Volvieron a inhibir a Alberto Fernández y a otras 51 personas en la causa de los seguros
El juez Casanello ordenó reimponer la medida que había sido revocada por la Cámara de Casación el año pasado; la lista completa de los afectados por decisión del magistrado
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LA NACIONCamila Dolabjian
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, ahora a cargo del juez Sebastián Casanello, ordenó reimponer una inhibición general de bienes sobre 51 personas físicas y jurídicas, en el marco de la causa de los seguros que investiga delitos vinculados a la contratación irregular por parte de organismos del Estado nacional durante el gobierno de Alberto Fernández.
La inhibición ya se había impuesto hace exactamente un año (9 de abril de 2024) y fue posteriormente revocada por la Cámara de Apelaciones. En ese entonces, la causa la llevaba adelante el juez Julián Ercolini.
Los imputados y alcanzados por esta decisión son Alberto Ángel Fernández, Héctor Horacio Martínez Sosa, María Marta Cantero, Alberto Carlos Pagliano, Sebastián Díaz Bancalari, Gustavo Carlos García Argibay, Federico Alejandro D’Angelo Campos, Juan Santiago Fraschina, Andrés Severino, Carlos Alberto Soria, Fernando Andrés Arana, Mauro Damián Tanos, Pablo Andrés Torres García, Oscar Alberto Castello, Ernesto Mercuri, Luciano Torre Arregui, Osvaldo Alfredo Tórtora, Hernán Alejandro Berretta, Diego Carlos Marin, Ricardo Mauricio Clement, Héctor Basilio Villaverde, Emanuel Raúl Andrés Calvo, Laura Elena Crisafulli, Norberto Matías Garrido, Javier Marcelo Rodríguez Gómez, Fernando Carlos Salim, Agustín Beraldi, Diego Nicolás Rosendi, Lucas Pablo Rosendi, Sebastián Ignacio Rosendi, Alfredo Fernando Del Corro, Hernán Marcos Bressi, Brian Kelly, María Victoria Bisogni, Damián Gosso, Carlos Alberto Suárez, Mariana Lourdes Trupia, Alejandro Daniel Celes y Déborah Toloza.
En cuanto a las personas jurídicas, fueron alcanzadas por la medida las siguientes entidades: Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A., TG Broker S.A., Bachellier S.A., BRI Brokers S.A., Castello Mercuri S.A., Levelar S.A., París Broker de Seguros S.A., San German Seguros S.A., San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A., Service Risk S.A., 7 de Mayo Cooperativa de Trabajo Limitada y Cooperativa de Trabajo Irigoin Limitada.
El juez fundamentó su decisión en que, pasado un año desde aquella medida, “la investigación ha registrado notorios avances”.
Así, el magistrado se refirió a tres grupos delimitados de brokers involucrados en las maniobras de potencial direccionamiento. El primero, comandado por Martínez Sosa, “quien habría ejercido su influencia a partir de su amistad con el presidente Alberto Ángel Fernández, y también por intermedio de su pareja María Marta Cantero, designada como secretaria presidencial”.
En el entorno de Martínez Sosa aparecen “Bachellier S.A.” (presidida por Osvaldo Alfredo Tórtora), “Bri Brokers S.A.” (presidida por Agustín Beraldi) y “Levelar S.A.” (presidida por Diego Carlos Marin), y los productores asesores Emanuel Raúl Andrés Calvo, Laura Elena Crisafulli, Norberto Matías Garrido y Fernando Carlos Salim.
Un segundo grupo, liderado por Pablo Torres García incluye a las empresas “TG Broker S.A.”, “París Broker de Seguros S.A.” (presidida por Ricardo Mauricio Clement) y “San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A.” (presidida por Brian Kelly).
El tercero se conformó alrededor de Oscar Alberto Castello, con su firma “Castello Mercuri S.A.”, la empresa “Service Risk S.A.” (presidida por Hernán Alejandro Berretta) y el productor asesor Javier Marcelo Rodríguez Gómez.
Además, la investigación arrojó la aparición de una trama secundaria en la que el principal involucrado es Mauro Tanos, exfuncionario de Nación Seguros. La prueba también apunta a la utilización de cooperativas para, presumiblemente, desviar fondos ilícitamente obtenidos mediante facturaciones simuladas.
“En base al análisis de la documentación secuestrada por el tribunal, los informes aportados a lo largo de la investigación y en especial, el procedimiento llevado a cabo en la sede de la firma “San Ignacio Sociedad de Productores y Asesores de Seguros S.A.”, se robusteció la hipótesis de imputación, caracterizada por la presencia de profundos conflictos de interés en las más altas esferas de la istración.
También afloró un presunto esquema de corrupción con la utilización de una serie de cooperativas, entre ellas, las denominadas “7 de Mayo Cooperativa de Trabajo Ltda.” y “Cooperativa de Trabajo Irigoin Ltda.“, destacó Casanello.
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