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Vuelven a rechazar la inmediata detención de Cristina Kirchner y ordenan inspeccionar su departamento para una eventual prisión domiciliaria
El tribunal que la condenó se opuso a una nueva petición de los fiscales; mandan a actualizar el monto del decomiso
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LA NACIONHernán Cappiello
El tribunal oral federal que condenó a Cristina Kirchner volvió a rechazar el pedido de inmediata detención de la expresidenta que presentaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
Los jueces ratificaron que tienen plazo hasta el jueves a primera hora de la mañana para entregarse.
La decisión fue tomada por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, ante un pedido contra el fallo que ya, el martes pasado, había rechazado la detención inmediata de Cristina Kirchner.
La pulseada entre el tribunal y los fiscales se da en momentos en que los funcionarios deben responder a más tardar el martes próximo si consienten o no los pedidos de prisión domiciliaria que presentaron la expresidenta Cristina Kirchner, Nelson Periotti, Raúl Pavesi y José López, todos condenados por la maniobra de corrupción de la causa Vialidad.
El tribunal en pleno rechazó el pedido presentado por el fiscal contra el decreto del juez Jorge Gorini que dispuso el plazo común de cinco días hábiles para que todos los condenados, sin excepción, se presenten para quedar detenidos.
Asimismo, los jueces le enviaron un oficio a la Comisaría 1ª de la Policía de la Ciudad que está en el mismo edificio de Comodoro Py 2002, para que los asistan en la detención de los condenados cuando se presenten.
Los jueces le informaron además a ANSES las condenas firmes recaídas respecto de Lázaro Antonio Báez, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, Mauricio Collareda, José Raúl Santibañez y Raúl Osvaldo Daruich. Ese mecanismo apunta a anular los beneficios previsionales.
Además, y adelantándose a lo que puede ocurrir con el lugar de una eventual detención domiciliaria de Cristina Kirchner, en su departamento de San José 1111, en Constitución, donde vive su hija Florencia Kirchner, encargaron ampliar el estudio sobre el área.
Por eso, ahora pidieron un informe socio ambiental a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. El estudio apunta a tener una descripción de las inmediaciones y del barrio en general.
Los jueces quieren conocer la actividad vehicular y peatonal de la zona; las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato relevante para valorar si es posible cumplir allí el arresto domiciliario y su impacto en el área.
El tribunal tiene la facultad de pedir a la condenada otro lugar de detención, si es que este no se acomoda a las necesidades de seguridad o impide la tranquilidad de los vecinos o el tránsito en la zona.
La defensa de la exmandataria a cargo de Albeto Beraldi esgrimió dos razones para pedir la detención domiciliaria: su calidad de expresidenta, por lo que requiere seguridad, sobre todo dado su intento de homicidio en 2022, y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria”, dijo Beraldi en su escrito.
La defensa argumentó: “Su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”.
El tribunal oral dispuso además ampliar el informe socio ambiental sobre las personas y domicilios propuestos por el exdirector de Vialdiad Nacional, Nelson Periotti, el exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz, Raúl Pavesi y el exsecretario de Obra Pública, José López, condenado además por ennriquecimiento ilícito, por los bolsos que con 9 millones de dólares.
Los jueces Gorini, Gimenez Uriburu y Basso encomendaron además al Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que actualicen el monto del decomiso, que en la sentencia de 2022 había sido fijado en $86.085.463.548,25
Por Hernán Cappiello
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