Una grave denuncia de los fiscales contra un juez federal, perdida en un laberinto de impugnaciones

La justicia federal de Lomas de Zamora es una olla a presión hirviendo. Dos fiscales federales denunciaron que el juez federal Federico Villena se adjudicó al menos cinco causas de alto contenido patrimonial que no le correspondían, en una supuesta maniobra de forum shopping para favorecer a una de las partes. Lo acusa de prevaricato.

A pesar de que pasaron cinco meses de esa denuncia, la causa no avanzó por falta de juez y porque se sumergió en un laberinto de impugnaciones judiciales que realizó Villena, al punto que recusó en pleno a toda la Cámara Federal de La Plata.

La fiscal que hizo la denuncia es Cecilia Incardona, que puntualizó al menos cinco casos donde el juez Villena tomó decisiones que en algunos casos fueron anuladas por la Cámara Federal de La Plata o se arrogó una competencia que luego le quitó la Cámara Federal de Casación. El otro fiscal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, también impulsó las causas contra el juez.

Esa causa está a cargo por ahora del juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla, donde Villena planteó la nulidad del expediente. El juez la rechazó pero pidió informes a la Cámara sobre cómo lo designaron y le dijeron que no fue por sorteo.

El juez Villena dijo a LA NACION, indignado, que “todo se trata de una persecución” en su contra y responsabilizó a la fiscal Incardona, a su colega Mola, al fiscal de Cámara Diego Iglesias y al juez de la Cámara Federal de La Plata Roberto Lemos Arias.

“La persecución radica en que no me acomodo a lo que quieren que yo haga. Son una mafia de la que yo no soy parte, no hago lo que ellos me piden”, dijo el juez Villena

El magistrado enfrenta por estas circunstancias denuncias en el Consejo de la Magistratura. Dijo Villena que siempre dictó fallos según la ley, que “la Cámara tiene atrasos” y los fiscales no reclaman.

“Los jueces les tienen miedo, pero yo no les tengo miedo y los enfrento, aunque hagan lo posible para sacarme”, dijo Villena.

La causa más importante que dio inicio a todo es una investigación originada a partir de una denuncia de Diego Peisaovich, abogado del sindicalista José Antonio Voytenco, secretario general del sindicato de trabajadores rurales (Uatre).

Voytenco era investigado por supuesta istración infiel del sindicato, de su obra social Osprera y del Registro Nacional de Trabajadores Rurales (Renatre). La denuncia decía que cobraban retornos de los contratos con El Surco Seguros, Taquión y con Reservín Patagonia SRL.

Villena dijo que era competente porque Voytenco se estaba construyendo una lujosa casa en un country en Cañuelas, jurisdicción de su tribunal.

Sin embargo, la fiscal Incardona sostenía que era incompetente porque todo había ocurrido en la ciudad de Buenos Aires: allí tenían sede las empresas.

Después de una larga pelea, la Cámara de Casación le dio la razón a Incardona y dijo que la justicia federal de Comodoro Py es la competente.

Pero el abogado de Voytenco denunció que Villena quiso quedarse con el caso. La Cámara de La Plata le dio vista al fiscal Iglesias, que impulsó la acción y arrancó una investigación con la fiscal Incardona, que denunció forum shopping. Villena intervino la obra social, lo que fue protestado por la fiscal que, además, dijo que le otorgó el carácter de querellante a quienes no les correspondía.

“Por animarme a investigar a un sindicalista muy sucio terminé siendo perseguido por un sistema corrupto”, dijo Villena, que perdió el caso.

La segunda causa que forma parte de esta denuncia es aquella en que la Villena, como juez suplente del juzgado federal 2 de La Plata, levantó la feria judicial para devolverle casi 450.000 dólares a Karina Moyano, hija del líder de los camioneros Hugo Moyano, cuando fue allanada su casa en la avenida Inclán. Villena la sobreseyó.

Karina Moyano terminó envuelta en una investigación penal sobre una red de narcotráfico porque en el documento de identidad de una mujer detenida e indagada en esa causa, Macarena Acevey, figuraba su domicilio en la calle Inclán al 3700, de la ciudad de Buenos Aires.

Entonces a cargo de esa investigación, Villena ordenó allanar ese domicilio, donde se determinó que allí residía el padre de Acevey y quien por entonces era su pareja, Karina Moyano, y donde se encontraron US$436.670 y $600.000 –equivalentes a unos US$15.000 al tipo de cambio del momento–. En las semanas que siguieron, Karina Moyano intentó recuperar ese dinero y Villena se lo devolvió cuando no era el juez titular de la causa, que estaba delegada en la fiscalía.

La denuncia dice que habilitó la feria judicial de enero, fabricó un expediente digital para sobreseer a Karina Moyano e hizo la restitución del dinero, ya que no contaba con el expediente de papel. La Cámara anuló todo lo decidido por Villena.

Otro asunto en el que Villena dijo que era competente se trata de una denuncia de Rubén Ippolito, de Bronway Techonology. Ippolito es el otro “Señor del Tabaco”, como se conoce a Pablo Otero, de tabacalera Sarandí.

Ippolito se presentó en 2023 con un hábeas corpus en lo de Villena diciendo que lo seguían con un Volkswagen Bora y que estaban merodeando su fábrica de cigarrillos en Rosario. Identificó al auto como de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a quienes lo perseguían como del Ministerio de Seguridad y domiciliados en Lomas de Zamora. Dijo que lo volvieron a seguir cuando iba a al aeropuerto de Ezeiza.

Los fiscales dijeron que no había delito en la conducta, que era ajena a la jurisdicción, pero Villena le reconoció a Ippolito el rol de querellante y avanzó. El caso llegó a la Cámara Federal de La Plata, donde la Sala III resolvió el 16 de febrero de 2024 la incompetencia material y territorial, y mando el caso a Rosario.

La otra causa que enfrentó a Villena con la fiscal Incardona fue aquella contra “el croata” Ivo Rojnica, señalado por el gobierno de Alberto Fernández como el cambista que provocaba el aumento del dólar blue. Lo metieron preso, pero luego anularon todo el procedimiento.

En esa causa se investigó durante cinco años a una financiera de capital con oficinas en San Isidro, que se dedicaba al lavado de dinero y la intermediación financiera.

La fiscalía pidió dar de baja las escuchas y rechazar la competencia, porque era un caso de otra jurisdicción. El juez Villena no resolvió, pero en paralelo la causa ya se investigaba en Comodoro Py 2002, desde 2023. “Ivo Esteban Rojnica s/ 303 del ”, era la caratula.

Villena se quedó con el caso, detuvo a Rojnica y a otras cuatro personas, allanó 21 domicilios, dispuso secuestrar gran cantidad de dinero y ordenó el secreto del sumario. La fiscal apeló la decisión de quedarse con el caso y la Cámara federal no llegó a resolver porque el propio Villena declinó la competencia hacia Comodoro Py 2002, dos semanas después de decidir lo contrario.

Cuando el caso llegó a la Cámara Federal de Comodoro Py 2002, anuló todo, liberó a todos y les devolvió la plata.

El quinto caso por el que fue denunciado el juez se refiere al secuestro de un celular a un preso por una instrucción que dio al Servicio Penitenciario de formar causa penal contra cada recluso que tuviera un teléfono. La fiscal Incardona dijo que era una manera de arrogarse jurisdicción en esos casos, sin tenerla.

Finalmente, se le cuestionó querer quedarse con la causa donde está investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, desde que se fue de viaje a Marbella con Sofía Clerici.

Villena recibió una denuncia de un abogado particular en su juzgado un sábado a las diez de la noche, último día de su turno, el 30 de septiembre de 2023.

La fiscal Incardona pidió investigar si hubo un intento de quedarse irregularmente con esa causa. Finalmente, el expediente tramitó en el otro juzgado federal de Lomas de Zamora, vacante y actualmente a cargo como subrogante del juez Luis Armella.

Por Hernán Cappiello

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