa, y de Comunicación y Medios, todas bajo la órbita directa de la Presidencia.
“Queremos que explique por qué, según el Plan Nacional de Inteligencia, se abre la puerta al espionaje o persecución de periodistas, formadores de opinión y opositores al Gobierno nacional”.
El proyecto se apoya en los artículos 71 de la Constitución Nacional y 204 del reglamento de la Cámara baja, que habilitan al Congreso a requerir informes a funcionarios del Ejecutivo. “Debe esta Honorable Cámara intervenir prontamente a efectos de que pueda aclararse la grave situación descripta a la brevedad posible”, plantea el texto.
Cómo sigue
La propuesta fue presentada anoche, por lo que aún no cuenta con giro a comisiones. En casos similares -como las citaciones a los ministros Guillermo Francos (Jefe de Gabinete), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Luis Caputo (Economía)- la Comisión de Asuntos Constitucionales fue la encargada de intervenir. Ese cuerpo, presidido por el oficialista Nicolás Mayoraz, podría ahora demorar el tratamiento de un expediente incómodo para el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, si la oposición logra alinearse, tiene margen para forzar el debate en comisión, emitir dictamen y luego llevar el proyecto al recinto. Para avanzar necesitarán, primero, habilitar la discusión con 129 diputados en sus bancas y luego aprobarlo por mayoría simple. Entre Unión por la Patria, parte de Encuentro Federal, la Coalición Cívica, los radicales de Democracia y la izquierda, suman más de 130 legisladores: los números alcanzan para exigir explicaciones si el Gobierno insiste en avanzar sobre voces críticas.
“Giro autoritario”
En respuesta a la investigación que encendió las alarmas, del periodista Hugo Alconada Mon, el Gobierno negó que esté haciendo espionaje interno.
Tras la publicación, Alconada Mon denunció amenazas e intentos de hackeo. “Manifestamos nuestra preocupación y solidaridad”, señala el proyecto, en respaldo al periodista.
Juliano advirtió además sobre el uso del aparato estatal para acallar los cuestionamientos a la gestión de Milei. “Estamos viendo con enorme preocupación un giro autoritario del Poder Ejecutivo”, dijo. “No sólo en la represión de jubilados y periodistas, los miércoles frente al Congreso, sino también con campañas orquestadas desde las más altas esferas en redes sociales para linchar voces críticas. El Congreso es la casa de la democracia y tenemos que estar atentos a todo este tipo de situaciones”.
El proyecto también advierte sobre la creciente centralidad institucional de la Secretaría de Inteligencia. En los fundamentos, el diputado menciona la reciente reasignación de partidas dispuesta por la Decisión istrativa 10/2025, que otorgó $25.250 millones adicionales al organismo, elevando su presupuesto anual a $80.872 millones. Según detalla, $13.436 millones de ese total están clasificados como “gastos reservados”, es decir, exentos de control público.
En paralelo, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, presidida por el senador Martín Lousteau (UCR), evalúa reunirse la semana próxima para abordar el contenido del PIN y decidir si convoca a Neiffert y a otros funcionarios en el ámbito reservado que establece la ley.
Aunque el al plan está restringido al Presidente, al jefe de la SIDE y a la Bicameral, la oposición busca activar mecanismos institucionales para dilucidar si hay un uso indebido del sistema de inteligencia.
