Una cantante fue denunciada por usar datos de gobernadores para comprar ropa en el exterior
El caso involucra a Jaldo, Kicillof, Frigerio, Ziliotto y Poggi; la Justicia allanó su departamento en Núñez
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LA NACION
Una cantante santiagueña con 425 mil seguidores en Instagram fue denunciada por utilizar los datos fiscales de cinco gobernadores para importar ropa. Se trata de Valentina Olguín, quien habría superado su cupo personal de compras internacionales y, con la información de Osvaldo Jaldo, Axel Kicillof, Rogelio Frigerio, Sergio Ziliotto y Claudio Poggi, realizó nuevas operaciones con fines comerciales. La investigación, iniciada a fines de 2024 por la denuncia del mandatario tucumano, derivó en un allanamiento en el domicilio porteño de la artista, donde se secuestraron prendas, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.
La causa es instruida por el fiscal federal Agustín Chit y está radicada en el juzgado federal de Tucumán a cargo de José Manuel Díaz Vélez, aunque no se descarta un cambio de jurisdicción ante la denuncia presentada en Buenos Aires. La maniobra imputada a Olguín consistió en utilizar CUIT, nombres completos, DNI y domicilios fiscales de altos funcionarios para sortear el límite de cinco envíos anuales de hasta US$5000 dispuesto por la Aduana. Las compras se realizaban a través del régimen simplificado de Courier, que tiene controles menos exigentes que el canal formal de importación.
El primer indicio surgió cuando Jaldo, gobernador de Tucumán, recibió un correo electrónico de una empresa internacional confirmando una operación a su nombre que no había realizado. Al advertir la irregularidad, el mandatario presentó una denuncia ante la Justicia Federal tucumana, lo que activó una pesquisa que terminó involucrando a otras cuatro jurisdicciones. Al poco tiempo se sumaron los gobernadores de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, cuyos datos personales también habrían sido utilizados en operaciones similares.
Según determinaron los peritos, las compras estaban orientadas a productos textiles de alto valor comercial, que luego eran revendidos por Olguín en una tienda online sin habilitación formal. El domicilio desde donde se coordinaban los envíos está ubicado en el barrio porteño de Núñez, donde la artista reside. Desde esa locación, las prendas eran despachadas principalmente a clientes de Santiago del Estero, Córdoba y otras provincias.
En su primera declaración, Olguín itió que superó su límite de compras, pero argumentó que los datos que utilizó estaban disponibles públicamente en Internet. El fiscal Chit consideró que existen elementos suficientes para sostener que la cantante actuó con conocimiento y voluntad de defraudar, motivo por el cual fue imputada por el delito de contrabando simulado.
El operativo se llevó a cabo tras la autorización del juez federal Díaz Vélez y fue ejecutado por personal de Gendarmería Nacional en el edificio donde vive la artista. Allí se encontraron numerosas bolsas con ropa, documentación y dispositivos tecnológicos que ahora forman parte del expediente judicial.
Entre los elementos hallados también había sobres con anotaciones que contenían combinaciones de nombres, CUIT y domicilios, lo que refuerza la sospecha de que la maniobra no se limitó a un solo caso. Las autoridades judiciales no descartan que existan otras personas afectadas por el mismo mecanismo, y que los gobernadores identificados hasta ahora no sean los únicos cuyos datos fueron utilizados sin consentimiento.
Por el momento, Olguín no fue detenida, aunque se encuentra formalmente imputada y su situación procesal dependerá del avance de las medidas dispuestas por el juzgado federal. Desde el entorno de la artista no hubo declaraciones públicas. Tampoco se informó aún si se presentará un pedido de eximición de prisión o si se propondrá una estrategia para morigerar la imputación.
En paralelo, la Justicia evalúa si corresponde continuar con la instrucción en Tucumán o trasladar el expediente a los tribunales federales bonaerenses, dado que el domicilio operativo de Olguín está en la ciudad de Buenos Aires. La definición de la competencia podría modificar el ritmo del proceso, ya que implica el traspaso de pruebas y actuaciones entre juzgados de distintas jurisdicciones.
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